El Procurador General de los Estados Unidos, William Barr, instruyó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) adoptar una adición propuesta al Protocolo de Ejecución Federal, con la cual se allana el camino para que el gobierno federal reanude la pena capital después de un lapso de casi dos décadas.
Segun la fiscalía federal, con esta decisión se imparte justicia a víctimas de crímenes horribles.
El fiscal general ha ordenado además al director interino del BOP, Hugh Hurwitz, programar las ejecuciones de cinco presos condenados a muerte por asesinato y, en algunos casos, por tortura y violación en contra de niños y ancianos.
“El Congreso ha autorizado expresamente la pena de muerte a través de la legislación adoptada por representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso y firmada por el Presidente”, dijo el Fiscal General Barr.
“El Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado después de un proceso completo y justo”, afirmó Barr.
El fiscal añadió que el Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley.
“Se lo debemos a las víctimas y sus familias para llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, aseguró.
El Anexo del Protocolo de Ejecución Federal, que se asemeja mucho a los protocolos utilizados por varios estados como Georgia, Missouri y Texas, reemplaza el procedimiento de tres inyecciones de drogas letales previamente utilizado en ejecuciones federales con un solo fármaco: pentobarbital.
Desde 2010, 14 estados han usado pentobarbital en más de 200 ejecuciones, y los tribunales federales, incluido el Tribunal Supremo, han confirmado repetidamente el uso de pentobarbital en ejecuciones, de conformidad con la Octava Enmienda.
La fiscalía explicó que el Director Interino de la BOP Hurwitz adoptó la adición propuesta al Protocolo de Ejecución Federal y, conforme a las disposiciones federales, ha programado ejecuciones de cinco personas.
De acuerdo a la procuraduría, cada uno de los reclusos ha agotado sus recursos de apelación posteriores a la condena, por lo que actualmente no existe impedimento legal alguno que evite su ejecución, que tendrá lugar en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, Indiana.
Las ejecuciones adicionales se programarán en una fecha posterior, detalló la procuraduría.
LOS SENTENCIADOS
Daniel Lewis Lee
Miembro de un grupo de supremacistas blancos quien asesinó a una familia de tres, incluida una niña de ocho años.
Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola paralizante, Lee cubrió la cabeza de las víctimas con bolsas de plástico, selló las bolsas con cinta adhesiva, pesó a cada víctima con piedras y arrojó a la familia de tres al pantano de Illinois.
El 4 de mayo de 1999, un jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Este de Arkansas encontró a Lee culpable de numerosos delitos, entre ellos tres cargos de asesinato en ayuda de extorsión, y fue condenado a muerte.
La ejecución de Lee está programada para el 9 de diciembre de 2019.
Lezmond Mitchell
Mató a puñaladas a una abuela de 63 años y obligó a su nieta de nueve años a sentarse junto a su cuerpo sin vida en un viaje de 30 a 40 millas.
Mitchell luego cortó el cuello de la niña dos veces, le aplastó la cabeza con piedras de 20 libras y cortó y enterró las cabezas y las manos de ambas víctimas.
El 8 de mayo de 2003, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Arizona encontró a Mitchell culpable de numerosos delitos, entre ellos el asesinato en primer grado y robo de automóvil que resultó en asesinato, y fue condenado a muerte.
La ejecución de Mitchell está programada para el 11 de diciembre de 2019.
Wesley Ira Purkey
Violó y asesinó a una niña de 16 años, y luego desmembró, quemó y tiró el cuerpo de la niña en una fosa séptica.
También fue condenado en un tribunal estatal por usar un martillo para golpear a una mujer de 80 años que sufría de poliomielitis y caminaba con un bastón.
El 5 de noviembre de 2003, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Missouri declaró a Purkey culpable de secuestrar a un niño que resultó en la muerte del niño, y fue condenado a muerte.
La ejecución de Purkey está programada para el 13 de diciembre de 2019.
Alfred Bourgeois
Fue acusado por tortura física y emocional, abusó sexualmente y luego mató a golpes a su hija de dos años y medio.
El 16 de marzo de 2004, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas declaró a Bourgeois culpable de múltiples delitos, incluido el asesinato, y fue condenado a muerte.
La ejecución de Bourgeois está programada para el 13 de enero de 2020.
Dustin Lee Honken
Disparó y mató a cinco personas: dos hombres que planeaban declarar en su contra y una madre soltera y trabajadora y sus hijas de diez y seis años de edad.
El 14 de octubre de 2004, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa encontró a Honken culpable de numerosos delitos, entre ellos cinco cargos de asesinato durante el curso de una empresa criminal continua, y fue condenado a muerte.
La ejecución de Honken está programada para el 15 de enero de 2020.
CRITICA
El Gobernador de California, Gavin Newsom, condenó este jueves el anuncio del gobierno federal sobre la reanudación de las ejecuciones en las prisiones federales.
“La administración de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al Rey Salman de Arabia Saudita y a (Vladimir) Putin de Rusia en la ejecución de sus ciudadanos”, dijo el Gobernador Newsom.
“El asesinato intencional de otra persona está mal, y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso.
“Ha discriminado a los acusados que son enfermos mentales, negros y morenos o que no pueden pagar una representación legal costosa”, agregó.
De acuerdo al mandatario, la pena de muerte no ha proporcionado beneficio o valor alguno de seguridad pública como elemento disuasivo.
Newsom añadió que se han desperdiciado miles de millones de dólares de los contribuyentes.
“Más que nada, la pena de muerte es absoluta. Es irreversible e irreparable en caso de error humano”, señaló.
El 13 de marzo, el Gobernador Newsom firmó una Orden Ejecutiva impuso una moratoria sobre la pena de muerte en California y clausuró la cámara de ejecución en la prisión estatal de San Quentin.
Desde 1973, un total de 166 presos condenados en todo el país, incluidos cinco en California, han sido liberados de la pena de muerte después de que se los encontró culpables injustamente.
