Dirigentes republicanas celebraron el inminente fallo de un juez federal en contra de la iniciativa de ley SB 27.
La medida, promulgada por el Gobernador, Gavin Newsom, en julio pasado, obligaría a los candidatos presidenciales y a la gubernatura dar a conocer reportes de declaración de impuestos de los anteriores cinco años a fin de poder registrarse como candidatos en las elecciones primarias de marzo próximo.
Un juez federal indicó que los demandantes en el caso tienen todo a favor para obtener el triunfo en base a diversos motivos y por considerarla como violatoria del Artículo Segundo de la Constitución de los Estados Unidos.
“El fallo es una victoria para los derechos constitucionales de los estadounidenses y nuestra democracia”, dijo Shannon Grove, líder de los senadores estatales Republicanos.
La representante de Bakersfield añadió que los Republicanos de la legislatura han calificado el proyecto de ley como inconstitucional.
Por su parte, la Presidente del Partido Republicano en California, Jessica Millán Paterson, calificó la decisión del Juez Morrison England como una victoria para los votantes californianos y su capacidad de votar por el candidato de selección en marzo próximo.
“Esta decisión detiene las políticas de los Demócratas y sus esfuerzos por desencantar a millones de votantes californianos al suprimir la participación electoral Republicana.
“Confiamos en que los tribunales vean a través de las maniobras partidistas de los Demócratas y que cualquier apelación a este fallo sea inmediatamente denegado”, afirmó.
Millán Patterson calificó como inconcebible que los Demócratas sigan desperdiciando recursos de los contribuyentes y realicen triquiñuelas políticas en lugar de enfocar sus esfuerzos y recursos en resolver los problemas graves de California como la falta de vivienda, el sistema educativo fallido y el alto costo de vida.
“El partido mayoritario intentó interferir en la próxima elección primaria y su esfuerzo fue infructuoso”, indicó la legisladora, quien instó al mandatario a aceptar la decisión y no presentar una apelación que llevaría a un gasto de fondos estatales.
