IMPERIAL — Los integrantes de la Mesa Directiva del Colegio del Valle Imperial adoptaron de manera unánime una resolución por la cual garantizan defender los derechos de todos los estudiantes sin importar su raza, etnicidad o estado migratorio.
La resolución, adoptada la noche del jueves 16 de febrero pasado, establece que su personal administrativo y académico apoyo a valora el objetivo de la institución de proporcionar oportunidades educativas de alta calidad para que todos sus alumnos se vean beneficiados sin importar su raza, origen étnico, pasado, origen nacional, estado migratorio, religión, edad, sexo, identidad de género, condiciones médicas o discapacidad.
La resolución 17187 fue votada a favor por los siete miembros de la mesa directiva, luego de haber sido presentada por Juanita Salas y respaldada por Louis Wong.
“La Resolución busca garantizar a todos los estudiantes del Colegio del Valle Imperial que estamos aquí para protegerlos a ellos y a sus derechos”, dijo en un comunicado de prensa el Superintendente y Presidente del Colegio, Víctor Jaime.
De acuerdo a la institución, el colegio tiene como objetivo educar a sus alumnos, siendo incluyente y respaldando la diversidad del alumnado, además de proveer un medio ambiente académico que proteja a los estudiantes de presiones o acciones invasivas que pudieran impactar su preparación.
El colegio dijo estar en cumplimiento de leyes federales y estatales, como la que regula la privacidad de los documentos de los estudiantes y la que garantiza pago de colegiaturas locales a alumnos indocumentados.
“El Distrito apoya el programa de Acción Diferida a Menores Migrantes (DACA en inglés) que provee impedimento temporal de deportación a quienes fueron traídos a este país siendo niños”, establece el documento.
Luego, los directivos continuaron: “El distrito cree que ni California ni los Estados Unidos prosperarán sin dar respeto, oportunidades y respaldo a su población diversa”.
Con el resolutivo, los funcionarios locales dieron su apoyo a la postura de la Junta de Gobierno de los Colegios Comunitarios de California, que en fechas recientes adoptó una medida similar.
La resolución solicita al Superintendente a garantizar que sus alumnos reciban el respaldo y la ayuda de la institución para sentirse seguros y con bienestar.
Además, Jaime deberá hacer todo lo posible por evitar el ingreso de agentes federales, actuar a nombre de las agencias federales para vigilar el cumplimiento de las leyes migratorias o compartir documentos con agencias federales sobre el estado migratorio o ciudadanía del alumnado, mientras que la seguridad colegial no deberá participar de manera voluntaria en programas migratorios.
El colegio también rechaza cualquier intento federal por crear un registro de individuos basado en características como religión, origen nacional, raza o identidad sexual.
El resolutivo debe ser compartido con legisladores, líderes comunitarios y organizaciones.
El 5 de diciembre pasado, la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California –que integran 113 colegios- emitió una declaración de principios para el sistema ante la incertidumbre por los cambios en política migratoria de la Casa Blanca tras la llegada de Donald Trump.
Dicha declaración incluye los mismos puntos abordados por la resolución adoptada por los directivos del colegio local.
“Los colegios comunitarios de California están con los estudiantes porque representan algunas de las mejores cualidades que nuestro estado y nación tienen por ofrecer”, indicó en esa fecha el Canciller Eloy Ortiz Oakley.
La postura oficial de los colegios se dio luego que el Canciller sostuviera un encuentro con los líderes de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, quienes enviaron una carta para solicitar a la Casa Blanca permitir la estancia de los beneficiarios del DACA.
“Es vital que estos estudiantes, quienes fueron traídos a este país en la infancia, tengan la capacidad de aprender sin temor a ser deportados”, indicó Ortiz Oakley.
Lanzan nuevo organismo defensor de migrantes
La tarde de este viernes 24 de febrero, la organización Justice for Our Neighbors ( Justicia para Nuestros Vecinos o JFON en inglés) abrirá sus puertas para dar inicio a sus actividades.
El organismo no lucrativo es parte de una red de 16 sitios a nivel nacional que provee de servicios legales de inmigración a personas de bajos ingresos.
En un comunicado, el JFON indicó que entre sus actividades se encuentran los servicios legales, la educación y la asesoría en casos de asilo, naturalización y para víctimas de violencia doméstica.
El organismo además busca asociarse con inmigrantes para responder a los cambios de políticas y prácticas migratorias.
Además de sus servicios, el JFON realizará actividades como envío de cartas, eventos públicos, llamadas telefónicas, visitas a legisladores y participación en marchas.
El organismo dijo estar a favor de la defensa de la unidad familiar, la protección de trabajadores, el fin de las deportaciones, el camino a la ciudadanía, la vigilancia humanitaria de las fronteras y la protección de menores solos.
El centro se ubica en la esquina de la Calle Octava y Olive de El Centro.
La mesa directiva de JFON es presidida por el Reverendo Ron Griffen.
El evento de inauguración inicia a las 4 de la tarde.
