SAN ANTONIO — El Estado de Texas, gobernado por Greg Abbott, presentó una denuncia ante las cortes contra la Ciudad de Austin y el Condado de Travis, así como contra el Fondo Méxicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef en inglés), en la que solicita al gobierno federal declarar a la ley SB 4 como constitucional y disponible para su implementación.
El organismo hispano, que preside Thomas Sáenz, dijo esperar estar al frente y al centro en los retos legales a dicha ley, promulgada por el Gobernador Abbott menos de 24 horas antes de presentar la denuncia.
Sin embargo, Maldef estimaba llevar un papel como asesor legal de una de las partes en conflicto para presentar argumentos y denuncias contra esta nueva ley antiinmigrante.
La SB4 impide a los gobiernos locales en Texas considerarse como santuarios para la protección de inmigrantes indocumentados.
Sáenz afirmó que el organismo se encuentra listo para luchar contra la demanda en la que Maldef es nombrada por hacer declaraciones públicas hostiles contra la ley.
“Básicamente, hemos sido acusados de hacer nuestro trabajo”, aseguró el dirigente de Maldef.
“Maldef está extremadamente orgulloso de erguirse con los funcionarios valientes de la Ciudad de Austin y del Condado de Travis al defender políticas inteligentes y constitucionales para proteger la seguridad pública y evitar la discriminación, en su búsqueda de una meta compartida de hacer de Texas el ejemplo de integración migrante exitosa que debe ser”, dijo el abogado.
El activista señaló que el organismo también se enorgullece de ser reconocido como representante de millones de texanos que rechazan la odiosa SB 4 como inconsistente con la historia del estado, sus orígenes y aspiraciones a futuro.
“Como una organización fundada en Texas y una presencia poderosa y contínua en San Antonio por casi medio siglo, Maldef tiene un innegable interés en regresar a Texas al camino correcto tras la promulgación de este descarrilamiento legislativo.
“Esta es una acción legal frívola, presentada precipitadamente y sin base en la ley. En lugar de esperar a que los individuos y entidades agraviados buscaran los retos constitucionales a la SB 4, el estado revela su propia aparente alta ansiedad acerca de la legalidad de la ley Abbott al buscar un golpe preventivo a través de esta demanda”, agregó Sáenz.
El abogado comparó la ley texana con la Proposición 187 del entonces Gobernador de California, Pete Wilson, lo cual consideró como la repetición de un guión fallido del pasado.
Sáenz recordó que Maldef derrotó en las cortes a Wilson, por lo que espera repetir el logro contra Abbott.
“Nos vemos en la corte, Gobernador Abbott. Mientras tanto, esperamos que tanto el gobernador como el procurador general busquen tratamiento por un problema aparente de litigación prematura”, finalizó el activista.
El domingo, Abbott firmó una ley que prohíbe ciudades santuario en el estado y obliga a los gobiernos locales a cumplir con las leyes migratorias federales.
Las agencias públicas que se nieguen a cumplir con estas disposiciones enfrentarían cargos criminales.
Esta medida es una prioridad de emergencia legislativa, de acuerdo al ejecutivo texano.
“Como gobernador, mi prioridad es la seguridad pública y esta ley impulsa este objetivo al mantener a criminales peligrosos lejos de nuestras calles.
“Es inexcusable dejar en libertad a individuos de la cárcel quienes han sido acusados de delitos como ataque sexual contra menores, violencia doméstica o robo armado”, dijo Abbott al promulgar la ley.
Según el mandatario republicano, el estado se ha convertido en un lugar que no va a tolerar estas prácticas.
Las autoridades locales podrían enfrentar multas de 25 mil dólares diarios en caso de violar la nueva ley, además de enfrentar cargos por delitos menores a los Alguaciles, jefes policiacos y jueces que se nieguen a cumplir con la petición federal de detener a inmigrantes.
Los funcionarios electos y designados podrían ser separados de sus cargos en caso de violar la nueva ley, que entra en vigor el 1 de septiembre.
