Una de las propuestas incluidas dentro de los principios y políticas migratorias de la Casa Blanca presentados el pasado fin de semana ante el Congreso de los Estados Unidos establece el incremento del costo de la tarifa de las tarjetas de cruce fronterizo.
La medida forma parte de la propuesta presidencial para la mejora de la seguridad en los documentos de cruce internacional.
Este documento tiene un costo actual de 160 dólares para personas mayores de 15 años de edad y de 16 para menores de dicha edad.
La Casa Blanca presentó el pasado domingo este documento ante la legislatura estadounidense, en el cual se establecen también la asignación de fondos para el muro fronterizo y la mejora de la infraestructura, así como el aumento de la seguridad en la frontera canadiense.
Fiel a su política migratoria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también propuso en ese paquete la deportación inmediata de todos los menores inmigrantes sin compañía, sin importar el país de origen, siempre y cuando no sean víctimas del tráfico de seres humanos y sean tratados de forma humanitaria en los países a donde sean retornados.
En la actualidad, estos menores permanecen en albergues que son administrados por la Secretaría de salud y Servicios Humanos que, de acuerdo a la Casa Blanca, representan un costo para el contribuyente norteamericano.
El presidente Trump también propuso hacer ajustes a los procesos de asilo debido a que en la actualidad existen más de un cuarto de millón de casos pendientes dentro de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.
Entre otros, la Casa Blanca propone elevar los estándares del sistema de asilo, además de exigir una mayor cantidad de pruebas creíbles a utilizarse en las entrevistas y eliminar las barreras que permiten a extranjeros terroristas ingresar al país.
El paquete incluye además otorgar garantías para evitar que criminales extranjeros reciban beneficios migratorios y expandir la capacidad del gobierno para deportar a quienes solicitan asilo a terceros países.
Dentro del proyecto también se incluye la contratación de 370 jueces migratorios y unos mil abogados para la oficina de Vigilancia Migratoria y Aduanal (ICE).
La Casa Blanca propuso establecer un sistema de evaluación para los jueces migratorios.
El presidente Trump busca también impedir el ingreso de miembros de pandillas, al igual que personas que hayan cometido crímenes como robo de identidad, fraude al Seguro Social, violencia doméstica, abuso infantil, delitos relacionados con accidentes vehiculares en los que se vea involucrado el alcohol, ofensores sexuales y quienes hayan adquirido de manera ilegal armas de fuego.
Los impedimentos de ingreso a los Estados Unidos serían también extendidos a ex esposas e hijos de personas involucrados en el tráfico de drogas y de seres humanos en caso de que los familiares del aspirante a inmigrante sigan recibiendo beneficios de las actividades ilícitas.
El proyecto incluye el aumento a las penalidades para aquellos que ingresan de manera inapropiada al país de manera constante o que cuenten con deportaciones anteriores.
En Centro y Sudamérica, el gobierno de los Estados Unidos busca implementar medidas para evitar el flujo de migrantes hacia el norte además de expandir las bases para remover a personas que son sujetas a la remoción expedita.
Dentro del aspecto interno, la Casa Blanca propone evitar que las ciudades santuario reciban fondos de parte del Gobierno Federal, ya sea de los departamentos de Justicia o del de Seguridad Nacional.
El proyecto cuenta además con una propuesta para establecer la autoridad a los gobiernos locales y estatales para investigar, arrestar, detener o transferir a la custodia Federal a inmigrantes asegurados a fin de hacer cumplir las leyes migratorias.
La Casa Blanca indicó qué la permanencia de inmigrantes en los Estados Unidos más allá del período establecido en sus visas de turista representan alrededor del 40 por ciento de la inmigración ilegal.
Para combatir este problema, el presidente Trump propuso clasificar esta conducta como un delito menor, por lo cual los inmigrantes quedarían impedidos de recibir beneficios.
Otra de las propuestas establecería fondos para contratar 10 mil agentes federales, 300 fiscales y acelerar la contratación de personal dedicado a labores migratorias.
La Casa Blanca pretende exigir el uso del sistema de verificación electrónica para garantizar la contratación de trabajadores de manera legal, así como evitar que se permita el empleo a inmigrantes indocumentados a nivel estatal y municipal.
Al mismo tiempo el proyecto incluye fuertes sanciones como la expulsión de compañías privadas que cuenten con contratos a nivel Federal por no cumplir con el sistema de verificación electrónica.
Respecto al incremento en la seguridad de las visas, la Casa Blanca propone expandir la capacidad del Departamento de Estado para utilizar diversas tarifas en proyectos de prevención y detección de fraude, así como en actividades para combatir todos los tipos de fraude de visa dentro y fuera de los Estados Unidos.
Para costear este proyecto, el mandatario propone aumentar el costo de la tarjeta de cruce fronterizo.
Asimismo, la Casa Blanca pretende autorizar a esta misma agencia a cobrar un pago adicional para la seguridad de los pasaportes.
Finalmente, la Casa Blanca insistió en reformar los procesos de inmigración legal con un nuevo sistema basado en méritos que obligaría a los futuros inmigrantes tener conocimientos del idioma inglés, poseer alto nivel educativo o bien contar con recursos para realizar inversiones en los Estados Unidos, lo cual impediría a cientos de miles de personas poder recibir residencias permanentes.
Este plan incluye también la eliminación de la Lotería de Visas por Diversidad y la limitación de número de refugiados admitidos en el país con el fin de evitar el abuso en el Programa de Admisión de Refugiados.
