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MAQUILLAN CIFRAS Y VIOLAN LA LEY
CAPÍTULO III

En entrevista para este medio, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

“Nos fuimos a una licitación internacional para ver quién salía con el proyecto, y se hizo pública, hasta hubo notario y muchas cosas, y lo más importante, compitieron varias compañías a nivel internacional. ¿Cuántas de ellas se inconformaron? Ninguna, ese es el mejor ejemplo de la transparencia y decencia con las que se han hecho las cosas”, expuso Vega de Lamadrid.

Tras revisar los procesos de licitación se pudo constatar una serie de simulaciones, por ejemplo, en la licitación de la desaladora de San Quintín solamente Kenton presentó propuesta, convirtiéndose en la empresa ganadora por default.



En el caso de Rosarito, además de la ganadora se presentaron dos propuestas más, que si bien no obtuvieron el fallo a favor, estas empresas finalmente fueron beneficiadas con uno de los 11 proyectos de obra lanzados por el gobierno estatal.

Una de ellas fue Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (URBACA), la cual fue acusada de ser la empresa de cabecera de Francisco Vega de Lamadrid, y que obtuvo la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para la Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritario en Mexicali.

La tercera empresa que participó y dio “validez” a la licitación es Hydrochem PTE. LTD. en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas últimas ganadoras de la licitación SIDUE-PGJE-APP-2016-002 relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento de un edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Entre los observadores de la licitación se encontraban Héctor Peterson Villalobos y Armando Aranda Miranda, ambos en representación de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  El primero, socio de la desaladora Kenton y el segundo hermano de Jorge Aranda Miranda, Sub Secretario de Gobierno en la administración del panista José Guadalupe Osuna Millán.



Pese a dichas irregularidades y la ausencia de un testigo social, ninguna de las empresas impugnó el fallo de la CEA.

La farsa legislativa

Aprovechando su mayoría, Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y aliados en el Congreso del Estado aprobaron el 20 de diciembre del 2016 dictamen 48 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la creación de la Ley de Agua para el Estado de Baja California.

Diputados de oposición denunciaron que la nueva ley buscaba la privatización del agua, por lo que de inmediato intentaron bloquear la propuesta que fue presentada apenas unos minutos antes de la sesión.

“La ley lo que permitía inconstitucionalmente era que el agua marina al pasar por el proceso de desalinización pudiera ser propiedad del Estado”, afirmó el diputado local Luis Moreno.

En esa misma sesión, los legisladores circularan un nuevo documento que pasó inadvertido; se trataba de la aprobación de 11 proyectos de Asociación Público Privado con lo cual se endeudaba a la entidad hasta el año 2057.

Esto generó una serie de protestas que culminaron con la abrogación de la ley el 17 de enero del 2017, sin embargo, el daño ya estaba hecho, ya que los contratos de APP fueron aprobados bajo la Ley de Agua; con ello concluía el proceso sin importar que días después fuera abrogada.

La depreciación del peso frente al dólar puso en jaque financiero a los proyectos de desaladora debido a la alza en los insumos, por lo que el Ejecutivo presentó una modificación al dictamen 95, la cual fue aprobada mediante un “madruguete” denunciado por legisladores de oposición, quienes señalaron haber sido notificados 15 minutos antes.

El dictamen ampliaba las garantías, comprometía la totalidad de ingresos de los organismos operadores del agua y creaba un fideicomiso que otorgaba a los desarrolladores un aumento del 300 por ciento en las garantías.

Adicionalmente el Gobierno del Estado se convertía en “Deudor Solidario” por lo que permitía garantizar a las empresas la totalidad de la recaudación de ingresos provenientes del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) y su sobretasa anual.

Desabasto inducido y falta de mantenimiento

Líderes de la agrupación Artículo 39 PRO BC señalaron que funcionarios estatales presentaron información falsa a los legisladores para justificar las obras, lo cual denunciaron ante la procuraduría estatal sin que su queja fuera atendida. 

Armando Salinas, miembro de esta agrupación, dijo que de mayo a octubre el acueducto que transporta el agua de Mexicali a zona costa funciona a su mínima capacidad con la justificación de un ahorro de energía, lo que se traduce en una reducción de 40 millones de metros cúbicos, que representa el 28 por ciento del agua que necesitó Tijuana y Playas de Rosarito en 2017 según datos de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA).


“Es el Gobierno del Estado el que ha generado un desabasto de agua para poder llevar a cabo el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito”, indicó Salinas.

Las cifras no coinciden; mientras que la Comisión Estatal del Agua reportó en una solicitud de transparencia que en 2018 entregaron 151 millones de metros cúbicos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) mediante el acueducto, la paraestatal responde en otra solicitud de transparencia que únicamente recibieron 145 millones de metros cúbicos, lo que representa un faltante de 6 millones, casi el agua que utiliza cada año el municipio de Tecate.




Un estudio realizado por el equipo de transición del gobierno de Jaime Bonilla Valdez entregado el 18 de septiembre del 2019 por el ahora titular de la CESPT, Rigoberto Laborín, dio cuenta de los malos manejos con que han operado el organismo.

El documento señala que “No pasa por alto el prolongado abandono en obras y mantenimiento del Acueducto Río Colorado-Mexicali-Tijuana, e infraestructura hidráulico-sanitaria, así como a las plantas de tratamiento”, advirtió Laborín Valdez.

Esta postura coincide con lo planteado por el Director del Organismo de Cuenca de la CONAGUA en el Estado, Rafael Sanz Ramos, quien descartó que exista desabasto de agua, ya que la entidad lleva años recibiendo la misma cantidad del Río Colorado.

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