La Coepris determinó que el centro de rehabilitación Jireh presenta deficiencias en las condiciones de atención e incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas.
Tijuana. A raíz de un homicidio registrado al interior del centro de rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, autoridades estatales realizaron una revisión del establecimiento. Como resultado de la verificación sanitaria, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades.
La intervención se realizó mediante un operativo interinstitucional apegado al respeto a los derechos humanos, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la COEPRIS.
Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Al momento de la intervención se encontraban personas internadas en el establecimiento, por lo que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.
El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) ofreció el servicio de traslado a las personas internas a otros centros de atención. Ninguna persona fue desalojada.
Durante la verificación se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas. Estos hallazgos dieron lugar a la suspensión del establecimiento, conforme a las atribuciones de la autoridad sanitaria.
La actuación también se llevó a cabo en el contexto de la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido dentro del centro. De acuerdo con la información recabada, la víctima ingresó el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después. El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes.
Como parte de la investigación, el 29 de agosto la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables. El procedimiento penal continúa a cargo de la autoridad competente y bajo el principio de presunción de inocencia.
Las autoridades informaron que la suspensión constituye una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria. Las investigaciones relacionadas con el homicidio y con la portación de arma de fuego continuarán de manera independiente para determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada “Patrulla Espiritual”, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento. El objetivo es garantizar que quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos.
*Comunicado
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