La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se tiene que investigar si existe delito por parte de la diputada Alejandra Ang
Mexicali. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la diputada de Baja California, Alejandra Ang Hernández debe de dar explicaciones luego de ser retenida por autoridades migratorias de Estados Unidos por ingresar con más de 10 mil dólares al país.
Aunque afirmó no tener mayores detalles afirmó que la legisladora debe de dar las explicaciones correspondientes, además de mandar un mensaje a los funcionarios de que se comporten manteniendo una vida honesta y en la justa medianía.
“Tiene que dar explicaciones ella y que se haga la investigación. Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías. En este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de la fiscalía estatal o de la Fiscalía General de la República”.
Molina da la cara por Alejandra Ang
En medio del hermetismo que rodea a la diputada Alejandra Ang, tras ser señalada por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por omitir la declaración de una cantidad superior a los 10 mil dólares, el diputado Juan Manuel Molina salió a su defensa ante los medios de comunicación.
Mientras que la legisladora se ha limitado a emitir un breve comunicado escrito sin permitir preguntas de la prensa, Molina García apeló a los principios de legalidad para matizar la gravedad de los hechos ocurridos en el cruce fronterizo.
Durante la entrevista, Molina subrayó que, más allá del acto administrativo de no declarar el efectivo, lo fundamental es demostrar que el dinero no tiene un origen delictivo. El diputado fue enfático en recordar los derechos de cualquier ciudadano bajo el marco legal actual.
«En el sistema jurídico mexicano, y esto hay que decirlo de manera muy clara, la presunción de inocencia es un principio básico y fundamental», afirmó Molina ante los cuestionamientos sobre la situación jurídica de su compañera de bancada.
Asimismo, explicó que el foco de las investigaciones suele centrarse en la licitud del dinero más que en el simple traslado físico del mismo:
«El tema más que el transporte, es el origen. Lo que la ley sanciona es el recurso de procedencia ilícita», señaló el legislador, sugiriendo que la clave del caso reside en la capacidad de comprobar de dónde provienen esos recursos.
Juan Manuel Molina también hizo referencia a que los servidores públicos en el Congreso de Baja California están sujetos a constantes revisiones de sus declaraciones patrimoniales.
Según el diputado, la transparencia en sus ingresos —incluyendo créditos y ahorros— debería ser suficiente para esclarecer cualquier duda sobre su capacidad adquisitiva.
Periodista desde diciembre de 2004. Actualmente es Co-director de RadarBC y fotoperiodista en Semanario ZETA.
