Hallazgos de la Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua así como de este equipo de investigación, revelan que Armando Cabada,
presidente municipal de Ciudad Juárez y cuatro de sus funcionarios,
favorecieron con contratos que suman 130 millones 865 mil 397 pesos a sus
amigos, socios y familiares sin que hasta el momento se haya aplicado una
sanción.
Por Jonathan Álvarez y Favia Lucero
Fotografías y video: Favia Lucero
Ilustraciones: Carlos Mendoza
En el transcurso de casi cinco años (2016-2021), el
presidente municipal de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, benefició con
contratos de publicidad oficial por un total de 52 millones 840 mil pesos a la
televisora local Intermedia de Juárez (Canal 44), propiedad de sus padres,
Arnoldo Cabada de la O (1934-20201) y Martha Alvídrez Sáenz; sus hermanos,
Jesús Antonio y Sergio Alberto Cabada Alvídrez, también tienen cargos dentro de
la empresa.
Fuente: Gobierno Municipal,
información obtenida vía INFOMEX
Durante el mismo periodo, el Municipio otorgó otros 19
contratos a cinco televisoras locales por un monto total de 52 millones 039 mil
234 pesos, es decir, que Canal 44 recibió 800 mil 766 pesos más que todas las
televisoras juntas, demostrando así un favoritismo por la empresa de sus
padres.
El Alcalde firmó el primero de seis contratos que se
adjudicaron directamente al Canal 44, en marzo de 2017, por el que se
terminaron pagando 11 millones 50 mil pesos.
El 12 de enero de 2018 se adjudicó un nuevo contrato por
la cantidad de 7 millones 367 mil pesos; este también fue firmado y ratificado
por Armando Cabada.
Instalaciones de Canal
44, empresa de la familia del alcalde Armando Cabada Alvídrez. // Fotografía: Favia Lucero
Después de que la Sindicatura, regidores de oposición y
medios de comunicación informaran sobre este presunto conflicto de interés, el
7 de febrero se aprobó designar al entonces regidor independiente, Carlos Ponce
Torres, para firmar los contratos siguientes.
Esta fue una maniobra legal para evitar el posible
conflicto de interés entre el Alcalde y la empresa de su familia.
Bajo esta nueva modalidad, Ponce Torres, quien
recientemente fue nombrado coordinador de asesores del Alcalde, firmó desde el
3 de octubre del 2018 hasta el 5 de febrero de 2021, cuatro nuevos contratos
que favorecieron al Canal 44, representado legalmente por Jesús Cabada
Alvídrez, hermano del alcalde con un monto total de 34 millones 423 mil
pesos.
A pesar de que Armando Cabada ya no participó en el
proceso de adjudicación de los contratos realizados desde 2018, la Auditoría
Superior del Estado (ASE) de Chihuahua en su Informe Individual de la Auditoría
de Cumplimiento Financiero I realizada a la Cuenta Pública 2019 del Municipio
de Juárez, emitió una observación: una relación empresarial de Carlos Ponce
Torres con dos hermanos del Alcalde.
De acuerdo al Registro Público de Comercio y el acta
constitutiva del 26 de octubre de 2011, la empresa Centro Geriátrico
Especializado, S. A. de C. V., presenta como accionistas a Manuel Alejandro y
Jesús Antonio Cabada Alvídrez, hermanos del Presidente Municipal, y a Carlos
Ponce Torres, lo cual representa una relación comercial directa entre el
funcionario y la familia del Alcalde.
Como respuesta a la Auditoría, Armando Cabada aseguró que
Ponce Torres ya no era accionista y administrador único del Centro Geriátrico
Especializado a través de una copia certificada del Acta de la Asamblea General
Ordinaria de la Sociedad Centro Geríatrico Especializado.
“No obstante, la copia certificada por notario no
constituye una protocolización del acta de la supuesta Asamblea General
Ordinaria, por lo que no es prueba suficiente de la transmisión de acciones por
parte del C. Carlos Ponce Torres”, sostiene la ASE.
Ante ello la ASE promovió un ‘Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa’ en el Tribunal de Justicia Administrativa para
que se continúe con las investigaciones pertinentes y en su caso, se sancione a
los servidores públicos involucrados.
Coordinador de asesores
del Alcalde, anteriormente regidor de la facción independiente, Carlos Ponce
Torres. // Fotografía: YoCiudadano / Favia Lucero
Tanto la familia Cabada como el regidor Ponce Torres no
respondieron a las solicitudes de entrevista.
El auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta
Félix, comentó en entrevista que el Presidente Municipal actuó conforme a la
ley al excusarse de participar en la celebración de los cuatro últimos
contratos con la empresa de su familia.
“Me parece que estrictamente, en la ley se hizo lo
correcto; sin embargo la consecuencia generó otra observación en razón de que
el regidor (Ponce Torres) que firma los contratos también tiene tiene conflicto
de intereses en razón de que participa en algunos negocios con socios de la
empresa Intermedia en otro tipo de actividades mercantiles. Exime al Presidente
Municipal, pero quien firma también tenía presuntamente conflicto de
intereses”, puntualizó Acosta Félix.
Respecto a los primeros contratos de su gestión que sí
firmó, actualmente existe una denuncia interpuesta por el PAN que no ha
registrado avances.
Cabada Alvídrez dejará pronto la Alcaldía para tomar el
cargo de diputado federal plurinominal por el partido Morena, obteniendo así
fuero constitucional de acuerdo al artículo 111 de la Constitución.
El receso de un funcionario para convertirse en
contratista de la ciclovía
Otro caso peculiar de la administración de Cabada, es el
del actual director técnico de Obras Públicas del Municipio de Juárez, Julio
César Vargas Gándara, quien se tomó un receso de la administración pública para
convertirse en contratista del Municipio de Juárez.
Desde Octubre de 2016, Vargas Gándara estaba a cargo de
la dirección de inversión de la Dirección de Evaluación y Planeación,
dependencia encargada de gestionar el Fondo Fronteras del 2017, que contemplaba
el proyecto de la ciclovía.
En febrero de 2017, Vargas Gándara renuncia al cargo y su
constructora CPA Construcciones, Proyectos y Asesorías, es la ganadora de la
licitación para obtener el contrato de la ciclovía que autorizaba 5 millones
526 mil pesos para llevar a cabo la obra, cifra que en su ejecución costó 6
millones 594 mil pesos.
Ciclovía construida por
la empresa de Vargas Gándara, con una estructura en medio que impide la
circulación de los ciclistas. // Fotografía: Favia Lucero
Además de esa obra, Vargas Gándara obtuvo otro contrato
OP-064-2017 para la pavimentación de tres calles en la colonia México 68, por 1
millón 271 mil pesos.
Posteriormente, Vargas Gándara regresó al servicio
público el 20 de octubre de 2018, esta vez en el puesto de Director Técnico de
Obras Públicas de Juárez, dependencia que licitó las obras para las que él fue
contratado.
Sobre un posible conflicto de interés, el director de
Obras Públicas, Francisco Javier Arroyos Salgado dijo a este equipo lo
siguiente:
“Yo he tenido mucha comunicación, él en Planeación y yo
en Obras Públicas (…) yo no le veo ningún tipo de interés porque al final de
cuentas se tiene que buscar la manera de subsistir”, afirmó.
Arroyos Salgado recibió la obra de ciclovía cuando este
era Director de Edificación. Tanto las firmas de Arroyos como de Vargas Gándara
aparecen en el acta de entrega-recepción de la obra.
Para Cynthia López, representante de los colectivos
ciclistas Fixibeat y Bicicleta Blanca Juárez y quien además fue nombrada
‘Alcaldesa de la Bicicleta’, la ciclovía está llena de baches y en abandono
total.
“Está lleno de obstáculos, no solo la basura, sino que
hay topes a la mitad de la ciclorruta, las vialetas se han caído. Ese es otro
de los grandes problemas que tenemos en la ciudad que se hace la obra y no se
le asigna presupuesto para el mantenimiento y ha pasado en todas las
ciclorrutas, que de nada sirve que estén segregadas si va a haber obstáculos
atravesados, de nada sirve que se hagan si no se hacen bien porque es un riesgo
que un ciclista ande en una ciclorruta así”, puntualizó.
Tramo en malas
condiciones de la ciclovía en la calle Ignacio Mariscal.
Fotografía: Favia
Lucero
El Director General de Obras Públicas, comentó a este
equipo desconocer las condiciones actuales en las que se encuentra la ciclovía,
pues de acuerdo con su versión, la dependencia encargada del mantenimiento es
la Coordinación de Seguridad Vial.
La ley vigente de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua contempla que los proveedores que
estuvieron en un cargo público hasta un año antes, no podrán celebrar contratos
con el gobierno. Sin embargo esta reforma llegó hasta 2018, un año después de
que las obras de ciclovía y pavimentación de calles fueran llevadas a
cabo.
Lanza clínicas móviles dando a sus socios 30 millones en
contratos
De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de
Chihuahua, René Carrasco Gómez, director general de Centros Comunitarios,
otorgó más de 30 millones de pesos a las empresas Electrónica Médica K. U. K.
O. para la cual él trabaja, y a Electromédica Tesla, cuyos dueños también
participan como accionistas en la primera empresa.
El conflicto de interés está basado en la relación del
cargo que ocupa Carrasco Gómez como Secretario del Consejo de Administración de
la empresa Electrónica Médica K. U. K. O.
Dicha empresa es propiedad de Miguel Ángel González
Portillo y Refugio González Paredes, este último también es accionista en la
empresa Electromédica Tesla.
Según el informe financiero de la ASE: “René Carrasco
Gómez, quien intervino en el proceso de contratación, tiene un conflicto de
interés de negocios con los ciudadanos Refugio González Paredes y Miguel Ángel
González Portillo quienes forman parte de la empresa Electromédica
Tesla”.
A Tesla se le pagaron 14 millones 915 mil 147 pesos por
la venta de 3 vehículos Mercedes Benz Sprinter Cargo Van modelo 2019, equipados
con insumos para convertirse en clínicas móviles (dental, oftalmológica y de
atención a la mujer).
Usuaria espera a ser
atendida en clínica móvil. // Fotografía Favia Lucero
La Auditoría Superior también encontró que se adjudicó un
contrato a Electrónica Médica K. U. K. O., empresa en la que trabaja Carrasco
Gómez y que recibió 1 millón 489 mil 300 pesos para proveer equipo de
consultorios dentales a la Dirección de Centros Comunitarios.
Por lo anterior, se inició un procedimiento de presunta
responsabilidad administrativa para cada uno de los casos descritos
anteriormente.
El auditor superior, Héctor Alberto Acosta Félix, señaló
que entre las probables sanciones a las que Carrasco Gómez se haría acreedor es
la suspensión temporal del empleo, la destitución del cargo, la inhabilitación
para ejercer cargos públicos y sanciones económicas.
Estos casos señalados por la ASE no son los únicos en
donde la dependencia encabezada por Carrasco Gómez adjudicó contratos a
personas con las que guarda una relación de negocios.
En agosto de 2020 se contrató a Refugio González Paredes
como proveedor particular para vender un mastógrafo al Municipio por 5 millones
793 mil 102 pesos. Cabe recordar que Refugio Paredes es accionista de
Electrónica Médica K. U. K. O.
Otro de los hallazgos de este equipo demuestra que dos
procesos de licitación pudieron haberse simulado para que siempre resultara
ganadora una de las empresas con las que Carrasco Gómez tiene relación.
La licitación del contrato DCA/DGCC/102/2019 para la
compra de equipo médico dental tuvo como participantes a la empresa Electrónica
Médica K. U. K. O. y a José Arturo Rafel García Chávez, este último es a su vez
accionista de K. U. K. O.
En el segundo caso, el de la adquisición de las clínicas
móviles, se trató de una licitación pública, no obstante la única concursante y
posterior ganadora fue Electromédica Tesla.
Mientras que en un tercer caso en el 2017 también se
encontró esta probable simulación de licitación. En esta ocasión fue por medio
de la modalidad de “invitación a tres proveedores”. Los proveedores invitados
fueron: Electrónica Médica K. U. K. O., Margarito Mercado Sifuentes y Rafael
González Paredes, quien también es accionista de K. U. K. O., empresa que ganó
la licitación.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Chihuahua en su artículo 70 considera como colusión cuando los
particulares acuerdan celebrar convenios, contratos, arreglos o combinaciones
entre competidores; por lo que, en caso de comprobarse la simulación de estas
licitaciones, la ley la contempla como un falta administrativa.
Fuente: Gobierno Municipal, información obtenida vía INFOMEX
Para Rita, una mujer de la tercera edad que vive en la
periferia de Ciudad Juárez, las clínicas móviles representan acceder a
servicios de salud en un área de la ciudad en donde es difícil encontrar
atención médica gratuita.
“Sí está bien que presten un servicio así, ahorita con la
situación pues sí sirve de mucho, ya ve que con esta situación de la pandemia
pues estamos muy pobres”, comentó.
Sin embargo, la atención médica que se da en las clínicas
móviles es itinerante, lo que quiere decir que Rita tendrá que esperar semanas
para poder acudir nuevamente a consulta médica en tanto los vehículos regresan
a su colonia.
Tanto René Carrasco, como los representantes de las
empresas Electrónica Médica K. U. K. O. y Electromédica Tesla, se negaron a dar
declaraciones al respecto.
René Carrasco Gómez, se
negó a dar declaraciones. // Fotografía Favia Lucero
Carrasco Gómez solo aseguró que las observaciones
realizadas por la Auditoría Superior habían sido solventadas, no obstante, el
auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta Félix, desmintió el dicho
del Director de Centros Comunitarios.
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas
establece que existe un conflicto de interés cuando una persona interviene,
participa o tramita un asunto en el cual tiene un conflicto de interés
personal, familiar o de negocios, en este caso lo que estamos detectando es que
este servidor público debió abstenerse en la firma de los documentos del
proceso licitatorio y de adjudicación con la empresa beneficiada (…) la
observación no fue solventada, tan no fue solventada que se puede consultar en
el informe de la auditoría”, sentenció el auditor superior.
Los contratan para recaudar, no lo hacen y se van con 41
mdp en la bolsa
El último caso documentado en este trabajo, corresponde a
la contratación de las empresas Castro Villarreal Asociados y Consultoría
Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret la cuales fueron contratadas por el
Municipio de Juárez a cambio de servicios de contaduría de los cuales no hay
evidencia, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
El gobierno de Juárez pagó más de 41 millones de pesos por
trabajos que no fueron comprobados, por lo que la ASE interpuso una denuncia de
hechos ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Chihuahua el 19 de abril de
2021.
El 01 de octubre de 2018 la tesorería municipal, a cargo
de Gerardo Ronquillo Chávez, contrató a Castro Villarreal Asociados por medio
de adjudicación directa. Dicha empresa tiene su sede en la Ciudad de
México.
Gerardo Ronquillo Chávez,
se negó a dar declaraciones. // Fotografía Favia Lucero
El objeto del contrato era la recuperación de pagos del
rezago del Impuesto Predial de los años anteriores y posteriores a 2013; lo que
significaba un universo de 350 mil 387 cuentas. Por este concepto se pagaron 38
millones 544 mil 365 pesos.
La Auditoría Superior señaló que esta empresa no contaba
con la capacidad de operación para realizar tales gestiones, pues solo contaba
con dos vehículos para visitas domiciliarias y dos líneas telefónicas, mientras
que el contrato estipulaba que debían de contar con un call center. Otra de las
observaciones realizadas por la ASE fue que el monto contratado no estaba
aprobado en el Presupuesto de Egresos.
Una última observación fue que la empresa no presentó la
evidencia del trabajo realizado, pues el contrato estipulaba la entrega de
reportes mensuales, sin embargo, la tesorería del Municipio de Juárez no
contaba con ellos.
Al respecto el auditor superior, Acosta Félix comentó
“nos llama mucho la atención que cuando solicitamos el soporte que justifica
los pagos realizados, en lugar de entregarnos los reportes, la tesorería fue a
solicitarlos al despacho, cuando en la práctica debería de haber obrado desde
antes de la auditoría, lo que nos indica que no hay evidencia de que el
servicio se haya realizado”.
Por otro lado, la empresa Consultoría Fiscal y
Gubernamental G2 y Bouret originaria del Estado de México, obtuvo un contrato
en 2019 para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta de la administración
municipal. Sin embargo, esta contratación era improcedente pues de acuerdo con
el auditor superior, esta es una devolución automática que se le hace a los
municipios. El pago que recibió la empresa fue de 2 millones 923 mil 464 de
pesos.
Contrataciones como las que hizo el Municipio de Juárez
para la recuperación del ISR, se repiten en otros 3 municipios del estado de
Chihuahua, dio a conocer el auditor superior. Estos municipios son Guachochi,
que también contrató a esta consultoría, Cuauhtémoc y el municipio de Manuel
Benavides. Por estos casos, también se interpusieron denuncias de hechos.
Se encontró que los dueños de esta consultoría son dos
exfuncionarios del Estado de México: Agustín González Cabrera y Pedro Alberto
Bouret Jiménez, quienes desde 2013 a 2017 trabajaron en la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria. El primero como titular y el segundo como subdirector de
Vinculación Interinstitucional.
González Cabrera contendió en las elecciones del 06 de
junio por la alcaldía del Municipio de Lerma en el Estado de México,
representando al partido Morena y al Partido del Trabajo bajo la coalición
“Juntos Haremos Historia”. Él actualmente mantiene una pugna legal por el
resultado de los comicios en ese municipio.
Agustín González en actos
proselitistas, no respondió a la solicitud de entrevista. Imagen tomada
de la página de Facebook de Agustín González
Al igual que los accionistas de estas empresas, quienes
se desempeñan como contadores públicos en el centro del país, el titular de la
tesorería municipal de Juárez también tiene un despacho contable, Ronquillo y
Asociados. Gerardo Ronquillo mantiene una relación de amistad en su cuenta de
Facebook con Pedro Alberto Bouret y este a su vez con Agustín González Cabrera.
Para Sergio Meza de Anda, director de la organización
civil Plan Estratégico de Juárez, la administración municipal encabezada por
Armando Cabada Alvídrez ha simulado legalidad en muchas de sus operaciones.
“Son actos con la intencionalidad profunda de desfalcar a
la ciudad, esta administración ha resultado ser una maestra en el acto de
simular la legalidad (…) es una intencionalidad clara de no querer recuperar
la cartera vencida y de ver todas las circunstancias como oportunidad para
sacar algo”, puntualizó.
Favia Lucero
