Organizaciones a favor de los inmigrantes exigieron justicia para una familia salvadoreña detenida en Calipatria en febrero pasado
San Diego, California. Organizaciones a favor de los inmigrantes exigieron justicia para una familia salvadoreña detenida en Calipatria en febrero pasado.
A principios de este año, Lucy, una madre que huía de la violencia en El Salvador con su hija de 10 años, su hijo de 18 años y su hijastro de 18 años, fue presuntamente agredida por una agente armada de la Patrulla Fronteriza.
Posteriormente, la familia fue separada de sus hijos.
Cada uno de los miembros de la familia fue enviado a centros de detención en diferentes partes del país.
A Lucy no le dijeron dónde estaban sus hijos ni cómo contactarlos.
Se necesitaron cinco meses y la eventual defensa legal de varias organizaciones para reunir a Lucy con su hija y su hijo.
Hasta la fecha siguen separados de su hijastro, quien fue deportado a El Salvador.
Separación familiar
La historia de Lucy es solo un ejemplo de las continuas separaciones familiares causadas por agencias federales que todavía ocurren en la frontera.
La ACLU de los condados de San Diego e Imperial (ACLU-SDIC), el Servicio de la Familia Judía de San Diego (JFS) y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración (CILP) de la UCLA enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas.
Las organizaciones buscan justicia en el caso de Lucy y su familia.
La carta también refuerza las solicitudes anteriores para que Mayorkas ordene a los funcionarios fronterizos que dejen de separar a las familias que buscan asilo en los Estados Unidos en la frontera sur.
Esta es la segunda carta del grupo a Mayorkas.
La primera, que destacaba las continuas separaciones familiares y proponía soluciones concretas para poner fin a la práctica, se envió a Mayorkas hace más de un año.
Sin embargo, el gobierno Demócrata no dio lugar a ninguna respuesta, acción o remedios sustanciales para poner fin a las separaciones familiares.
Declaraciones
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos continúa separando cruelmente a las familias que han huido del peligro en busca de protección.
“Este desprecio por la unidad familiar agrava su trauma, pone en peligro el debido proceso y corre el riesgo de separaciones permanentes marcadas por fronteras internacionales”, dijo Esmeralda Flores, defensora principal de políticas de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.
“La respuesta de nuestro gobierno a este problema continuo ha sido extremadamente insuficiente.
“El DHS debe implementar políticas basadas en la prevención contra la separación que traten a todas las familias con dignidad y respeto”, agregó.
La carta en la que exigen justicia para Lucy y su familia detalla los daños atroces, injustos e innecesarios causados a ella y su familia.
En principio, denunciaron una presunta agresión durante la cual un agente armado de la Patrulla Fronteriza “golpeó [a Lucy] en la boca, la golpeó en el estómago y la golpeó su cuerpo contra un tren.
Luego, “la agarró por el pelo y golpeó su cuerpo contra el suelo, presionando su rodilla profundamente en su espalda”.
La historia de la familia salvadoreña detenida en Calipatria
Lucy y sus hijos fueron detenidos en febrero cerca de Calipatria.
Tras ser hallados, Lucy corrió y despertó a su hijo, Anner, y se entregó a un agente de la Patrulla Fronteriza.
Después ocurrió un altercado entre el agente y Lucy.
Las organizaciones indicaron que el agente golpeó a la salvadoreña en la boca, el estómago y la empujó contra el tren.
La afectada se vio impedida a ponerse de pie como lo ordenó el agente debido a las lesiones.
Nuevamente, el oficial la empujó contra el piso y le puso la rodilla en la espalda.
Los hijos de la inmigrante vieron el incidente, afirman las organizaciones.
La familia fue trasladada a la Estación de El Centro, donde se le negó a Lucy y a su hija agua y servicios sanitarios.
Al día siguiente, los agentes presuntamente esposaron a Lucy, de quien aparentemente se mofaron nuevamente frente a su hija.
Lucy fue enviada a San Luis, Anner a El Centro, Fabio a Arizona, Mississippi y Louisiana, y Mariela a un refugio.
La madre fue trasladada a un hospital para ser tratada por las heridas.
Después, fue trasladada a cárceles federales y finalmente al centro de detención GEO de El Centro bajo custodia de los alguaciles de Estados Unidos.
Lucy no supo de sus hijos por más de dos meses y medio.
Acusaciones
En febrero, la Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos contra Lucy por haber golpeado al agente de la Patrulla Fronteriza.
La fiscalía se desistió del caso tres meses después.
Cargos similares fueron presentados contra Anner, y retirados eventualmente.
Fabio, de 18 años, fue deportado a El Salvador.
Lucy y Anner fueron ingresados en la Instalación de Detención Regional de Imperial por dos meses, donde se les negó contacto alguno, en contra de los estándares de detención nacionales.
Con ayuda de un abogado, Luy fue reunida con Anner el 12 de julio y con Mariela al día siguiente.
Frustración de la familia salvadoreña detenida en Calipatria
“Fue un sentimiento de desesperanza que no puedo describir”, dijo Lucy en una carta.
“En ese momento, consideré quitarme la vida.
“Mis hijos lo son todo para mí, y su seguridad es lo único que me importa, tal como cualquier madre puede entender, por eso escapamos de El Salvador en primer lugar”, detalló.
No fue hasta que el JFS se dio cuenta de este caso y presentó solicitudes de liberación para Lucy y Anner que fueron liberados.
El JFS (a través de su operación de los Servicios de Refugio para Migrantes de la Red de Respuesta Rápida de San Diego) y CILP pudieron facilitar su reencuentro.
Veinte casos
En ningún momento CBP, la Oficina del Fiscal Federal, ICE, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados o el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar del DHS intervinieron para reunir a esta familia, dijo la Directora Principal de Servicios de Inmigración Kate Clark, de JFS.
“A través de nuestra operación de los Servicios de Refugio para Migrantes de la Red de Respuesta Rápida de San Diego, hemos visto más de 20 casos documentados de separación familiar en la frontera desde el comienzo de la Administración Biden”, aseguró Clark.
“La familia de Lucy tuvo la suerte de contar con representación legal para ayudar con su caso y la reunificación familiar, pero la mayoría de los solicitantes de asilo no son tan afortunados.
“Esto puede y debe cambiar porque ningún padre o hijo debería soportar jamás esta cantidad de crueldad y sufrimiento injustos”, detalló.
Soluciones
La carta a Mayorkas reconoce que al intentar revertir las políticas fronterizas inhumanas que han bloqueado el acceso al asilo, el DHS ha tomado importantes medidas iniciales para reconstruir el proceso de asilo en la frontera sur.
La misiva continúa: “Sin embargo, estas modestas medidas son totalmente insuficientes para evitar separaciones en curso…”.
Además de instar al DHS a aceptar otorgar asilo a Lucy y su familia, la carta hace varias recomendaciones adicionales para la responsabilidad del DHS.
En primer lugar, pide que el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la Administración Biden priorice la investigación y prevenga incidentes continuos de separación de familias.
También demanda que el DHS investigue y responsabilice a los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el ataque a Lucy.
Finalmente, señala que el DHS se niega a remitir casos de enjuiciamiento penal que necesariamente resultarían en la separación de la familia salvadoreña detenida en Calipatria.
Inaceptable
“Es inaceptable que los agentes de la Patrulla Fronteriza agredieran a Lucy frente a sus hijos, la acusaran penalmente y luego usaran las acusaciones penales como justificación para separarla de sus hijos, pero se negaron a facilitar la reunificación una vez que desestimó los cargos penales en su contra.
“El caso de Lucy es uno de muchos que ilustran cómo los patrones de abuso e impunidad por parte de los agentes de inmigración.
“Someten a adultos y niños a daños físicos y traumas psicológicos indescriptibles”, dijo la abogada de CILP, Monika Langarica.
“Exigimos responsabilidad por Lucy y su familia.
“Hacemos un llamado al DHS para que adopte las recomendaciones establecidas en esta carta”, concluyó.
Te puede interesar: Ponen fin a política contra solicitantes de asilo
