El presidente de la CEDHBC reconoció que existe preocupación por la forma en cómo realiza las detenciones la denominada “Patrulla Espiritual”.
Mexicali. Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) reconoció que las detenciones que realiza la denominada “Patrulla Espiritual” puede representar un delito que deben revisar las autoridades.
El pasado martes, con la presencia del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, fue inaugurada en esta ciudad la clínica “Jireh Mexicali” la cual es impulsada por la denominada “Patrulla Espiritual”, pese a que no cuentan con los permisos que otorga el gobierno municipal.
La instalación de este centro de rehabilitación en Mexicali ha generado controversia debido a las privaciones de la libertad que realizan en contra de personas consumidoras de drogas, lo que puede representar un delito y una violación a los derechos humanos.
Al respecto, el presidente de la CEDH reconoció que existe preocupación por la forma en cómo actúan estos lugares, las cuales pueden considerarse excesivas.
Dijo que se reunió con la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, respecto a los riesgos de permitir la operación de la “Patrulla Espiritual” y estableció que en cualquier internamiento debe haber consentimiento de la persona involucrada.
“Hemos visto muchas escenas de cómo se llevan a cabo esas detenciones, esas privaciones de la libertad a personas que se presume que tienen una adicción o que están bajo el influjo de alguna sustancia y pueden caer en una responsabilidad administrativa e incluso en la tipificación de un delito”, manifestó.
Ochoa Orduño señaló que las personas que se encuentran en esos centros de rehabilitación deben ser tratadas con dignidad y su internamiento voluntario, además deben cumplir con los requisitos que exige el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud de lo contrario deben intervenir las autoridades.
Agregó que la CEDHBC no tiene las facultades para ingresar a estos centros y revisar las condiciones en las que se encuentra debido a que se trata de un lugar privado, por ello la importancia de que las autoridades hagan intervengan e inspecciones el funcionamiento.
El ombudsperson de Baja California comentó que en la ciudad de Tijuana recibieron una queja en contra de la “Patrulla Espiritual” sobre una persona que fue golpeada al interior del centro de rehabilitación, por lo que lo asesoraron a presentar una denuncia ante el ministerio público.
Finalmente, Jorge Álvaro Ochoa Orduño reiteró que la CEDHBC no tiene facultades para intervenir en los centros de rehabilitación, a menos que haya una intervención de las autoridades.
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