MEXICALI.- Por considerar que no se implementaron mecanismos para darle seguimiento a las medidas de protección a las mujeres durante la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la organización EQUIS Justicia para las Mujeres ubicó al Poder Judicial de Baja California, junto con el de Guanajuato, como los peor evaluados a nivel nacional.
El informe denominado “(Des) protección Judicial en tiempos de Covid-19” realizado por este organismo, llevó a cabo un análisis de los 32 tribunales estatales para determinar si se contemplaron medidas para atender la contingencia con perspectiva de género, con base en los acuerdos y comunicados emitidos por cada uno.
Entre los criterios que fueron evaluados se encuentran las órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas precautorias en materia familiar, medidas de protección en materia penal, pensión alimenticia, Centros de Convivencia Familiar y las políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria (protección a grupos vulnerables, personas con cargas de cuidado).
En dicho ranking los Estados de Querétaro y Nuevo León fueron los mejor evaluados, al obtener una calificación de 88.1 y 80.7, respectivamente. En contraste, Baja California y Guanajuato se ubicaron hasta el fondo de la lista luego de ser calificados con cero.
Según el organismo, esto se debe a que sus avisos, circulares o acuerdos se limitaron a señalar la suspensión de labores sin establecer medidas para dar continuidad a los servicios jurisdiccionales evaluados.
Por ejemplo, Baja California es uno de los 13 Estados en el país que no establecieron guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar y penal, o al menos no fueron mencionadas en su plan de contingencia laboral.
De igual forma el Poder Judicial bajacaliforniano fue uno de los que no consideró guardias para la emisión de medidas precautorias en materia familiar y penal; o de prevención en caso de violencia familiar, pensión alimenticia y ni siquiera se pronunció sobre la operación de los centros de convivencia durante esta etapa.
Entrevistada al respecto, Maissa Hubert, Subdirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres, explicó que la mala evaluación que obtuvo Baja California se debe a que los avisos emitidos por el Poder Judicial se limitaron a la suspensión de labores, sin establecer medidas para dar continuidad a los servicios evaluados.
“No dan en absoluto una idea de cómo se pueden mantener esos servicios que están siendo considerados como servicios esenciales por cualquier orden de gobierno en cualquier entidad, entonces eso es el principal problema; desde el Poder Judicial no existe información confiable sobre si existen esos servicios o si le están dando seguimiento”, indicó.
Finalmente Maissa Hubert calificó de preocupante la situación, pero aclaró que no podrían determinar si esa situación está provocando un aumento en los casos de violencia en la Entidad, aunque seguramente puede tener un impacto.
Información RadarBC
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