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AMIGOS Y POLÍTICOS LOS BENEFICIADOS
CAPÍTULO II

La empresa Aguas de Rosarito se conformó el 17 de agosto del 2016 con un capital de apenas 100 mil pesos, según el RegistroPúblico del Comercio, y tan solo un mes después de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Baja California emitiera el fallo a favor del consorcio ganador, el cual es conformado por tres empresas, NSC Agua (México), Degremont (Francia) y Nuwater (Sudáfrica).


 
La principal irregularidad en este consorcio se encuentra en la empresa NSC Agua, la cual fue constituida en 2009 por el estadounidense Gough W. Thompson, un veterano de guerra que se asoció con el empresario mexicano Alejandro de la Vega Valladolid.

De la Vega Valladolid fue socio del polémico empresario del grupo político de Atlacomulco Jorge Hank Rhon, y primo del exsecretario de Planeación y Finanzas en Baja California, Antonio Valladolid Rodríguez, autor intelectual de las desaladoras.


 
Ante la falta de recursos, ambos empresarios se asociaron con la transnacional Consolidated Water (CW), representada por Frederick W. McTaggart, CEO y Presidente de la compañía con sede en Islas Caimán, dando paso a NSC Agua.

Aún sin la existencia de una ley estatal que permitiera la creación de desaladoras, y sin una licitación pública, De la Vega y asociados gastaron alrededor de 20 millones de dólares en la compra de dos terrenos para la construcción de la planta, uno en 2013 y otro más en 2014.
 
Por otro lado se encuentra Nuwater, una empresa originaria de Sudáfrica asociada con mexicanos y  constituida el 22 de diciembre del 2014 en San Pedro Garza García, Nuevo León, con un capital social mínimo de 50 mil pesos, según lo demuestra el documento número 5002Z del Registro Público del Comercio del Estado de Nuevo León.
 
Entre los socios de Nuwater se encuentra Lautaro Manuel Millaman-Teruel, quien fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2010 y 2012 y asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2012 y 2014. Justamente en 2014 fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública tras ocultar su declaración patrimonial.
 
La tercera empresa que conforma el consorcio es Degremont, filial de la francesa SUEZ Environnement, señalada por impulsar proyectos de privatización de agua en distintas partes del mundo, dirigida por Larry Fink, empresario que, en su momento, alabó las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Actualmente, Aguas de Rosarito es dirigida por Milton Adán Rubio Díaz, un viejo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) originario de Mexicali, quien fuera candidato a Diputado Federal en 2006 y cercano al grupo político de Jorge Hank Rhon.
 
Entrevistado sobre el proyecto, Rubio Díaz señaló que la planta desaladora lleva 12 años realizándose, y si bien reconoció ser amigo de Jorge Hank, negó que existan manos políticas en el mismo, por lo tanto no hay beneficio para ningún funcionario, ni “amiguismos”.

Desaladora Kenton, la herencia panista
 
La Desaladora Kenton S.A. de C.V. fue constituida formalmente el 17 de diciembre del 2015; tan solo tres meses después de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el fallo a su favor, con un capital de únicamente 100 mil pesos, según confirman documentos del Registro Público de Comercio.
 
La empresa surgió de la función de 3 empresas, RWL Desal Holding, de origen estadounidense; así como de Libra Ingenieros Civiles y R.J. Ingeniería, ambas mexicanas.


 
Libra Ingenieros Civiles cuenta con el 36.75 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, fue constituida en noviembre del 1995 con un capital de 50 mil pesos y fundada por Marco Antonio Tapia Grijalva y Héctor Isidro Peterson Villalobos, este último miembro del Consejo de Administración de la desaladora.
 
Héctor Isidro Peterson Villalobos es primo de Carlos Loyola Peterson, quien durante el periodo de Fancisco Vega de Lamadrid fungía como Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) organismo responsable de comprar el agua a la desaladora Kenton por los próximos 30 años, lo que, de entrada, significaría un grave conflicto de interés.
 
Si bien Carlos Loyola Peterson no participó en el proceso de licitación de la desaladora en 2018, como Director de la CESPE formó parte del proceso de contratación de un crédito a cuenta corriente por 33 millones de pesos con BANOBRAS, para cubrir cualquier faltante de liquidez en el pago a la empresa en la que se benefició su primo.
 
Además de ser primos, tanto Héctor como Carlos son socios de la empresa Hydro Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., la cual forma parte del padrón de proveedores del Gobierno de Baja California.
 
La relación entre el Gobierno del Estado y la familia Peterson Villalobos nuevamente quedó al descubierto cuando el hijo de Héctor; Erick Alfonso Peterson Chinolla, pasó de ser asesor de Libra Ingenieros Civiles a funcionario estatal tras ser nombrado Director de Acuacultura de la Secretaría de Pesca (SEPESCA) en marzo del 2017.


 
Los Rincón Vargas con historial negro en Baja California
 
R.J. Ingeniería representa el 12.25 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, y en ella se encuentra como socio Jesús Octavio Rincón Vargas, hermano de la expresidenta municipal panista de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas.
 
Mirna Rincón Vargas fue encontrada responsable por transferir, sin autorización, 10 millones de pesos del Seguro Popular a la asociación civil que conforma el Hospital de Salud Mental de Tijuana, donde su hermano Jesús Octavio fungía como Tesorero en 2013, lo cual detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante una observación, pero la sanción de la Contraloría del Estado quedó en una simple amonestación pública.
 
Kenton fue licitada en 2015, tiempo en el que Mirna Rincón Vargas ocupó el cargo de Directora de Enlace y Seguimiento de la Secretaría General de Gobierno en Baja California, mientras su hermano obtenía el proyecto de la desaladora.
 
Pese a los intentos de contar con una postura tanto de Mirna Rincón Vargas, como de Carlos Loyola Peterson, ambos hicieron caso omiso a la solicitud de este medio, por lo que no pudieron dar un posicionamiento.


 
Leyes débiles
 
Según el Artículo Tercero, Fracción Sexta de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, los servidores públicos se encuentran obligados a presentar declaración de intereses, y en caso de existir un posible conflicto deberán hacerlo público y excusarse, lo cual no ocurrió en los casos de Antonio Valladolid Rodríguez y Carlos Loyola Peterson, quienes participaron beneficiando a sus familiares en los procesos de licitación.
 
Por otra parte, el Código Penal para el Estado de Baja California establece en el Título Segundo relativo a los Delitos por Hechos de Corrupción, una serie de situaciones en las que podrían incurrir los funcionarios, tales como abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias.
 
Por ejemplo, el Capítulo Décimo señala que un servidor público hace uso ilícito de atribuciones y facultades cuando otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos de forma ilícita; sin embargo, la ley es tan ambigua que no permite encuadrar estos supuestos de una manera sencilla.

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