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Reportaje “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez se ha mostrado muy flexible para en cuanto a sancionar a sus propios empleados y benévolo con servidores públicos afines a él, sin embargo, a sus enemigos les aplica todo el aparato político, para ellos la ley, ante el nuevo escándalo que protagonizó Fisamex, Bonilla flexibilizó la verdad para defenderlo.

Por Cristian Torres Cruz

Para el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez le queda el dicho popular “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, y es que desde el inicio de su polémica administración se han presentado una serie de irregularidades que son perdonadas por el mandatario como si fuera el más benévolo de los padres, sin embargo, a sus enemigos les aplica todas las herramientas con las que cuenta el Estado de Derecho”.

Y que es que el último incidente en donde se vio involucrado Manuel García Soto, Director General de Fisamex, la empresa encargada de sancionar y cobrar más de mil millones de pesos por diversos conceptos relacionados con el cobro del agua, fue expuesto en un video difundido en redes sociales inhalando supuestamente cocaína por lo que Bonilla solo se conmovió por el problema de salud de su asesor externo en el tema del agua.

Mediante un correo electrónico, el video titulado “informe semanal de la corrupción sistemática en el manejo del agua” fue enviado a una gran cantidad de medios de comunicación, buscando hacer mella en uno de los puntos clave para el gobierno del Bonilla.

Para el ex presidente del Distrito de Riego de Otay, el tema del agua no le era ajeno por lo que inició una agresiva estrategia de cobros de agua a distintas empresas que se encontraban de manera irregular instaladas en Baja California.

Para ello contrató mediante adquisición directa a la empresa Fisamex, encargada de realizar auditorías a las más grandes cuentas de adeudo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) otorgándoles una comisión del 20 por ciento más IVA de todo lo recuperado, estamos hablando que hasta el momento la empresa debió recibir cerca de 200 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.

Sin embargo, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que Manuel García Soto solo era un representante de la empresa, una empresa seria y constituida por Sociedad Anónima de Capital Variable y que él solo era la cara visible ya que lo había invitado a participar en las charlas en Facebook por lo que era visible ante los medios.

Lo que el servidor público olvidó comentar es que García Soto es dueño  de la empresa ya que posee el 70 por ciento de las acciones, lo que lo convierte en el socio mayoritario, según datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en poder de este medio por lo que mantiene el control comercial, el otro socio es María del Rosario Valenzuela Navarro quien apenas cuenta con el 30 por ciento.


De igual manera, el gobernador intentó justificar la contratación irregular de la empresa al señalar que tenía años trabajando con la CESPT, desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid y que debido a que le quedaron a deber fue que se decidió renovarle el contrato.

 La empresa Fisamex fue constituida apenas el 26 de octubre del 2018 en Hermosillo Sonora, en los próximos días apenas cumplirá los dos años de existencia, incluso en su acta constitutiva afirma tener como objetivo la fiscalización, regulación y administración de usuarios de organismos de agua pero también la compraventa de todo tipo de materiales.

Además de la construcción de inmuebles, desarrollos habitacionales, fabricación y venta de materias primas, elaboración de estudios, obtención de concesiones, compraventa de terrenos, actividades que van desde agricultura pasando por turísticas y hasta emisión de títulos de créditos por mencionar solo algunas de sus 28 objetivos.

Según el contrato entre la empresa y la CESPT firmado por Rigoberto Laborin Valdez, Antonio Morales Carrera Jefe del departamento de Bienes y Servicios, José Rodrigo Cebreros Castro como titular de la Unidad Jurídica, Manuel García Soto era el representante legal de la empresa.

Pese a que al momento de firmar el documento el 28 de febrero del 2020, en el punto II.5, la empresa afirmaba tener el conocimiento y la experiencia profesional, así como el equipo profesional para proporcionar a la CESPT  los servicios requeridos, Fisamex apenas tenía 14 meses de existencia.

Además de que debía contar con el equipo profesional suficiente para cumplir con el contrato, sin embargo, la empresa fue constituida por apenas un capital de 50 mil pesos.


El beso en la frente

 El gobernador Jaime Bonilla Valdez, advirtió que seguirá trabajando con Fisamex para cobrar los adeudos de agua y otros conceptos a los empresarios “aguachicoleros”, que por años han evadido esta responsabilidad y no se doblegará ante ninguna circunstancia o presiones con tintes de chantaje en medios “sincronizados”.

Así lo planteó en su charla diaria por Facebook, al abordar el tema del video  difundido en redes sociales en el que se observa al Ingeniero Manuel García Soto, supuestamente consumiendo cocaína.

“Se equivocan quienes pensaron que al desacreditarlo, lograrían frenar las auditorias y los dictámenes de Fisamex, que han permitido a este gobierno atacar de fondo la corrupción incubada por anteriores mandatarios, como ya se los he dicho alto y quedito, y lo vamos a seguir haciendo, no nos doblegamos a los chantajes de este tipo”, dijo.

En un comunicado enviado por su oficina de prensa reiteró que la relación contractual del Gobierno del Estado es con la empresa auditora, no con el Ing. Manuel García Soto en lo personal, porque éste es solamente socio de la firma.

Enfatizó el gobernador Bonilla Valdez que este gobierno se caracteriza por ser transparente, y especificó que la empresa Fisamex -contratada para hacer las inspecciones a los grandes deudores- ya trabajaba en la CESPT desde el gobierno anterior, encabezado por el panista “Kiko” Vega, y cuando inició el actual gobierno se le renovó el contrato con un porcentaje menor de comisión, que representa el 30% de los montos que se logren cobrar.

“El ingeniero Manuel García tiene un problema de salud que muchos lo tienen, esos que ´tiran la piedra y esconden la mano´, es una situación que se tiene que resolver y lo vamos a ayudar, platicaremos con él para que se esclarezca el tema por su propia imagen... Esos videos (difundidos) son viejos, son sistematizados.. Nos mantendremos al margen pero le exigiremos a la empresa que siga cumpliendo, como lo ha hecho, no nos metemos en la vida privada de nadie”, puntualizó.

Por su parte el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, indicó que le solicitó a Manuel García que se hiciera una prueba  que pudiera presentar para demostrar que no se encuentra bajo influjo de estupefacientes.

El Dr. Pérez Rico presentó una hoja con los resultados de una prueba “antidoping” que García Soto se practicó el miércoles, pasadas las 9:00 am, que muestra que sale “negativo” a sustancias; al tiempo de subrayar: “Me interesa su salud, es una persona productiva, quiere iniciar un tratamiento ambulatorio y lo vamos a ayudar; el ingeniero está afligido por las imágenes porque se las mandaron a su familia”.

Lo quisieron extorsionar

Ante un medio de comunicación afín al gobernador Jaime Bonilla, Manuel García Soto  dijo que lo intentaron extorsionar por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado el pasado lunes 28 de septiembre.

Afirmó que desde julio pasado, los videos fueron enviados a sus familiares y finalmente fue hasta la actual semana que se hicieron públicos.

Flexible ante los amigos

El gobernador del Estado ha mantenido una política de tolerancia sumamente relajada ante sus funcionarios o servidores públicos a fines, muestra de ello fue la palmadita en la espalda al ex Oficial Mayor Jesús Núñez Camacho y a la Secretaría de Bienestar, Cynthia Gissel García a quienes inmediatamente por medio de su compadre, el Fiscal General Guillermo “Titi” Ruiz dio por terminada la investigación sobre los presuntos “moches” relacionado con proveedores.

Incluso a su Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano ni siquiera fue investigado en la misma trama pese a que fue involucrado al igual que los otros funcionarios.

De Igual manera guardó silencio cuando fue sorprendida la coordinadora de la Fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Monserrat Caballero bebiendo alcohol en horario de trabajo, en ese tenor perdonó al director de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Samaniego luego de salid en estado inconveniente en una entrevista pagada en Televisa.

Cuando fue sorprendido en un casino en San Diego en la parte más fuerte de la pandemia ni se despeinó por justificarse, igualmente hizo oídos sordos cuando al secretario de Salud lo acusaron de recibir supuestos sobornos cuando fue funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social.