MEXICALI.- El pleno del Tribunal de Justicia Electoral de
Baja California (TJEBC) acreditó que la diputada local por Morena en la 23
Legislatura, Rosina del Villar Casas, vio afectados sus derechos político-electorales
durante la sesión en la que se discutió la solicitud del gobernador Jaime
Bonilla Valdez, para realizar un nuevo contrato de suministro energético.
El pasado 13 de agosto la diputada local fue removida por
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, la cual presidia, lo cual fue impugnado ante el Tribunal
Electoral.
Identificado bajo el número de expediente MI-26/2020, el
recurso denuncia la remoción de la presidencia de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto.
La diputada también denunció que durante las sesiones en
las que el pleno del Poder Legislativo autorizó al gobernador, Jaime Bonilla
Valdez, la realización de un nuevo contrato de energía eléctrica no le fueron
turnados la convocatoria, la iniciativa, ni el acuerdo para el estudio en las
comisiones unidas.
A decir de la legisladora, esto
representa una vulneración a sus derechos políticos a ejercer el cargo, lo que además
constituye violencia política por razón de género.
En el proyecto presentado por el
Magistrado Presidente del TJEBC, Leobardo Loaiza Cervantes, el pleno se declara
incompetente para pronunciarse respecto a la remoción de la diputada de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, al tratarse de un acto parlamentario.
Sin embargo, el pleno del Tribunal Electoral señaló que al
no haberle notificado la convocatoria, la iniciativa, ni el acuerdo para el estudio
en las comisiones unidas, en lo que referente al decreto mediante el cual se
autorizó a Jaime Bonilla Valdez contratar un nuevo esquema de suministro de
energía eléctrica, el Congreso vulneró los derechos de la legisladora.
“Este Tribunal considera que le asiste parcialmente la
razón a la actora, toda vez que se encuentra acreditado en lo gestionado, que
la situación a la sesión de las comisiones no se dio con la oportunidad que
dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; de
la misma manera los documentos a analizarse en tal reunión con estuvieron al
alcance de la actora con el plazo mínimo señalado”, indicó el proyecto.
Pese al argumento anterior, el Tribunal de Justicia
Electoral consideró que no se acreditaba la violencia política por razón de
género, ya que la convocatoria fue remitida a todos los integrantes de las
comisiones unidas de la misma forma, por lo que no hubo un acto de
diferenciación y nunca se le impidió el ejercicio de su cargo de forma
igualitaria.
Aunque la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo consideró
que si se acreditaba la violencia política por razón de género, toda vez que la
diputada local fue enviada a una comisión distinta a la que presidía, le negaron
el acceso a información necesaria para ejercer su cargo y ha sido objeto de
represalias de sus compañeros y compañeras legisladoras.
Al finalizar, el Magistrado Jaime Vargas Flores respaldo
el proyecto de Leobardo Loaiza Cervantes, por lo que fue aprobado por mayoría,
acreditando únicamente la vulneración al derecho de ejercer su cargo.
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