¿Protección ambiental o greenwashing político? Columna de opinión
La propuesta para declarar Área Natural Protegida el sistema lagunar Xochimilco-Campestre-México, representa una demanda histórica que durante años ha sido impulsada por personas y colectivos que han defendido estos humedales frente al abandono institucional y la presión inmobiliaria. No es una idea nueva ni un descubrimiento reciente, pues desde hace años existen antecedentes de solicitudes ciudadanas y documentos oficiales que reconocen este sistema lagunar como un área prioritaria para la conservación.
Sin embargo, resulta inevitable preguntarse por qué hoy aparecen encabezando esta iniciativa organizaciones que históricamente han mantenido una relación cercana con la partidocracia, el sector empresarial y los gobiernos en turno que privatizaron el agua, mientras permanecen ausentes quienes realmente han construido un trabajo territorial permanente en defensa de las lagunas. La ausencia más obvia siendo la del grupo Salvemos las Lagunas, quienes han documentado afectaciones, denunciado rellenos, realizado monitoreo ciudadano y sostenido durante años que la defensa del sitio debería ocupar un lugar central en cualquier proceso de conservación ambiental de la región.
Invisibilizar ese trabajo para presentar una nueva narrativa encabezada por asociaciones con mayor acceso mediático reproduce una práctica muy recurrente: la de institucionalizar las luchas cuando ya resultan políticamente rentables, desplazando a quienes las sostuvieron cuando nadie más estaba presente.
También genera legítimas dudas que esta iniciativa sea presentada de la mano del PAN en Baja California.
No puede olvidarse que fue durante un gobierno panista cuando se impulsó la llamada Ley del Agua de Baja California (2016-2017), una reforma ampliamente rechazada por la sociedad en general debido a la intención encubierta de los gobiernos por abrir la puerta a una mayor participación privada en la gestión del agua y por debilitar el carácter público de este derecho. Aquella iniciativa detonó una de las movilizaciones sociales más importantes en la historia reciente del estado.
El llamado greenwashing no consiste solamente en campañas publicitarias «verdes». También puede expresarse políticamente por medio de ese ambientalismo institucional que privilegia la restauración de la imagen de gobiernos y empresas antes que la transformación de las relaciones sociales que producen el deterioro ambiental. ¿Se protege un humedal, pero no se cuestiona el modelo urbano que lo destruye?
Por lo anterior las preguntas son inevitables: ¿por qué confiar en que los mismos actores políticos que promovieron un modelo de gestión del agua ampliamente cuestionado sean ahora los garantes de la protección del humedal urbano más importante de Mexicali? ¿La memoria política no forma parte de la conservación ambiental?
Así como la protección del territorio no puede construirse sobre el olvido de quienes impulsaron políticas que la ciudadanía consideró contrarias al interés público, la ciencia, a pesar de ser indispensable para proteger los humedales, no debe convertirse en un sustituto de la organización comunitaria. Los datos biológicos justifican la conservación, pero la legitimidad democrática proviene de quienes han habitado, defendido y construido memoria alrededor de ese territorio.
Si realmente existe voluntad para proteger el sistema lagunar, el proceso debe comenzar reconociendo la historia completa de la lucha de Salvemos las Lagunas, incorporando a los colectivos que la iniciaron y garantizando un mecanismo abierto donde participen principalmente lxs vecinxs del lugar, investigadores legitimadxs por los colectivos, organizaciones comunitarias y usuarixs del espacio. De lo contrario, existe el riesgo de que la conservación termine administrada desde las mismas élites políticas y empresariales que durante décadas han permitido el deterioro del sitio.
