La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles de los condados de San Diego y Imperial expuso al superintendente de escuelas del Condado, Todd Finnell, una serie de anomalías presentadas por el Distrito Escolar Unificado de Calexico dentro de su Plan de Control y Responsabilidad Locales.
En una carta enviada al funcionario local el pasado 22 de septiembre, David Loy, director Legal de la Fundación señaló que familias de Calexico han expresado sus preocupaciones por la falta de transparencia dentro del plan y de oportunidades de comunicación por parte de la autoridad educativa.
En la carta, el abogado señaló que el distrito cuenta con estudiantes de bajos ingresos quienes acuden sin material educativo a los planteles y requieren servicios de apoyo adicionales.
Ante la situación, los padres han señalado problemas para obtener respuestas respecto a los servicios ofrecidos con los fondos que ha obtenido el distrito.
El plan además muestra una serie de deficiencias que impiden alcanzar el nivel de transparencia legalmente obligatorio para detectar las oportunidades y servicios educativos para estudiantes de bajos ingresos, alumnos de familias adoptivas y quienes están estudiando inglés.
En la carta, la fundación destaca que la oficina de Educación del Condado es responsable de garantizar que los distritos cumplan con las leyes y regulaciones en los planes de gasto.
La parte central del problema radica en la situación de los fondos suplementarios y de concentración debido a que los distritos están obligados a implementar y mejorar los servicios para estudiantes necesitados comparado con el resto del alumnado.
De esta forma los servicios aumentados y mejorados deben ser descritos con claridad dentro del plan.
Loy afirma que la oficina de Educación del Condado está impedida legalmente a aprobar los planes del distrito, salvo que determine que los fondos para alumnos necesitados sean los adecuados.
Sin embargo, el representante de la fundación afirmó que el plan del distrito de Calexico carece de justificaciones para demostrar el cumplimiento con el aumento y mejora de los servicios.
Este plan debe incluir de manera detallada el porcentaje de los servicios requeridos por los alumnos.
La fundación criticó la falta de metas objetivas en la mayoría de las acciones descritas por el distrito dentro del proyecto, que debe contemplar descripciones particulares sobre las necesidades de los alumnos y las actividades para enfrentarlas.
“La descripción de las actividades dentro del plan son generalizadas, vagas y arbitrarias”, señala la fundación.
Partes del plan señalan la necesidad del desarrollo profesional y de la planeación de las clases para maestros y equipo de apoyo con énfasis en estudiantes socioeconómicamente desaventajados, jóvenes adoptivos y quienes aprenden inglés como segunda lengua.
Otra de las metas señala que se proveerá a los estudiantes del personal del acceso a la tecnología y conectividad con un enfoque en el desarrollo profesional para reforzar la instrucción y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes con la instalación de tecnología en los salones.
“El distrito no ha declarado lo que se necesita ser considerado y cómo las acciones permitirán cumplir con las necesidades”, expuso la fundación.
Según el organismo de derechos civiles, el Distrito debe explicar en cada acción las necesidades, condiciones y circunstancias de los alumnos con necesidades altas, quienes deben ser considerados en primer lugar dentro de las acciones, al igual que los resultados esperados.
Según la fundación, varias de las actividades no se enfocan en estos alumnos, como la contratación de guardias de seguridad para la llegada de los estudiantes.
Al mismo tiempo, la colocación de sombras para evitar el golpe de calor y otras condiciones relacionadas con las altas temperaturas, lo mismo que las estaciones de hidratación y la colocación de zonas de juego infantil tampoco parecen contribuir con los servicios necesarios para los alumnos de necesidades altas, según la fundación.
De acuerdo a la organización, el distrito no ha podido demostrar que esos proyectos se dirigen principalmente a cumplir las metas para los alumnos necesitados.
Sin embargo, la fundación admite que estas actividades y servicios son necesarios e importantes para las funciones del Distrito en general.
Dentro del plan se contempla un gasto de 2.7 millones de dólares para la contratación de personal de seguridad, al igual que otros 250 mil dólares para instalar cámaras y unos 8 mil para la compra de equipo de protección.
La fundación manifestó que el hecho de invertir fondos en la vigilancia incumple el Código de Regulaciones de California, debido a que el plan no describe la forma en que ayudará a los estudiantes necesitados.
Así mismo, el plan carece de resultados medibles anuales dentro de los programas de seguridad y la forma en que cumplirá con las necesidades de los alumnos.
Según la fundación, diversas investigaciones han indicado que este tipo de proyectos afecta de manera desproporcionada a los estudiantes con altas necesidades.
En lugar de ello, la fundación sugiere invertir en programas de salud mental.
Ante la situación, la fundación instó al superintendente de escuelas a revisar el plan a fin de garantizar que el documento cumpla con la ley previo a su aprobación.
