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Pide Bonilla a legisladores 500 millones de pesos para discapacitados

Diputadas del Congreso de Baja California, encabezadas por la presidente de la Junta de Coordinación Política Montserrat Caballero Ramírez (quien fuera captada ingiriendo cerveza en una sesion virtual), recibieron de manos del gobernador Jaime Bonilla una iniciativa de decreto que adiciona las fracciones del 8 a 17 al Artículo Octavo de la Constitución Política del estado para elevar a rango constitucional diversos derechos como reivindicación social para personas con discapacidad.

El gobernador explicó que la iniciativa fue presentada ante el congreso porque ya comenzaron los trabajos preparativos para el Presupuesto de Egresos de 2021.

En una primera estimación, de aprobarse la iniciativa, tendrá un costo de 500 millones de pesos, lo que llevará a hacer reducciones presupuestales en otras áreas o reducir el aparato gubernamental.

Montserrat Caballero, quien tambien preside  la Comisión de Salud, expresó que este tipo de iniciativas ven por el bienestar de los bajacalifornianos para atender sus necesidades, no sólo en tiempos de pandemia.

“Que nos quede de experiencia el ver al futuro y priorizar las necesidades que tiene la población y en particular las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora.

La iniciativa, agregó, contempla temas desde atender el ocio de personas con discapacidad hasta si sufren un accidente en una zanja en la calle, quien será el responsable y también aquellas familias que carecen de la seguridad de poderse llevar el pan a la boca, porque el gobierno federal las considera hasta cierta edad.

Julia González Quiroz, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que esta iniciativa amplía los derechos que el estado le reconoce a los ciudadanos, por lo que esperan trabajar en conjunto para que más pronto sea una realidad la protección a un sector en desventaja.

La diputada Miriam Cano Núñez refirió que han habido personas personas que se le han acercado para alguna gestión relacionada con la discapacidad debido a que no reciben otro tipo de apoyo.

Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, destacó que ningún estado tiene un catálogo de derechos sociales como éste.