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LAS AGUAS NEGRAS DE “KIKO” VEGA EN BAJA CALIFORNIA
El Gobernador que negoció la escasez

El exgobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid simuló un grave desabasto de agua para justificar la creación de dos plantas desaladoras con un costo de 57 mil millones de pesos con cargo al erario, bajo el manto de una compleja red de familiares, amigos y socios, cuyo negocio final es la venta de agua a Estados Unidos.
 
Por Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz
 
La construcción de la planta desaladora más grande de América Latina, proyecto insignia del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se encuentra envuelta en una red de corrupción que dejará embargada a la entidad durante los próximos 37 años y donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.
 
Baja California se encuentra ubicada en el noroeste de México, con una población estimada de 3.7 millones de personas.  
 
Su clima semiárido y la escasez de lluvias han puesto en alerta a las autoridades, dado que la principal fuente de abasto es el Río Colorado, de dónde se obtienen mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año, 728 millones más de lo que recibe la Ciudad de México a través del Sistema Cutzamala.


 
A lo largo del sexenio las autoridades del Gobierno Estatal insistieron en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, una de ellas la desalinización, para lo cual utilizaron información sesgada que les permitiera justificar la construcción de dos plantas desaladoras en la zona costa de la entidad.
 
Es así que en 2015 fueron licitados los dos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), uno en el municipio de Playas de Rosarito; 22 kilómetros al sur de Tijuana, y uno más en la Bahía de San Quintín, municipio de Ensenada, 300 kilómetros al sur de la frontera con California.


 
En este caso, la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el proyecto a la sociedad mercantil denominada “Desaladora Kenton S.A. de C.V.”, sin embargo, se firmó el contrato hasta el 20 de enero del 2016.
 

 
El fallo de la misma se dio el 15 de junio del 2016 a favor de la sociedad mercantil denominada “Aguas de Rosarito Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” para la construcción de la desaladora de Aguas de Rosarito, con la que firmó un contrato el 22 de agosto del mismo año, en el cual  la empresa tendrá que invertir más de 9 mil millones pesos.
 
En esta última se encuentran involucradas dos empresas transnacionales, una de ellas la estadounidense Consolidated Water, cuya sede se encuentra en Islas Caimán, así como la francesa SUEZ Environnement, las cuales tienen por objetivo vender agua a los Estados Unidos.
 
En ambos casos, el Gobierno de Baja California se convirtió en deudor solidario de los desarrolladores, asumiendo todo el riesgo financiero y las pérdidas que pudieran ocasionar los proyectos, además de permitirles solicitar líneas de crédito sin tener que invertir recursos propios, todo a costa del erario.

Escucha las voces de la historia en nuestro podcast:


Conoce la historia completa en 6 capítulos:

Capítulo VI    Plantas contaminadoras


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