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jueves, 14 mayo 2026
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    Copian diputados de BC ley Kumamoto

    El diputado Job Montoya Gaxiola (MC) y el diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política de Baja California con el fin de que los recursos que reciben los partidos políticos sea por el número de votos válidos emitidos en las elecciones y no por la cantidad de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral.
    El diputado del MC indicó que con esta ley se buscan partidos más representativos.
    El ex regidor del Cabildo de Mexicali agregó que la propuesta establece que en años electorales, el dinero que reciban los partidos políticos, deberá depender del número de personas que convenza para votar y que en los años no electorales, exista una disminución de los recursos.
    Durante su exposición de motivos señaló que la Iniciativa puesta a consideración del Congreso del Estado retoma en su totalidad la que fue aprobada en el Estado de Jalisco, la cual, desde su punto de vista, cuenta con un impecable análisis jurídico y, sobre todo, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    Montoya expresó que los ajustes al financiamiento de los partidos políticos en Baja California aplicarían únicamente para aquellos que cuentan con registro federal, no así para los partidos locales.
    El legislador apuntó que el financiamiento público de los partidos políticos es exagerado y no responde a la rendición de cuentas, transparencia y representatividad
    Montoya Gaxiola detalló: “Si los partidos políticos no están al servicio de la gente y se ganan su voto, no tendrán dinero público”.
    Además, consideró que todas las fuerzas políticas en el congreso se han manifestado a favor de revisar el financiamiento público que reciben los partidos políticos.
    Puntualizó que esta norma establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público local.
    La iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad.

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