El gobierno de Nuevo León quiere crear más hospitales
psiquiátricos, sus críticos dicen que es mejor enfocar el problema en la
prevención y la integración comunitaria de los pacientes con un trastorno
mental. Los temas de este reportaje son sensibles pero necesarios para iniciar
un diálogo sobre la política pública en un estado con una tasa alta de
enfermedades mentales en su población
Video y Fotos: Daniel Becerril
A Mariana le encantan los memes de gatos y la música
K-Pop. Su sentido del humor es oscuro y sarcástico. Le gustaría seguir
estudiando, pero se le dificulta retener información debido a su medicación.
Además, no cuenta con los recursos. Los trabajos nunca son estables. Ella pidió
no usar su nombre verdadero.
Mariana se pasa los días en el cuarto que comparte con su
mamá, o en la sala de su casa. Le gusta caminar por las calles de su ciudad al
sur de Nuevo León, y cuando se puede, ver a sus amigas.
“Me gusta mucho comer: las papas fritas y la pizza”, dice
Mariana, sentada en una banca en la plaza principal de su ciudad. “Me gusta
cuando voy al cine con mis amigas, o cuando estoy con ellas que están bien
chisqueadas. De todo se ríen, bueno, de todo nos estamos riendo”.
Mariana primero fue diagnosticada con Trastorno
Esquizoafectivo, después con Esquizofrenia. Si le preguntan la diferencia, no
sabe qué responder. Su mente es un glosario de fármacos: risperidona,
clonazepam, valproato, levomepromazina, alprazolam, citalopram, fluoxetina,
haloperidol, quetiapina…
A sus 20 años, Mariana ha ingresado involuntariamente al
hospital psiquiátrico casi 20 veces.
En los últimos años Mariana ha ingresado docenas de veces
a la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica. // Daniel Becerril
Los padecimientos mentales de Nuevo León alcanzan a la
cuarta parte de su población, según cifras
oficiales de las autoridades de Salud del estado en 2019. De acuerdo
con esa información, una de cada cuatro personas en Nuevo León tiene algún
padecimiento mental que puede ir desde la ansiedad o la depresión hasta la
esquizofrenia.
Sin embargo, los servicios de atención a la salud mental
en el estado recaen primordialmente en la hospitalización psiquiátrica y
tratamientos farmacológicos.
Este enfoque en la hospitalización conlleva el riesgo de
maltrato a los pacientes dentro de las instalaciones psiquiátricas. A pesar de
que organismos nacionales e internacionales han denunciado las violaciones a
los derechos humanos que se llevan a cabo dentro de diversas instituciones
psiquiátricas alrededor del país, Nuevo León sigue fortaleciendo un modelo que
se aleja de la inclusión comunitaria y minimiza el impacto de los determinantes
sociales en la salud mental de sus habitantes.
Deficiencias de la hospitalización
Según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la atención
a la salud mental suele ser precaria y llega a violentar los derechos humanos.
“Esto ha llevado a que se olvide la importancia de la
prevención en salud mental, la atención en el primer nivel y la inclusión de
estas personas a la comunidad, y en cambio se dirijan los recursos a la
institucionalización de los pacientes con trastornos psiquiátricos”, agrega el
informe del MNPT.
Menos del 2% del presupuesto federal destinado a salud se
emplea para la atención de pacientes con trastornos mentales, según el diputado
local Asael Sepúlveda, que preside la Comisión de Salud y Atención a Grupos
Vulnerables. La mayoría se asigna a hospitales psiquiátricos.
En 2018, el MNPT visitó la Unidad de Rehabilitación
Psiquiátrica de los Servicios de Salud del Estado de Nuevo León e identificó
condiciones deficientes de mantenimiento e higiene. También problemas
estructurales debido a la antigüedad del edificio y la falta de mantenimiento.
Ocupación por encima de la capacidad instalada, medicamento psiquiátrico insuficiente
y falta de personal fueron otras situaciones reportadas.
Ese mismo año, diputados integrantes de la Comisión de
Salud y Atención a Grupos Vulnerables pidieron a la Secretaría de Salud de
Nuevo León un informe sobre los servicios de salud mental en el estado.
En la respuesta, firmada por el Dr. Manuel de la O
Cavazos, Secretario de Salud del Estado, se afirma que en los últimos 35 años
Nuevo León ha estado desarrollando un “modelo de salud mental de vanguardia”,
siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El tratamiento farmacológico ha sido la principal
herramienta de apoyo para Mariana. // Daniel Becerril
Nuevo León, de acuerdo con el documento, había iniciado
la desinstitucionalización de la atención psiquiátrica, sin embargo, la falta
de recursos económicos limita los avances.
La administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón
planea construir e inaugurar un nuevo hospital psiquiátrico que tendrá 108
camas para internamiento, y un área para niños y adolescentes. Ubicado en el
municipio de Escobedo, se espera que el nuevo hospital reemplace este año a la
Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, inaugurada en 1958.
El diputado Sepúlveda afirma que la Ley de Salud Mental
del estado, aprobada en mayo de 2018, no se está cumpliendo.
“Casi todo el presupuesto de salud mental del sexenio se
fue en ese hospital, pero el hospital ya es la última barrera. Fracasó el
modelo, porque a la hora que el paciente llega al hospital es porque ya fracasó
todo lo demás”, afirma el diputado del PT.
Sepúlveda ha estado presionando por un modelo enfocado en
la prevención y en la intervención comunitaria.
“El enfoque correcto desde nuestro punto de vista debería
ser preventivo”, explica Sepúlveda. “Es decir, que en el entorno familiar o en
el entorno social donde se mueve la persona pues se den las condiciones para
que pueda llevar una vida saludable”.
El problema del uso de la fuerza
Desde su primer intento de suicidio, entre los 12 y 13
años, Mariana ha sido ingresada involuntariamente al Hospital Regional de
Psiquiatría No. 22 del IMSS siete veces, y más de 12 veces a la Unidad de
Rehabilitación Psiquiátrica. Mariana prefiere la Unidad, ubicada en la colonia
Buenos Aires de Monterrey, Nuevo Léon, por la atención que ha recibido.
“Sí cambió el trato, las enfermeras son más amables y
tienen más comprensión, pero como quiera es feo estar ahí porque no miden su
fuerza”, explica Mariana.
Durante las etapas de crisis, Mariana puede llegar a
autolesionarse. // Daniel Becerril
“Cuando tienes una crisis, te doblan los brazos, te
cubren la cara, te sujetan de piernas, brazos, y de aquí del tórax”, agrega,
llevándose las manos a ambas costillas. “A veces te ponen una venda en la boca
para que te calles si estás gritando”.
“Ya de plano, si estás muy mal, te llevan a ti sola, te
encierran y te dejan amarrada en un cuarto solo donde no hay nadie”.
En 2019, la Unidad instauró la figura del “asistente
terapéutico”, por lo cual se contrataron 17 enfermeros encargados en brindar
contención verbal a las personas usuarias. Sin embargo, durante los momentos de
crisis, se aplica el protocolo de “desescalación”, con el que se continúa con
las prácticas de contención, sujeción y control.
“Tenemos protocolos para cuando hay una persona que está
violenta por la enfermedad. Se llama la desescalación”, explica el Dr.
Severiano Lozano, director de la Unidad. “Hay que primero verbalmente invitar a
la persona a que se tranquilice, y si no es posible eso entonces se le explica
a la persona lo que se le va a hacer, que es aplicarle un medicamento”.
“Luego a veces las personas como quiera siguen muy
violentas. Nosotros estamos como trabajadores expuestos. Nosotros tenemos una
zona de riesgo —de hecho los trabajadores tienen una compensación por ser una
zona de riesgo— y también hemos tenido gente lesionada porque… pues tienen
que darle la contención”.
Ocasionalmente Mariana sufre ataques de ira, pero usualmente
no recuerda lo sucedido. // Daniel Becerril
Entre el 2010 y 2020, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos solamente recibió ocho quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos en contra de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica.
Entre las causas, se mencionan: “Actos que teniendo o no
como resultado alguna alteración de la salud física y/o mental o la generación
de cualquier huella material en el cuerpo, impliquen maltrato”. A pesar de
ello, el organismo nunca ha emitido ninguna recomendación por violaciones a los
derechos humanos en contra de Hospitales Psiquiátricos o algún establecimiento
de salud mental, en los últimos diez años.
Siete muertes se han registrado en la Unidad de
Rehabilitación Psiquiátrica entre 2010 y el 15 de septiembre de 2020.
“Tenemos un comité de mortalidad, en donde se revisan las
circunstancias del fallecimiento. Se junta a las personas involucradas, a los
jefes de servicio, y revisamos los casos. Revisamos qué es lo que podemos
mejorar dentro de nuestros protocolos para darle la atención”, afirma el Dr.
Lozano.
Hermetismo y falta de transparencia
El hermetismo y la falta de transparencia que siguen
manteniendo las instituciones psiquiátricas ha sido motivo de gran preocupación
durante décadas para organismos y asociaciones civiles. Apenas, en 2018, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró entrar a estos espacios.
En su informe “¿Por razón
necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la
salud mental en México”, la organización civil Documenta resalta la
falta de información, transparencia y rendición de cuentas que existe para
obtener información sobre el sistema de salud mental a nivel federal y
estatal.
La ausencia de un monitoreo independiente no ha permitido
visibilizar en su totalidad las condiciones y el estado en el que viven las
personas usuarias dentro de las instituciones psiquiátricas. En la Unidad de
Rehabilitación, el internamiento promedio es de 21 días; sin embargo, hay ocho
pacientes que llevan años viviendo ahí.
“Es bien importante enfatizar la necesidad de mecanismos
independientes porque si el mismo sector salud es el que está encargado de
analizar y evidenciar las prácticas coercitivas que se dan al interior, pues
está complicado. Se necesita un mecanismo independiente del sector salud que
tenga la posibilidad de entrar a esos espacios, de llevar denuncias, y realizar
informes”, explica Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y
Justicia de Documenta.
En su respuesta a la Comisión de Salud y Atención a
Grupos Vulnerables, la propia Secretaría de Salud reconoce que los hospitales
psiquiátricos “favorecieron el desarrollo de prácticas malsanas” y permitieron
la violación a los derechos humanos “permanentemente”. Sin embargo, afirma que
en Nuevo León ya no existen este tipo de hospitales e instituciones.
En 2018, la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica todavía
no contaba con un reglamento interno ni manual de procedimientos, según el
informe del MNPT. El reglamento fue aprobado recientemente.
Asimismo, se identificó que, en caso de que un usuario
fuera maltratado por personal de la Unidad, no se notificaba al Ministerio
Público para investigar los hechos.
En una actualización del informe en 2019, se menciona la
emisión de una circular para instruir al personal a hacer la denuncia al
Ministerio Público. La Unidad, como lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM)
025 para la prestación de servicios de salud en hospitales psiquiátricos,
cuenta con un buzón de transparencia y una línea para quejas anónimas.
“Nosotros no tenemos acceso al buzón, es la misma
instancia de transparencia del gobierno del estado que vienen y sacan las
quejas. Posteriormente las quejas son enviadas a nosotros para ser revisadas y
contestadas, y tenemos un procedimiento para revisar las quejas en el
departamento de calidad”, explica el Dr. Lozano.
“Hacemos una reunión y las leemos. Son quejas y
felicitaciones, verdad. De las dos cosas. Y le hablamos a las personas para
escuchar de su propia voz la relatoría”.
Aislamiento innecesario
Cuando Mariana siente que viene una de sus crisis,
recurre a una libreta y raya para calmarse. // Daniel Becerril
En ocasiones, Mariana tiene crisis o “se pone mal”, como
ella dice. La mayoría del tiempo no recuerda lo que dice, ni lo que hace. Ella
sabe que a veces tira cosas, golpea paredes o ventanas, o se lastima a ella
misma. Intenta recordar, pero no lo logra. Mariana solo ha estado dos veces en
la Unidad de Observación Continua, un área dentro de la Unidad conocida por sus
siglas “UOC”.
“En una [ocasión] llegué muy agresiva, desde que llegué
estuve ahí. Y en la otra ocasión fue cuando estaba vomitando sangre y pensaban
que era tuberculosis, y me encerraron ahí. Esa vez que estuve vomitando sangre,
estuve como cuatro días. Y la otra ocasión, que estaba muy agresiva, no me
acuerdo”, dice Mariana.
Mientras estuvo ahí, la mayor parte del tiempo Mariana
dormía. “A veces sí me ponía media loca y empezaba a golpear la cama y me
amarraban en la cama y hacía un desastre”, agrega.
El Apartado 9.26 de la NOM-025 dicta que el aislamiento
de las personas usuarias es “innecesario y violatorio de los derechos humanos”.
Debido a este cambio en la norma en 2014, la Unidad estableció los “cuidados
especiales”. La UOC, explica el Dr. Lozano, es una construcción que tiene cinco
cuartos con ventana, tres enfermeros y enfermeras y un vigilante.
“Nosotros lo que hacemos es tener al paciente —cuando
está muy agresivo, muy agitado— con un cuidado personal. Nunca están solos. Esa
es la cuestión del aislamiento, no hay un cuarto donde el paciente esté solo, y
que no haya enfermeras o guardias ahí al tanto de su vigilancia”.
“Es una medida terapéutica y en general lo que utilizaba
derechos humanos como aislamiento era como una privación de los sentidos total,
como entrar en un cuarto y no tienes ningún contacto con el exterior, entonces
eso pues obviamente no lo hacemos. Las puertas tienen una ventana grandota, ahí
afuerita están la enfermera, y pues eso es lo que hacemos”, agrega el Dr.
Lozano.
Por lo general, se puede permanecer horas, o inclusive
días, dentro de ese cuarto, antes de pasar nuevamente a la sala general. En el
informe del MNPT, se reportó que podían transcurrir hasta dos días.
“Depende del avance, depende de la patología que tenga la
persona y también depende de la respuesta que tenga a los medicamentos. Nuestra
intención es que siempre estén en la sala general y que puedan estar cuanto
antes con los demás y con sus familias”, explica el Dr. Lozano.
“Sí, son separados. Lo que pasa en ocasiones es que
tenemos pacientes que tienen tuberculosis activas, entonces tenemos que tener
un cuarto de observación respiratoria mientras se hacen las pruebas. Está el
paciente solo en un cuarto, pero ahí afuera está la enfermera”.
Costo elevado de medicamentos psiquiátricos
Algunas familias descartan el internamiento
inmediatamente, aunque los cuidados traigan consigo una carga económica y
emocional para las y los cuidadores. La familia de Ilse Valeria Hernández
Rodríguez, de 18 años, decidió no internarla cuando los doctores de la clínica
66 lo recomendaron.
“Mi papás dijeron que no. Que nosotros íbamos a
acompañarla y cuidarla en lo que pasaba la crisis”, explica Janeth Hernández,
hermana de Valeria.
Desde que Valeria fue diagnosticada con esquizofrenia a
los 13 años, Janeth, de 23 años, ha apoyado a su mamá en los cuidados de
Valeria. Alucinaciones, ataques de rabia, lenguaje agresivo, y un
comportamiento que Janeth, y su mamá, María Dolores, describen “como raro”,
fueron algunos de los síntomas que Valeria presentó por varios días hasta que
el medicamento tomó efecto. Sin embargo, el tratamiento farmacológico recetado
los primeros años inhabilitaba a Valeria para llevar una vida funcional.
“Me sentía rara, babeaba mucho, no podía caminar. No
tenía fuerza. Tenía mucho sueño, solo quería dormir”, explica Valeria, quien
nació con espina bífida.
Encontrar el medicamento adecuado también ha sido una
lucha para Mariana. Cuando ha logrado encontrar algún trabajo informal, como
empaquetar vegetales, es difícil que tome el medicamento ya que teme tener
algún efecto que le impida realizar su jornada.
“El medicamento te tiene dopada todo el día”, explica
Mariana. “Estaba estudiando, pero acabo de salirme porque batallaba mucho para
retener las cosas, lo que me enseñaban. Y pues trabajar… no sé si me vayan a
dar trabajo en algún lado. Por el tipo de medicamento que uso todo el tiempo
estoy somnolienta”.
Mariana también juega con cordones para calmar su
ansiedad y mantenerse conectada con la realidad. // Daniel
Becerril
Abuso sexual
“Mis razones fueron por abuso sexual, mi papá abusaba de
mí”, cuenta Mariana. “Tuve mi primer intento de suicidio y después empecé a
escuchar voces y a tener alucinaciones”.
A pesar del acceso que ha tenido Mariana a los servicios
de salud mental del estado, hasta el momento no ha recibido ayuda profesional
ni ha encontrado un espacio seguro para comenzar el proceso de recuperación y
sanación necesario para los adultos sobrevivientes de abuso sexual
infantil.
Mariana asegura escuchar voces que le envían mensajes.
Ella, para no dejarlos en su cabeza, los plasma en el papel. // Daniel
Becerril
La Ley de Salud Mental, aprobada en mayo 2018, garantiza
“el acceso equitativo a los servicios de salud mental en el Estado, con un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”. Sin embargo, según la
Dra. Alejandra Núñez, coordinadora de la consulta externa del departamento de
psiquiatría del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, falta
implementar de forma sistemática programas de salud mental con perspectiva de
género.
“Me ha tocado presenciar como profesional de la salud
mental y docente, la descalificación o desacreditación de la veracidad de la
mujer al momento de relatar un evento traumático como abuso sexual. Casi como
si ser mujeres nos convirtiera en seres susceptibles de mentir o falsear la
realidad en la que vivimos”, agrega Núñez.
Uno de los riesgos, explica Núñez, de ignorar la
violencia de género al tratar trastornos mentales es el incremento del riesgo
de suicidio en las mujeres.
Las niñas y los niños que experimentan abuso sexual
tienen al menos tres veces más probabilidades de intentar suicidarse, reveló en
2019 un estudio de la Universidad de Manchester y la Universidad de Gales del
Sur. Las personas que no están en contacto con los médicos de salud mental
tienen el nivel más alto de riesgo.
En Nuevo León, el suicidio ocupa el quinto lugar como
causa de muerte, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León (FGJENL). Entre enero y agosto 2020 se registraron 237, de los
cuales 199 fueron hombres. Mientras que 2018 y 2019 han sufrido las tasas más
altas en los últimos 10 años con 339 y 326 respectivamente, en su mayoría
hombres.
La FGJENL, sin embargo, no cuenta con datos sobre causas,
o intentos no consumados, que de acuerdo con tendencias globales son las
mujeres las que realizan más intentos. Tampoco tiene información sobre el
número de personas que habían buscado atención médica psiquiátrica o
psicológica, o que estaban bajo tratamiento médico con fármacos antidepresivos.
A pesar de las altas tasas de suicidios consumados, y la
ausencia de datos sobre intentos de suicidio, la atención médico-psiquiátrica
que ofrecen actualmente los servicios estatales de salud mental todavía no
cuentan con la preparación necesaria para intervenir en conductas
suicidas.
Guillermo Rocha, psicólogo e integrante de la Comisión
Estatal de Prevención del Suicidio, explica que se está buscando incrementar la
especialización de profesionales de la salud en esta área.
“Un especialista en salud mental no es necesariamente un
especialista en conductas suicidas”, agrega Rocha.
Especialistas y activistas han exigido un nuevo enfoque
en intervenciones comunitarias para así identificar a las personas en
riesgo.
En Nuevo León, ese intento se refleja en los dos centros
comunitarios de salud mental y un centro para la atención de
adolescentes.
El Centro Comunitario de Salud Mental Tierra y Libertad
(CECOSAME) es atendido por dos psiquiatras, un médico psicoterapeuta, dos
psicólogos clínicos, dos trabajadoras sociales, y ofrece servicios de atención
a todo tipo de trastornos mentales de la población en general.
El Centro de Salud Psicosocial (CESAPS) es atendido por
dos psiquiatras, un médico familiar, dos enfermeras, una trabajadora social, y
también ofrece servicios de atención a todo tipo de trastornos mentales.
El Centro de Atención Integral en Salud Mental del
Adolescente (CAISMA), es atendido por un psiquiatra, un psicólogo y ofrece
servicios de tipo ambulatorio para la atención médico-psiquiátrica y
psicológica de niños, niñas y adolescentes que presentan algún trastorno mental
o del comportamiento.
Falta apoyo al trabajo comunitario
El diputado Sepúlveda afirma que los centros comunitarios
no están realizando su labor como debe ser, ni implementando la Ley de Salud
Mental.
“La Secretaria de Salud te va a decir que tiene personal
capacitado para atender ese tipo, pero tú vas y platicas con el personal y no
es cierto”, afirma Sepúlveda.
“Simplemente no están yendo a la comunidad. Están
esperando a que llegue el enfermo y los que salen a comunidad simplemente no
cuentan con los recursos suficientes”.
El informe de Documenta afirma que en el país el enfoque
en la atención a la salud mental ha sido predominantemente clínico, dejando de
lado la relevancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, y la
igualdad de oportunidades.
“No hay disponibilidad de servicios. Una vez que llegas
al servicio, el tratamiento está únicamente basado en el control de los
síntomas, no e
