Tras haber viajado a la Ciudad de México para atender dos temas de impacto para Mexicali, el Presidente Municipal de Mexicali Gustavo Sánchez Vásquez informó en rueda de prensa que uno fue para interponer la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el segundo, para la firma de convenios con SEDATU que permitirá realizar proyectos de mejoramiento urbano.
Respecto al proceso jurídico, explicó que tras darse la Reforma Constitucional que amplía el plazo para la Gubernatura, de dos a cinco años de parte del Congreso del Estado, el Cabildo rechazó validarla al considerar que se afectaba la certeza jurídica en la entidad, además de que el procedimiento no se hizo como debía ser, puesto que antes de una modificación de este tipo, se debe exponer a los Ayuntamientos para ser escuchados en torno lo propuesto, lo que no se hizo.
“Esto no aconteció, si no que al día siguiente de la sesión nos llegó el oficio para validarla, pero el Cabildo votó para rechazarla por afectar la certeza jurídica y porque se incumplió con el procedimiento”, expresó el edil.
Sánchez Vásquez agregó que, acompañado por la Síndico Procurador, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, acudió este lunes a Oficialía de Partes de la SCJN para hacer valer las leyes en el país, haciendo entrega del documento que da pie a la solicitud.
Por otra parte, el alcalde informó que participó la firma de convenios de coordinación para la implementación del programa de mejoramiento urbano 2019 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que permitirá facilitar la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano, el cual es una intervención en zonas con rezago urbano, para el mejoramiento integral de barrios, vivienda social y otorgar certeza jurídica con una inversión de la dependencia federal de 320 millones de pesos.
El programa operará en 14 ciudades, entre ellas, Mexicali, lo que permitirá continuar con los programas de atención en zonas habitacionales rezagadas, con limitaciones y carencias, donde hay población que demanda mejores condiciones de servicios, para poder vivir y desarrollarse obteniendo mayores oportunidades para sus familias, que habla de un proyecto sensible, que alinea a los tres órdenes de Gobierno a hacer un enfoque conjunto sobre la población marginada.
