El Senador Estatal Benjamín Hueso, representante del Distrito 40, presentó un proyecto de ley con la que busca detener las estafas ilegales de llamadas telefónicas conocidas como “falsificación de vecinos”.
A través de este tipo de artimañas, los estafadores intentan engañar a los consumidores para que respondan a las llamadas de impostores quienes se hacen pasar por personas locales.
La propuesta SB 208 establece una fecha límite para que los proveedores de telecomunicaciones tomen las medidas necesarias para detener estas estafas ilegales, al tiempo de garantizar que la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) colabore con la Oficina del Fiscal General de California para respaldar las acciones contra estos actos ilegales.
Cada vez más, los estafadores están utilizando sistemas de telecomunicaciones para realizar actividades fraudulentas, como impostores, cobro de deudas y estafas de robo de identidad, dijo el legislador.
A pesar de los intentos de las agencias federales y el Congreso para prohibir las llamadas ilegales, el número de este tipo de llamadas ilegales ha aumentado.
En 2017, los estadounidenses recibieron más de 30 mil millones de llamadas automáticas, y los expertos estiman que entre el 30 y el 40 por ciento de estas llamadas fueron estafas.
También en 2017, los casos de fraude generaron la mayor cantidad de denuncias de consumidores a la Comisión Federal de Comercio (FTC).
De acuerdo a dichos reportes, los consumidores perdieron más de 900 millones de dólares en estos casos de fraude y el 70 por ciento de estos casos se produjeron por teléfono.
Según la FTC, los consumidores de California generaron la mayor cantidad de informes de consumidores en 2017, y el estado tuvo la tercera tasa más alta de robo de identidad en la nación.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reconoció que la identificación de la persona que llama o “suplantación de identidad de vecinos” es clave para hacer que las estafas de llamadas telefónicas funcionen.
Estas llamadas falsas eluden los sistemas de identificación de llamadas al usar sistemas de marcación para simular ser un número de teléfono local que incluye el mismo código de área y los tres primeros números del número de teléfono personal del consumidor.
Además de falsificar números de teléfono que aún no existen, los estafadores también falsifican números de teléfono de agencias gubernamentales, empresas de servicios públicos y particulares para realizar actividades fraudulentas.
“Los estafadores utilizan la suplantación de identidad como medio para garantizar que los consumidores respondan a sus llamadas”, destacó el Senador Estatal Hueso.
El legislador afirmó que si bien los consumidores pueden contestar estas llamadas esperando hablar con un amigo, familiar o empresa local, con frecuencia reciben un mensaje automatizado de un sistema de llamadas telefónicas que intenta defraudarlos y robar información personal.
Un grupo de trabajo de 2016 convocado por la FCC sugirió implementar un sistema que garantice que las personas que llaman no estén falsificando números para eludir los sistemas de identificación de personas que llaman.
Este sistema se conoce como identidad de telefonía segura revisada y manejo seguro de información confirmada mediante el uso de una serie de protocolos.
Además de limitar las llamadas falsas, la implementación de estos protocolos puede ayudar a identificar los números relacionados con las operaciones ilegales de llamadas falsificadas, lo que permite a las autoridades tomar medidas contra quienes realizan estas llamadas.
A pesar de que la FCC ha instado a los proveedores de telecomunicaciones a adoptar un sistema para prevenir llamadas ilegales, la agencia no ha tomado medidas para establecer una fecha en la que los proveedores deben implementar estos sistemas.
La SB 208 obligaría a los proveedores de telecomunicaciones a implementar los protocolos antes del 1 de julio de 2020 y autoriza a la CPUC a colaborar con la Oficina del Fiscal General y la policía local para respaldar las acciones contra los asaltos ilegales.
“Debido a la inacción a nivel federal, este proyecto de ley es necesario para prevenir las llamadas ilegales y garantizar que California pueda hacer cumplir las leyes de protección al consumidor”, agregó Hueso.
