Daryela cumplió con lo que le exigió la autoridad, llamó al 911, presentó las denuncias y aun así, fue ignorada por la política de simulación, hoy es una más de las estadísticas de feminicidio
Por Cristian Torres Cruz
El 22 de junio de 2022, Daryela alrededor de las 19:20 horas llamó al 911, se encontraba trabajando en una tienda departamental cuando 2 personas intentaron ingresar al lugar para matarla.
“Esto era solo una advertencia, después regresaremos a 8 matarte porque ya nos pagaron”, afirmaron los agresores antes de disparar en dos ocasiones y posteriormente se retiraron.
El 2 de julio, Daryela acudió al Módulo de Justicia Alternativa en donde presentó la denuncia en contra de su agresor quien quería privarla de la vida.
Señaló que se había separado de su pareja 4 meses atrás luego de vivir en unión libre por 6 años en los que sufrió diferentes niveles de violencia por parte de su agresor.
El día que le dispararon, su pareja había acudido a la tienda para advertirle que tenía que volver con ella o acabaría con su vida.
“Ya te encontré, salte de trabajar, regresa conmigo porque si no te voy a mandar a matar”.
Pese a que se giraron medidas de protección, su agresor nunca fue notificado, incluso la investigación sobre su intento de asesinato inició 3 días después de que ya había perdido la vida.
Entre las medidas que se tenían que cumplir, era que agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tenían que acudir diariamente a su domicilio para realizar rondines de vigilancia, el primero se realizó hasta el 18 de junio y solo acudieron otras 5 ocasiones con intervalos de una semana.
La víctima fue citada para valoración psicológica el 23 de septiembre, sin embargo, cambiaron la fecha sin previo aviso por lo que la Daryela no pudo acudir, situación que al personal de la FGE no le importó y no volvieron a contactarla para una nueva fecha.
El 13 de julio, Daryela volvió a llamar al 911 para reportar que su agresor estaba realizando visitas a su domicilio a pesar de contar con una orden de restricción, casi una hora después de su llamada, dos agentes de la DSPM arribaron al lugar, sin embargo, no intentaron localizar al agresor.
El 15 de julio, la joven volvió a llamar al 911 informando que su agresor nuevamente la había molestado dando seña del vehículo en el que viajaba, nuevamente un agente municipal acudió al lugar pero tampoco intentó localizar al agresor.
El 2 de enero del 2023, Daryela volvió a solicitar auxilio al 911 luego de que su ex pareja la había amenazado de muerte, al llegar la unidad, le pidió a la joven presentar la denuncia correspondiente.
El 15 de enero, alrededor de las 3 de la tarde se recibió una llamada al 911 reportándose una persona lesionada con arma blanca en el domicilio de la pareja de Daryela.
Cuando llegaron los agentes municipales, encontraron al agresor cubierto de sangre, le había quitado la vida a Daryela luego de recibir varias heridas punzocortantes en el cuello.
Al menos había tres carpetas de investigación que no fueron atendidas por la FGE, las múltiples llamadas al 911 pidiendo auxilio y la falta de interés de la DSPM de atender las medidas de precaución que se giraron en su contra, el Estado le falló a Daryela.
Pese a que la fiscal del estado, María Elena Andrade y la propia gobernadora afirmaron que aceptaran la recomendación 08/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para evitar la repetición del hecho, la realidad es que esto ya había ocurrido.
El 24 de septiembre en Ensenada, Lucero Rubí Ojeda Huerta fue asesinada por su ex pareja en el Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero.
La joven fue agredida y privada de su libertad por su agresor quien pese a ser detenido, pagó una multa de mil 500 pesos ante un juez calificador quien finalmente lo liberó.
Rubí había denunciado en varias ocasiones violencia intrafamiliar, por lo que contaba con medidas de restricción que no se cumplieron.
Dos días antes de que Pedro “N” le quitara la vida a Rubí, la había llevado a una playa en donde la retuvo hasta las 4 de la tarde en donde la atacó física y sexualmente, incluso le metió la pistola en la boca.
Cuando recobró su libertad, reportó los hechos ante la delegación municipal quien detuvo a pedro pero finalmente lo libertó
En cuestión de horas, como represalia, Pedro localizó a Rubí quitándole la vida y posteriormente se suicidó.
La CEDH informó que tiene al menos otros 3 expedientes de queja que concluyeron en feminicidio en 2023 y uno más del 2024.
Además de que se tienen 58 quejas por mal actuar de las autoridades en delitos relacionados con violencia de género en lo que va del año, 18 más que los reportados en 2023.
Pese a que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que su gobierno mantiene una política feminista, los resultados le juegan en contra.
En lo que va de este 2024 hasta el corte de agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en su último informe señaló que Baja California tiene el segundo lugar con mayor número de homicidios dolosos contra mujeres.
Del periodo de enero a agosto del 2024, se han presentado 189 homicidios, solo debajo de Guanajuato que presenta235.
Sin embargo, en el juego de números, la Fiscalía General del Estado solo ha clasificado como feminicidio 23 de estos, poco más del 12 por ciento del total.
Con estas cifras maquilladas, la entidad se encuentra en el lugar número 8, superado por otras entidades que pese a tener menos homicidios registran más feminicidios.
A 3 años de la implementación de la alerta de género, el nivel de cumplimiento no alcanza el 60 por ciento, sin embargo, las medidas que se han tomado hasta el momento no han mejorado el panorama de violencia contra la mujer.
De enero a septiembre, 16 mil 846 mujeres fueron víctimas de algún delito relacionado con violencia de género, 5 mil 854 tan solo en Mexicali.
Periodista desde diciembre de 2004. Actualmente es Co-director de RadarBC y fotoperiodista en Semanario ZETA.
