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jueves, 28 mayo 2026
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    Dicta juez sentencia contra ex Regidor de Calexico

    El ex concejal y
    Vicealcalde de la ciudad de Calexico, David Romero, junto con Bruno Suárez Soto,
    ex comisionado de la Comisión de Asesoramiento Financiero y de Desarrollo
    Económico de la ciudad, fueron condenados a dos años de prisión por aceptar
    sobornos a cambio de “garantizar” un permiso de la ciudad para un negocio de marihuana.

    Al pronunciar la
    sentencia, la jueza de distrito estadounidense Cathy Ann Bencivengo observó que
    los funcionarios públicos no deben “tomar posiciones de poder para llenarse los
    bolsillos” y que la conducta de la pareja “mancha cómo esperamos creer que
    funciona la democracia”.

    Romero y Suarez Soto,
    ambos residentes de Calexico, se declararon culpables previamente el 11 de
    junio de 2020 de conspiración para cometer sobornos en programas federales,
    informó la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California.

    Según los acuerdos de
    declaración de culpabilidad, Romero y Suárez Soto aceptaron 35 mil dólares en
    sobornos en efectivo de un agente encubierto del FBI que creían que
    representaba a inversionistas que buscaban abrir un dispensario de marihuana en
    Calexico.

    A cambio, Romero y Suárez
    Soto prometieron “garantizar” la rápida emisión de un permiso municipal para el
    dispensario, y revocar u obstaculizar a otros solicitantes si fuera necesario
    para asegurar que la solicitud del pagador del soborno fuera exitosa.

    Además, ambos admitieron
    que habían aceptado otros sobornos en el pasado.

    De hecho, refiriéndose a
    este arreglo corrupto, Suárez Soto le dijo a un agente encubierto que “este no
    es nuestro primer rodeo”.

    Romero se desempeñó como
    Vicealcalde de Calexico, por lo que habría de convertirse en alcalde en julio
    de 2020.

    Suárez Soto fue nombrado
    para la Comisión Municipal responsable de la promoción de negocios y el
    crecimiento de la comunidad y la coordinación con los desarrolladores
    potenciales para ayudarles a invertir en la ciudad de Calexico.

    Los ahora sentenciados renunciaron
    a sus puestos en la Ciudad en junio de 2020 como parte de sus acuerdos de
    declaración de culpabilidad.

    “Los cargos públicos son
    un fideicomiso público”, dijo el fiscal federal interino Randy Grossman.

    “Cualquiera que viole
    esa confianza vendiendo el negocio del gobierno para satisfacer su propia
    codicia debería enfrentarse a un ajuste de cuentas. Los ciudadanos de este
    distrito no merecen menos”, agregó.

    Suzanne Turner, agente
    especial a cargo del FBI en San Diego, destacó: “Este caso es un ejemplo
    de cómo el FBI llevará ante la justicia a quienes usan sus posiciones de poder
    para dañar nuestras comunidades y disminuir la confianza pública”.

    ANTECEDENTES

    Según los documentos
    judiciales y sus acuerdos de declaración de culpabilidad, Romero y Suárez-Soto
    se reunieron con el agente encubierto del FBI tres veces en diciembre de 2019 y
    enero de 2020.

    Los funcionarios exigieron
    un soborno de 35 mil dólares en su primera reunión el 19 de diciembre de 2019.

    A cambio, Suárez Soto le
    dijo al agente que su solicitud estaría “garantizada” una vez que se hiciera el
    pago.

    El comisionado dijo al oficiale
    encubierto que él y Romero no “desaparecerían” después del pago, y Romero
    explicó que “no puedo [desaparecer]. Soy vicealcalde. En julio seré
    alcalde. En todo caso, me basé en esta plataforma, que es la marihuana”.

    Cuando el agente
    encubierto preguntó si su pago llevaría su solicitud al frente de la fila de
    otros solicitantes, según los documentos judiciales, Suárez Soto respondió: “Diablos,
    sí”.

    Romero agregó que podría
    revocar los permisos de otros solicitantes si lo deseaba, para asegurarse de
    que la presentación del agente encubierto tuviera éxito.

    El entonces Vicealcalde exigió
    que el agente encubierto pagara el soborno por adelantado, debido a que antes
    había “quemado favores” y “movido los hilos” de otras partes que se negaron a
    pagar después de que se entregaron los favores.

    En la segunda reunión,
    el 9 de enero de 2020, Suárez Soto le dijo al agente encubierto que tener a
    Romero a bordo ayudaría al agente a superar la “burocracia [roja]” en el
    Ayuntamiento, según documentos judiciales.

    Cuando el agente
    encubierto buscó aclarar qué pasaría con su solicitud, Romero le dijo que “las
    personas que tienen que aprobar tu licencia” eran los “mejores amigos de Romero
    en todo el Ayuntamiento”.

    Cuando el encubierto
    preguntó si los “mejores amigos” de Romero ya habían firmado el plan, Romero
    respondió afirmativamente, para luego reírse.

    Cuando el agente
    encubierto entregó a Suarez-Soto dos sobres por un total de 17 mil 500 dólares
    en efectivo en el estacionamiento de un restaurant, con Romero a un costado,
    según los documentos judiciales, les preguntó a los hombres si “estamos bien’.

    Romero respondió: “Confía
    en mí”.

    Los acusados ??admitieron en sus acuerdos de declaración de culpabilidad que
    aceptaron una segunda ronda de pagos en efectivo por un total de 17 mil 500
    dólares en el estacionamiento de un restaurante el 30 de enero de 2020 como
    parte del plan.

    También reconocieron que
    aceptaron ambos pagos con la intención de ser influenciados en el desempeño de
    sus funciones en nombre de la Ciudad de Calexico, y que el soborno colectivo de
    35 mil dólares no fue el primero que aceptaron como parte de su esquema. 

    Sin embargo, los otros
    casos no han sido develados por las autoridades.

    Como se establece en los
    registros judiciales, ambos acusados
    ??fueron interrogados por
    el FBI luego del segundo pago en efectivo, y se advirtió a ambos que era un
    delito hacer declaraciones falsas.

    Sin embargo, cada
    imputado mintió repetidamente a los agentes entrevistadores, tratando de
    distanciarse de la corrupción que acababa de ocurrir. 

    Romero, de 37 años y Suárez
    Soto, de 29, enfrentaban por los cargos de conspiración para cometer sobornos
    en programas federales una pena máxima de cinco años de prisión y multa de  250 mil dólares.

     

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