Un tribunal federal ha bloqueado de forma temporal la nueva política del gobierno de Donald Trump que obligó a los solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer allí mientras se consideran sus casos.
La Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro de Leyes Southern Poverty y el Centro para Estudios de Género y Refugiados solicitaron con éxito un recurso preliminar contra lo que el gobierno llama los “Protocolos de Protección al Migrante”.
Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso, dijo que el fallo emitido por el juez de distrito de los Estados Unidos, Richard Seeborg, rechaza enérgicamente la política sin precedentes e ilegal del gobierno de Trump de obligar a los solicitantes de asilo a regresar a México sin conocer sus peticiones.
“Por más que pueda, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para cumplir su objetivo de evitar que las personas busquen asilo en los Estados Unidos”, afirmó.
La demanda fue presentada a nombre de 11 solicitantes de asilo individuales y demandantes organizacionales.
Entre estos se encuentran el Laboratorio de Derecho de Innovación, el Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, el Centro Legal de la Raza, la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, la organización Al Otro Lado y el Centro de Justicia de Tahirih.
La victoria de hoy es especialmente importante en medio de los informes de que el gobierno federal planea empujar hacia políticas de inmigración aún más extremas, según los demandantes.
“La decisión evitará que individuos increíblemente vulnerables queden atrapados en condiciones peligrosas en México, pero es solo un paso en una pelea mucho más grande.
“Somos una nación de leyes, y no podemos y no vamos a permitir que los funcionarios electos socaven esas leyes en un esfuerzo por implementar una agenda contra los inmigrantes. Seguiremos luchando”, dijo Melissa Crow, abogada supervisora ??principal del Centro de Derecho del Southern Poverty.
La demanda cita violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, así como el deber de los Estados Unidos bajo la ley internacional de derechos humanos de no devolver a las personas a condiciones peligrosas.
“El fallo de hoy reconoce que la política de retorno forzoso no proporcionó garantías adecuadas para proteger a los solicitantes de asilo de la persecución.
Al emitir el recurso judicial preliminar, el tribunal rechazó el intento del gobierno de devolver a los solicitantes de asilo a México en violación de las leyes de los Estados Unidos y de nuestras obligaciones internacionales con los refugiados”, expuso Karen Musalo, directora del Centro para Estudios de Género y Refugiados.
