El secretario de seguridad informó que ocho agentes se desempeñan como escoltas dando protección a funcionarios de Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, entre ellos algunos alcaldes.
Mexicali. Un total de ocho agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se desempeñan como escoltas de funcionarios públicos, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisará cada uno de los casos para analizar si aún lo requieren, aseguró el titular de la dependencia, Laureano Carrillo Rodríguez.
El funcionario estatal recordó que una modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prohibió a la secretaría asignar escoltas a particulares, por lo cual en 2025 retiraron a 43 agentes estatales de esas funciones.
Sin embargo, esta medida no aplica para los funcionarios públicos, los cuales deben solicitar la asignación de escoltas y la secretaría se encuentra obligada a realizar un análisis de riesgo para determinar la viabilidad.
“Porque tienen alguna amenaza, porque tienen algún tipo de riesgo que de acuerdo a sus funciones es necesario darle cierta seguridad”, indicó.
Laureano Carrillo Rodríguez mencionó que hay agentes municipales, estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) haciendo esas funciones, por lo que nuevamente realizarán un análisis de riesgo que permita determinar si aún requieren protección.
“Vamos a revisar esos análisis de riesgo y eso nos va a determinar a nosotros si tienen que seguir proporcionando esa seguridad y si no, haremos la recomendación para que sea retirada”, expresó.
Agregó que la mayoría de los escoltas estatales se encuentran protegiendo a la gobernadora del Estado, pero además hay otros ocho que se encuentran dando protección a funcionarios de Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, entre ellos algunos alcaldes.
Sin embargo, Carrillo Rodríguez señaló que los análisis de riesgo tienen vigencia y deben revisarse de forma continua.
Finalmente, el secretario de seguridad informó que la revisión de los análisis de riesgo deberá tardar al menos 30 días, pues la intención es agilizar los trámites y determinar cuántos agentes deben seguir realizando labores de escolta.
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