El Gobierno Federal de los Estados Unidos reaccionó luego de que el Gobernador de California, Jerry Brown, promulgara una ley que declara al estado como un santuario para los inmigrantes.
El Director en funciones de la oficina de Vigilancia Migratoria y Fronteriza (ICE), Tom Homan, informó que a la agencia no le queda otra opción que realizar arrestos masivos en vecindarios y lugares de trabajo.
Esto, apuntó el funcionario federal, llevará de manera inevitable a arrestos colaterales adicionales en lugar de enfocarse en las cárceles y prisiones dónde los operativos son más seguros para los oficiales federales y la comunidad.
El funcionario federal añadió que la medida implementada en California llevará a internar a las personas detenidas en el estado en prisiones foráneas y lejos de los familiares que pudieran tener que la entidad.
Este jueves, el Gobernador Brown firmó un paquete de 11 iniciativas de ley con las que el estado busca aumentar la protección de inmigrantes en viviendas, escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos.
“Esta acción protege la seguridad pública y garantiza que los trabajadores que contribuyen al Estado sean respetados”, indicó el mandatario estatal.
Entre las medidas firmadas por el mandatario estatal se encuentra la iniciativa SB 54 del senador Estatal, Kevin de León, un Demócrata de Los Ángeles, la cual impide a las corporaciones policíacas trasladar personas detenidas al Gobierno Federal con base en cuestiones migratorias.
De acuerdo al funcionario federal la decisión de Brown de firmar el proyecto de ley y convertir al estado en un santuario de inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que han cometido crímenes, aminora la seguridad pública e impide a la agencia desarrollar su misión establecida por la ley.
“El gobernador está simplemente en un error”, dijo Homan.
El director apuntó que la SB 54 afectará las operaciones de la agencia en el estado al eliminar la cooperación y comunicación con las agencias policiacas locales.
La medida también prohíbe a las corporaciones policíacas locales y estatales a realizar contratos con el Gobierno Federal para internar a detenidos.
El Procurador General de California, Xavier Becerra, felicitó a la legislatura y al gobernador por su trabajo en la promulgación de la también conocida como Acta de Valores de California.
“California está determinada utilizar todo su talento y energía que la ha convertido en el motor económico del país y la sexta economía más grande del mundo”, consideró Becerra, quien aseguró que habrá de defender la nueva ley californiana.
La medida fue vista también con buenos ojos por organismos como el Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego.
Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo México Estados Unidos del Comité de Servicio de Amigos Americanos, expuso que como comunidad fronteriza donde hay más oficiales de inmigración que elementos policiacos locales, esta medida es importante para proteger a los miembros de la comunidad.
“El Acta de Valores de California reafirma el compromiso del estado en valorar y proteger a todos sus residentes sin importar de lugar de donde vengan y envía un poderoso mensaje de inclusión a toda la nación”,
consideró Ríos.
Jenny Pasquarella, directora de Derecho Inmigrante de la Unión Americana de Libertades Civiles de California (ACLU), expresó que con su firma el gobernador Brown reconoce la voz y los puntos de vista de los californianos en todo el estado, quienes han trabajado día y noche para garantizar que el presidente Trump no convierta a las agencias policiacas estatales y locales de California en una fuerza de deportación en nacional.
“Este día, California se coloca en el lado correcto de la historia”, expuso la activista.
Cabe recordar que la controversial medida tomará efecto hasta el 1 de enero próximo.
Homan aseguró que el proyecto de ley se convierte en un escudo para inmigrantes que deben ser deportados y crea un nuevo imán para los inmigrantes indocumentados a expensas de la seguridad de la población que busca proteger.
El director aclaró que a pesar de los problemas que la ley le origina, la agencia federal mantiene su compromiso con la misión hacia la seguridad pública y seguirá trabajando en el deber juramentado de buscar a inmigrantes criminales peligrosos y otros violadores de las leyes migratorias.
Homan señaló que la corporación federal seguirá buscando la cooperación de todos los alguaciles y funcionarios locales electos.
Otro de los proyectos de ley firmados por el gobernador es la iniciativa ABe 699 del asambleísta Patrick O'Donnell, la cual restringe el acceso de oficiales federales en las escuelas del estado.
Esta medida fue vista con buenos ojos por la Asociación de Maestros de California, cuyo presidente Eric Heins, calificó como una aportación para convertir a las escuelas de California así como a las instalaciones públicas en sitios seguros para los inmigrantes.
El asambleísta Estatal por el distrito 56 de California, Eduardo García, aclarró que la medida SB 54 no impide al Gobierno Federal a hacer cumplir la ley migratoria de manera autónoma en el estado, sino que simplemente se limitan los recursos de seguridad pública locales para cumplir con este fin.
El proyecto de ley frenará a los oficiales policíacos del estado a investigar interrogar, detener, detectar o arrestar personas por motivos migratorios.
De acuerdo a García, la nueva ley no se convierte en un escudo protector de inmigrantes criminales, sino que reconoce la distinción entre estos y los inmigrantes trabajadores que cumplen con la ley.
Según el legislador estatal, la nueva ley ayudará a mejorar la relación entre los residentes y los oficiales policiacos.
Otro de los proyectos aprobados por el gobernador del estado es el proyecto AB 291 que protege a las personas que rentan apartamentos o residencias de amenazas de deportación, intimidación y venganza.
