Auditoría Superior del Estado Confirma daño patrimonial por contratación de Fisamex, diputados del PAN presentaran denuncias.
Mexicali. La Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer el resultado de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en donde confirma el daño patrimonial por la contratación de FISAMEX durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Según el resultado de la auditoría, la entrega de los 8 contratos a favor de ROMAFAM, S. A. de C. V. (FISAMEX) no era necesario ya que se trataba de una simple fórmula aritmética que utilizó la empresa con los mismos datos proporcionados por las distintas comisiones de agua.
Debido al monto de contratación se debió licitar según la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Pese a que se justificó que las comisiones de agua no contaban con el personal capacitado, la auditoría reflejó que los dictámenes de la empresa no presentaban una sofisticación técnica.
Por los 1 mil 810 millones de pesos, FISAMEX obtuvo una comisión de 354 millones de pesos sin entregar ninguna garantía como lo exige la norma técnica para la prestación de servicios del Estado.
El legislador, Diego Echevarría indicó que a la fecha se han tenido que devolver 58 millones 496 mil pesos a usuarios que obtuvieron una resolución a su favor, sin embargo, en total se tendrán que devolver 239 millones de pesos.
Involucrados actuales servidores públicos
El diputado afirmó que se presentarán denuncias a los Consejos Directivos y el Comité de Adquisiciones en los que se encuentran el actual alcalde de Tecate, Darío Benítez y José Armando Fernández Samaniego. Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.
Afirmó que ya se le dio cuenta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Fiscalización los cuales tendrán que enviar el informe a la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado.
“Presentaremos denuncias contra los consejos de administración de las comisiones como contra el ex gobernador Jaime Bonilla porque formaron parte de toda esta red de corrupción que se implementó en el gobierno de Jaime Bonilla como método de extorsión”, expuso.
El legislador indicó que se pudieran encuadrar los delitos de Comisión de Servidores Públicos, Tráfico de Influencias, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Usurpación de Funciones Públicas, por mencionar algunas.
Indicó que por la vía administrativa representa un daño patrimonial al Estado, el cual se acredita desde que no se garantizan las fianzas y garantías para devolver el 20 por ciento de FISAMEX.
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Periodista desde diciembre de 2004. Actualmente es Co-director de RadarBC y fotoperiodista en Semanario ZETA.
