Cargando...

Autorizan diputados a Bonilla venta de terrenos en Mexicali

En sesión extraordinaria virtual de Pleno, este viernes fue aprobado un dictamen de la Comisión de Hacienda que se refiere a una Iniciativa de decreto del gobierno del Estado para desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo, dos predios de Mexicali.

La diputada Julia González Quiroz, presidenta de la Comisión de Hacienda del congreso, indicó que el propósito de la medida es agilizar el pago de los adeudos históricos del Ejecutivo Estatal, evitar el incremento de intereses que éstos generen, y reducir los costos que implica desarrollar el procedimiento de licitación.

Con la aprobación de la iniciativa también se autoriza al gobierno morenista otorgar y firmar el instrumento traslativo de dominio correspondiente, siendo a cargo del o de los adquirentes todo y cualquier gasto que se origine por tal motivo.

La legisladora mencionó que se contempla además que, una vez solventadas las obligaciones de pago que se pretenden cubrir mediante dación en pago con los inmuebles el gobierno estatal deberá presentar al Congreso un informe sobre las obligaciones en específico fueron solventadas con la dación en pago de cada uno de los predios.

Julia González precisó que dichos predios son los identificados como lote 43 de la manzana 28 del fraccionamiento Mayakhan Residencial con superficie de 4 mil 710 metros cuadrados, y el lote 25 de la manzana 23 del fraccionamiento Residencial Verona con una superficie de 2 mil 966.30 metros cuadrados.
El gobernador Jaime Bonilla presentó el mes pasado un oficio SGG/BC/336/2020 firmado por el Secretario General de Gobierno, que incluyó la Adenda a la Iniciativa del referido Decreto.

El dictamen 104 fue aprobado por 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

González Quiroz indicó que de acuerdo a la Ley General de Bienes de Baja California, los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados o aprovechables se podrán enajenar, previo Decreto del Congreso del Estado, para disponer del importe de su enajenación para el pago de obligaciones contraídas por la administración pública estatal, cuyo incumplimiento pudiera provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario, debidamente justificados.

Asimismo, precisa que las obligaciones deben ser distintas a las contempladas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California.