La propuesta presentada por un grupo de ciudadanos californianos a fin de separar al estado de la Unión Americana carece de fundamento legal constitucional, afirmó la Oficina de Análisis Legislativo (LAO en inglés).
El organismo público e independiente de los poderes del estado, dio a conocer los resultados del estudio de la propuesta denominada “Calexit”, con la cual un grupo de ciudadanos busca proponer al resto de los votantes separar a California de los Estados Unidos para convertir al estado en una nación independiente.
La oficina apuntó que la revisión, basada en el Código de Elecciones de California, dio como resultado el pacto de 1850, en el cual el Congreso y el entonces Presidente Millard Fillmore autorizaron incorporar a California como parte de los Estados Unidos.
El organismo añadió que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución del Estado establece que California es una parte inseparable de los Estados Unidos y que la constitución estadounidense es la ley suprema de la patria.
Así mismo, la carta magna federal carece de mecanismos que autoricen a un estado separarse del país ni convertirse en una nación autónoma.
El LAO recordó que en 1869, luego de la Guerra Civil, la Corte Suprema decidió en el caso “Texas V. White” que el acto inicial de aceptar un estado a la Unión era final, por lo cual no existe la posibilidad de reconsideración o de revocación, excepto en el caso de revolución o a través del consentimiento de los estados.
En 1911, los votantes del estado aprobaron una enmienda constitucional en California para crear el proceso de iniciativas ciudadanas, las cuales no necesariamente llevan a instituir cambios que alteren de manera importante los fundamentos del gobierno del estado.
El LAO agregó que solamente la Legislatura o una convención constitucional estatal pueden presentar revisiones constitucionales a los votantes.
La propuesta busca cambiar la constitución californiana a fin de establecer al estado como una nación soberana y autónoma, ya sea en asociación con los Estados Unidos o como país independiente, para lo cual se autoriza al gobernador del estado realizar negociaciones pacíficas con el gobierno federal.
Una vez alcanzado un acuerdo, este deberá ser nuevamente votado por los electores californianos, ya sea directamente en las urnas, a través de una convención constitucional o por una comisión estatal integrada por 13 miembros nombrados por el mandatario estatal y los legisladores.
La oficina agregó que dicha comisión le costaría a los contribuyentes 1.25 millones de dólares al año.
El organismo, añadió que la independencia californiana llevaría a cambios mayores tanto en lo económico como en lo presupuestal, cuyos detalles son desconocidos y dependientes del acuerdo alcanzado entre California y los Estados Unidos.
Reacción
Los promotores de la iniciativa de la independencia californiana reaccionaron al señalar escepticismo y la corta visión que se desprende del análisis presentado este lunes 10 de julio.
“El impacto a corto plazo de esta iniciativa es crear más autonomía para California”, dijo Dave Marín, Director de Investigación y Política de la Coalición Libertad de California, promotora del proyecto.
El activista añadió que en temas como drogas, inmigración, protección ambiental, cuidado de la salud, prevención de incendios en tierras federales y mayor control de los recursos federales recaudados por el gobierno de los Estados Unidos en California, los residentes podrían estar en mejores condiciones si estas decisiones son adoptadas en Sacramento o a nivel local en lugar de hacerse en Washington.
Respecto a la falta de fundamento legal de la iniciativa, el representante de la coalición consideró que la misma establece que la autonomía de California puede darse a través de varios actos ordinarios del congreso y, en caso de que la tradición y la presión política no sea suficiente para que los Estados Unidos revoque la independencia, esta se mantendría a través de contratos y otros mecanismos legales.
Agregó que el Acta de Aire Limpio da a California la capacidad única de crear sus propias regulaciones de calidad del aire, con lo cual queda demostrada la capacidad del congreso para adoptar leyes que deriven en una mayor independencia de los estados.
“Fundamentalmente, esta iniciativa ha sido diseñada para resolver un problema, no solamente para los californianos, sino para nuestros funcionarios electos. Muchos de ellos claramente desean ver a California seguir su propio camino y esta provee tanto los medios como los mandatos”, añadió Marín.
El Presidente de la coalición, Steve Gonzales, instó a los residentes a leer la iniciativa entera por sí mismos y tomar una postura al respecto.
“La mayoría de las personas que han leído la iniciativa quedan sorprendidas ante la forma en que los Estados Unidos trata a los californianos y qué tan pragmática y legalmente viable es nuestra iniciativa”, sostuvo el activista.
