La nueva Ley de Estacionamientos fue impugnada por empresarios que no fueron consultados por el Congreso local.
Mexicali. Un total de 39 plazas comerciales en Baja California presentaron un amparo contra la reforma a la Ley de Estacionamientos, que obliga a los establecimientos a ofrecer un periodo de estacionamiento gratuito de 40 minutos.
La impugnación se originó, según el diputado local Diego Echevarría, porque el Congreso del Estado no consultó a los empresarios ni a los ayuntamientos antes de aprobar la reforma.
Echevarría explicó que, como legislador, él y otros colegas propusieron una ley integral de estacionamientos que incluía varios puntos clave, pero solo se tomó en cuenta una parte.
«De la Ley de Estacionamientos, solamente un punto se tomó en cuenta», declaró el diputado. La reforma que se aprobó fue únicamente para el tiempo de cortesía, que se estableció en 40 minutos.
El legislador señaló que la propuesta original buscaba darle certeza a los usuarios.
«Lo más importante, [es que los usuarios tuvieran] certeza de que si pagas, es por algo», afirmó Echevarría. Esto incluía la obligación para los estacionamientos de proporcionar un seguro de daños y robo, así como seguridad y vigilancia.
«Es decir, que si pagas es porque te van a cuidar tu vehículo, no porque te están rentando un cajón de estacionamiento que, al fin y al cabo, es una obligación del establecimiento comercial proporcionarte cajones de estacionamiento», puntualizó.
El diputado afirmó que los empresarios intentaron dialogar con los legisladores y estaban dispuestos a negociar.
“Ellos estaban pidiendo audiencia con el Congreso del Estado. Nosotros tuvimos una reunión con las plazas comerciales, la mayoría de Tijuana, y dijeron: ‘Sabes qué, sí le entramos, nada más que ocupamos también platicar de algunas situaciones’”, comentó Echevarría.
Los empresarios, incluso, manifestaron estar de acuerdo con la propuesta de 20 minutos de gratuidad que él había presentado, así como con el tema de la seguridad y el seguro contra daños y robo.
Echevarría lamentó que no se les haya dado la oportunidad de participar en el proceso legislativo. “No los invitaron, no los tomaron en cuenta”, enfatizó. La falta de consulta con los ayuntamientos, que son los que deben aplicar la normativa, también contribuyó a la situación actual.
El diputado concluyó que la reforma era “susceptible de amparos” precisamente porque no se realizó el proceso adecuado de consulta.
Periodista desde diciembre de 2004. Actualmente es Co-director de RadarBC y fotoperiodista en Semanario ZETA.
