El Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo la contratación de una deuda por 2 mil 960 millones de pesos para la construcción de la planta desaladora en Rosarito.
Mexicali. Aunque el gobierno de Baja California adquirirá una deuda cercana a los 3 mil millones de pesos para la construcción de la planta desaladora en Rosarito, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda defendió el proyecto y aseguró que no tendrá ningún impacto en los ciudadanos.
Con 19 votos a favor y seis en contra, el pasado jueves el pleno del Poder Legislativo autorizó el Dictamen 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que autoriza al Gobierno del Estado la contratación de una deuda por 2 mil 960 millones de pesos para la construcción de la planta desaladora en Playas de Rosarito.
Lo anterior provocó una serie de cuestionamientos de los partidos de oposición (PAN, PRI, MC y PT) al señalar que el proyecto; impulsado originalmente en la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid, representaría un fuerte impacto a las finanzas del Estado.
Cuestionada al respecto, la gobernadora aseguró que no habrá un impacto directo a los ciudadanos, ya que la construcción de la planta será subsidiada por el gobierno federal y estatal.
Señaló que el proyecto impulsado durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid afectaba a los ciudadanos porque a través de las tarifas los usuarios le pagarían a los inversionistas privados que realizarían la construcción.
“Se privatizaba; prácticamente el agua se convertía en una mercancía que el ciudadano tenia que pagarle al privado”, expresó.
Avila Olmeda explicó que la planta desaladora en Rosarito será construida con recursos públicos federales y estatales, lo que garantiza que no habrá un aumento en las tarifas de consumo para los ciudadanos.
La gobernadora reconoció que la planta desaladora en Rosarito tardará en construirse al menos cuatro años, pero garantizará el abasto de agua en la zona costa durante los próximos 30 años.
Finalmente, la mandataria estatal manifestó que se encuentran a la espera de que Conagua realice la licitación de la parte que le corresponde y posteriormente el Estado hará lo propio.
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