José Gaytán, de 47 años y Sonia Murillo, de 51, acusados relacionados con la Iglesia Ministerios del Valle Imperial, se declararon culpables de cargos de tráfico laboral ante un tribunal federal este jueves, al admitir que participaron en una conspiración de trabajo forzado, informó la Fiscalía de los Estados Unidos.
Gaytán y Murillo fueron acusados previamente junto con otras diez personas por cargos de haber retenido participantes de un programa de ayuda en contra de su voluntad, obligar a los estos participantes a entregar sus prestaciones de bienestar público y mendigar para el beneficio financiero de los líderes de la iglesia.
Tanto Gaytán como Murillo admitieron haber conspirado con los otros acusados para beneficiarse financieramente de la conspiración de trabajo forzado.
La fiscalía agregó que tanto Gaytán como Murillo aceptaron el Pastor Víctor González instruyó a todos los directores a cargo de las propiedades de la iglesia para que atornillaran o clavaran las ventanas y mantuvieran las puertas cerradas desde adentro para evitar que los participantes de IVM pudieran huir.
Gaytán agregó que González y otro líder de IVM le dijeron que era necesario continuar reclutando participantes en la iglesia IVM y evitar que se fueran para aumentar los ingresos de recaudación de fondos en beneficio de la organización.
De acuerdo a la procuraduría estadounidense, Murillo implicó a otros acusados quienes presuntamente la castigaron por permitir que los participantes de IVM huyeran.
Tanto Gaytán como Murillo agregaron que varios coacusados les habían ordenado que instruyeran falsamente a las participantes femeninas que los Servicios de Protección Infantil se llevarían a sus hijos o no se los devolverían si dejaban IVM.
De acuerdo a las autoridades, Imperial Valley Ministries operaba una iglesia no confesional con oficinas principales en El Centro, la cual había abierto aproximadamente 30 iglesias afiliadas en México y ciudades como Los Ángeles, Santa Ana y San José, California; Las Vegas, Nevada; Phoenix, Arizona y Brownsville, Texas.
El propósito expreso de IVM es “restaurar” a los drogadictos en hogares grupales de rehabilitación en la fe y recuperar dinero para abrir iglesias en otras ciudades para ampliar sus actividades.
Además de su iglesia y oficina principal, IVM posee y opera dos hogares grupales para mujeres y un hogar grupal para hombres en el área de El Centro.
Imperial Valley Ministries también operaba casas en Calexico y Chula Vista.
La fiscalía detalló que muchos participantes fueron reclutados desde fuera de El Centro, incluido San Diego, y tan lejos como Texas.
Los miembros de IVM supuestamente indujeron a los participantes a acompañarlos para recibir comida y refugio gratis con la falsa promesa de que se les proporcionarían recursos para regresar a sus hogares.
Sin embargo, muchos participantes, incluidos aquellos que no requieren servicios de rehabilitación, afirmaron que más tarde fueron retenidos en propiedades de IVM contra su voluntad.
La acusación formal alega que todos los acusados confiscaron documentos de identificación para evitar que los participantes de IVM dejaran la iglesia y para mantener su trabajo.
Los líderes de IVM registraban a los participantes en los hogares grupales de la iglesia, donde se les exigía firmar acuerdos para cumplir con las reglas, que contemplaban nunca salir de la casa sin compañía y entregar sus identificaciones y artículos personales.
Tanto Gaytán como Murillo admitieron que ayudaríam a cumplir las reglas de IVM al registrar de nuevos participantes, de quienes obtenían y usaban sus tarjetas de Transacción de Beneficios Electrónicos obtenidas a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y exigía a los participantes a apoyar las actividades de la organización.
Gaytan y Murillo también declararon culpables de un delito separado de Fraude de Beneficios basados en su adquisición desautorizada de beneficios del programa SNAP de terceras personas, en violación de las Regulaciones de Cupones de Alimentos.
Gaytan presentó su declaración de culpabilidad ante la Jueza Magistrada Linda López y Murillo presentó su declaración de culpabilidad ante el Juez Magistrado estadounidense FA Gossett.
El juez del distrito estadounidense Barry Ted Moskowitz sentenciará a ambos el 5 de mayo de 2020.
Los acusados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión y multa de medio millón de dólares por ambos delitos.
