Annette González, integrante de la Mesa Directiva de Educación del Condado de Imperial, negó de manera rotunda las acusaciones por violaciones al Código Electoral de California presentadas por la Fiscalía de Distrito.
La funcionaria consideró que los delitos presentados por la fiscalía local carecen de relación con la Sección 349 del Código de Elecciones en las cuales se basa el caso.
La funcionaria, quien representa a Calexico en la Mesa Directiva, también descartó violaciones a las Secciones 2020 a las 2035, que determinan el domicilio de un funcionario electo.
Además, con base en la acusación a la cual tuvo acceso a través de terceras personas, González aseguró que la fiscalía no la ha acusado de violación alguna al Acta de Reforma Política establecida en el Código de Gobierno.
“No he violado la ley”, afirmó González de forma tajante, al explicar que cientos de votantes mantienen sus domicilios preestablecidos como electores a pesar de estudiar o laborar en otro lugar.
“La élite del poder del Condado de Imperial puede no gustarle que yo, una mujer de piel café, se encuentra estudiando más allá de lo que ofrece el Colegio del Valle Imperial.
“Sin embargo, yo he hecho y seguiré haciendo el esfuerzo de viajar de la escuela a mi hogar para seguir con mi servicio público y continuar luchando por los derechos constantemente oprimidos de los residentes de Calexico”, sentenció.
La funcionaria se dijo honrada de haberse ganado la voluntad de los votantes de su comunidad al ganar la reelección para un segundo período en la Junta de Educación del Condado de Imperial, además de fungir como Presidenta del Comité Central del Partido Demócrata del Condado de Imperial.
La funcionaria se postuló para la reelección en julio de 2017.
Añadió que el domicilio establecido en su registro como votante ha permanecido sin cambios desde su postulación en 2013.
La funcionaria detalló que la Sección 2025 del Código Electoral establece que un votante puede mantener su domicilio al momento de estudiar en una institución de enseñanza.
“No hay perjurio. No hay violación. Esta es sólo política misoginia”, expresó.
De acuerdo al Código Electoral de California, el domicilio de una persona se define como el lugar fijo de habitación del elector y donde la persona tiene intención de permanecer o de retornar.
En el caso de la residencia, la ley estatal la define como el lugar de habitación de una persona por cierto período, al cual no tiene planes de regresar.
La funcionaria destacó que la Fiscal Adjunta, Deborah Owen, quien firmó la demanda en su contra, reside en la ciudad de Brawley junto a su esposo, James Abatti, y sus dos hijos, todos registrados como miembros del Partido Republicano.
La funcionaria cuestionó si los hijos de la Procuradora Adjunta, quienes se encuentran en edad universitaria, mantienen su registro como votantes en dicha dirección a pesar de residir en otro lugar por motivos de estudio como en su caso en particular.
Este miércoles, González solicitó a la Procuradora Adjunta documentos relacionados con el caso penal que lleva el código JCF001818, elaborados entre el 1 de enero de 2015 y este 6 de febrero.
Cabe recordar que el Procurador Gilbert Otero ha sido señalado anteriormente por estas mismas acusaciones debido a su presunta residencia en el poblado de Alpine.
Tras hacer una consulta a través del internet, los usuarios pueden conocer que una persona con ese mismo nombre cuenta con una dirección en el Camino Boulders de aquél poblado, que comparte con varias personas del mismo apellido.
De acuerdo a registros de votantes del Condado, Otero ha manifestado que su residencia se ubica en el 719 al sur de la Calle Segunda en Brawley, domicilio que comparte con su esposa Deborah y una joven de 21 años de edad llamada Sareena Stacy Camillo, quien el pasado 8 de enero festejo su cumpleaños.
La joven quedó registrada el 19 de junio de 2016 y de acuerdo a su historial, se encuentra inscrita en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
De acuerdo a una búsqueda por internet, la joven votante finalizó sus estudios en la preparatoria de esta ciudad, donde además perteneció al equipo de natación.
La joven militar tampoco ha sufragado en las elecciones locales.
González cuestionó si esta persona tiene relación familiar con el procurador o si bien ella es la residente del domicilio y no el fiscal.
