El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Loreto Quintero Quintero, por el cual se solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) aplicar los estándares que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció para hacer una investigación con perspectiva de género, en todos los casos de muerte violenta de una mujer.
“El feminicidio lastima profundamente a nuestra sociedad, por constituir un delito de odio, donde confluyen razones de género que motivan la muerte violenta de una mujer, y no es privativo de nuestro estado, por todo el país los casos se multiplican por cientos”, afirmó la legisladora.
La diputada indicó que, según datos de incidencia delictiva 2019 emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese año se presentaron 23 feminicidios en Baja California.
De acuerdo a cifras de la FGE, durante 2020 se registraron 18 muertes violentas de mujeres, solamente en Tijuana.
Quintero Quintero señaló que, entre los casos más recientes, se encuentra el de la joven Marbella Valdez, de 20 años, quien fue localizada sin vida y amordazada el pasado 8 de febrero, en un basurero clandestino de la colonia El Tecolote Segunda Sección de Tijuana.
La diputada subrayó que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género, al detallar que las autoridades están obligadas a indagar hasta el último momento las posibles razones de género que pudieron motivar el crimen.
Así lo estableció la Primera Sala de la SCJN, al resolver el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 presuntamente por su esposo Julio César Hernández, un policía judicial del Estado de México, y cuyo feminicidio fue el primero en llegar al máximo tribunal del país.
La Panista expresó que en la investigación de muertes de mujeres la Fiscalía General del Estado debe tomar en cuenta si el cuerpo presenta signos de defensa y lucha; si hay indicios de maltrato crónico anterior a la muerte de la víctima; realizar las pruebas periciales para determinar la presencia de violencia sexual e indagar las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer.
“La observancia de dicho criterio, ayudará a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares, a romper el patrón de impunidad y discriminación al que se enfrentan ante la búsqueda de justicia”, concluyó la diputada.
