La Fundación de la Union Americana de Libertades Civiles en los condados de San Diego e Imperial, junto con varias organizaciones afiliadas a la ACLU, anunciaron el retiro de una demanda presentada a inicios de abril a nombre de cuatro personas que fueron detenidas en el Centro de Detención de Otay Mesa y el Centro de Detención Regional Imperial de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Los demandantes tienen condiciones médicas que los hacen altamente vulnerables a enfermedades graves y muerte si están infectados con COVID-19, agregó.
De acuerdo a la ACLU, los clientes del organismo, Yusuf Ozdemir y Jane Doe, originarios de Turquía y quienes padecen VIH, fueron liberados la noche del jueves 9 de abril del Centro de Detención de Imperial.
Por su parte, Miguel Ángel Benítez e Issis Yoselin Zelaya Sagastume fueron liberados el viernes por la noche de Otay Mesa.
“La liberación de nuestros demandantes es una victoria para ellos y sus familias”, dijo Monika Langarica, abogada del personal de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.
“Instamos al ICE a continuar reduciendo su población de detenidos personas de acuerdo con las recomendaciones de los expertos en salud pública durante esta pandemia. La detención de ICE nunca debería ser una sentencia de muerte”, agregó.
Debido a sus afecciones médicas agudas, que incluyen leucemia, enfermedad pulmonar e infección por VIH, los demandantes tenían un mayor riesgo para la salud en estos centros de detención, donde entre 60 y 100 personas comparten viviendas cercanas.
Los detenidos duermen en literas a pocos pies de distancia y comparten áreas comunes, como mesas, duchas, inodoros y lavabos.
El Centro de Detención de Otay Mesa surgió recientemente como el centro de detención de inmigrantes con la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en todo el país.
“Estamos encantados de saber que nuestros clientes han sido liberados y podrán practicar el distanciamiento social y otras medidas de seguridad”, expuso Eunice Cho, abogada principal del Proyecto de la prisión nacional de la Fundación ACLU.
“Para nuestros clientes, en esta y otras demandas similares, la ACLU ha presentado en todo el país: una infección por COVID-19 es una sentencia de muerte”, añadió.
De acuerdo a Cho, los expertos en salud pública han dejado claro que los centros de detención de inmigrantes representan un riesgo para la salud pública de las personas detenidas y las comunidades que los rodean.
“Las personas deben ser liberadas para mitigar ese riesgo y realmente aplanar la curva”, finalizó.
