La Presidencia de la República presentó la Acción de
Inconstitucionalidad 128/2021 ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación
(SCJN) en contra del Decreto 289, que transfiere los servicios de agua y
drenaje del Gobierno de Baja California a los Ayuntamientos del Estado.
Dentro del Oficio 1.1621/2021 suscrito por el consejero jurídico
de la Presidencia de México, Julio Scherer, se da cuenta de la decisión
del presidente López Obrador al Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Saldívar
Lelo de Larrea, para tomar los efectos conducentes.

El Oficio indica, además, que dicha Acción de
Inconstitucionalidad se adjunte a las de número 97/2021, 98/2021 y 99/2021,
promovidas por las Sindicaturas del Ayuntamiento de Mexicali, Ayuntamiento de
Tecate y Ayuntamiento de Playas de Rosarito, respectivamente, además de que los
cuatro asuntos se anexionen a la Acción de Inconstitucionalidad 119/2021,
promovida por diversos diputados de la XXIII Legislatura del Congreso del
Estado de Baja California, con lo que todo se acumula en el mismo expediente,
en función de la facultad de acumulación que tiene el Presidente de la SCJN
basándose en el Artículo 69 de la Ley Reglamentaria, que sostiene que se puede
unir «siempre que en ellas se impugne la misma norma».

Por lo tanto, se establece que la Presidencia de la
República Mexicana identificó más violaciones en el Decreto de municipalización
emitido por el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez,
por lo que tanto dicho recurso como el resto presentados por los síndicos y
diputados será analizado y resuelto por parte de los ministros de la SCJN.
Mientras tanto, el Decreto permanecerá suspendido por
parte de la SCJN, por tratarse de un asunto que ya está siendo revisado por los
ministros, y que tendrá incidencia directa en el futuro de Baja California y de
sus más de 3.7 millones de habitantes en siete municipios.
*Comunicado


