El Descabezado de la Guillotina, columna de opinión de Joaquín Gómez
En ésta ocasión «El Descabezado» de La Guillotina Informativa no se quizo esperar hasta el día viernes para dar su opinión respecto a lo que acabamos de ver en la audiencia que enfrentó este sábado el joven acusado por la desaparición y feminicidio de Paola Andrea Bañuelos en Mexicali. Por eso es una columna de carácter especial.
La presunción de inocencia es un derecho que TODO acusado tiene al momento de enfrentar un proceso penal ante la justicia hasta que se le demuestre su plena responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Bueno, al menos eso creíamos hasta que vimos lo que ocurrió con Sergio «N», a quien le «achacan» la desaparición y feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores, la joven estudiante de 23 años que fue privada de su libertad, agredida sexualmente, estrangulada y finalmente arrojada en un predio despoblado.
Sin duda se trata de un hecho atroz que como ciudadanos condenamos, nos enoja, entristece y alarma por el nivel de violencia que vivimos en Baja California y México en general, donde es claro que no tenemos una autoridad capaz de afrontar el problema.
Pero hoy nos vamos a enfocar en la aberración jurídica de la que fue víctima el acusado por éste hecho. Y ojo, aclaramos que no buscamos exonerarlo o hacerlo ver como un pobre inocente, solo que tampoco lo podemos sentenciar antes de tiempo ya que también tiene derecho a defenderse como lo marca la ley.
Desde que su imagen y datos personales se divulgaron en las redes sociales, así como múltiples medios de comunicación, Sergio «N» ya había sido juzgado duramente por la sociedad. No había vuelta atrás, ante los ojos de la gente ya era el culpable.
Cuando el señalado decidió entregarse por temor a las amenazas que sufrió, dijo ante un medio informativo de Sonora que su intención era declarar en la Fiscalía para dar su versión de los hechos.
Su evidente desconocimiento sobre cómo funciona un procedimiento penal o legal lo hizo presa fácil de la autoridad, la cual estaba sedienta de encontrar rápidamente a un posible responsable para «calmar las aguas» ante la presión mediática y social que había.
Quizá pueda entenderse que medios de comunicación y todo un país lo «crucificaran» por la rabia y coraje que despertó el cruel asesinato de Paola. Pero, ¿La autoridad y todo el sistema judicial pueden hacer lo mismo?
La primera en catalogarlo como un hombre «violento y agresivo» fue la Fiscal General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, al momento de hacer pública la detención en un video que parecía spot político. El discurso fue claro, era el único responsable.
Ah, por cierto, tanto la Fiscal como la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijeron que a Sergio lo localizaron y capturaron en Sonora, donde según se escondía. Todos fuimos testigos en redes sociales que el joven se entregó.
Y aquí vino lo bueno, el momento de ser presentado ante un juez de control para formularle imputación.
De ante mano sabemos que si el acusado o su familia no pueden pagar un abogado particular, el Estado le proporciona un defensor público para que lo represente legalmente ante las acusaciones que le hace el mismo Estado. Se lee irónico, pero así funciona esto.
A Sergio «N» le asignaron al abogado César Eduardo Carrasco Soberanes, quien antes de empezar la audiencia le preguntó el nombre a su representado. Claro indicio de que ni tiempo tuvo de leer la carpeta de investigación.
Pero bueno, Carrasco Soberanes hizo lo que la mayoría de los defensores de oficio hacen en una audiencia inicial: No objetar, no presentar evidencias y aconsejarle al imputado que no declare para que sus dichos no puedan ser utilizados en su contra. Hasta ahí todo iba con normalidad.
Lo extraño fue cuando la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso y el juez de control Salvador Avelar Armendáriz le dió a conocer al indiciado las opciones que tenía.
Uno, era ser vinculado a proceso ese mismo día; Dos, escoger 72 horas de plazo; Y tres, optar por las 144 horas que le permitan preparar una mejor defensa al presentar evidencias o al menos desechar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y tal vez lograr así una No Vinculación a Proceso que le dé la libertad.
En casos tan delicados como éste, la mayoría de las veces los defensores públicos sugieren escoger las 144 horas para que los acusados tengan tiempo de contratar un abogado particular o simplemente reúnan cualquier tipo de evidencia a su favor.
Pero lo que hizo César Eduardo Carrasco Soberanes con Sergio fue brutal, simplemente le aconsejó que aceptara ser vinculado a proceso ese mismo día. El imputado, sin tener idea de lo que ocurría, aceptó y quedó a merced del sistema judicial.
Si Sergio hubiera asistido solo al banquillo de los acusados para representarse él mismo, posiblemente daba más pelea a su causa.
(Aquí abajo dejamos la fotografía de La Guillotina Informativa en el que se aprecia el momento exacto en que el defensor aconseja a Sergio).
«La cereza del pastel»….y lo más grave ocurrió después.
Si usted cree que lo que hizo Carrasco Soberanes fue sorpresivo, lo del juez Salvador Avelar Armendáriz puede catalogarse incluso como una violación al derecho de presunción de inocencia.
Todavía podemos entender el hecho de que «Su Señoría» dejó de lado su labor de juez para dar un discurso en plena audiencia sobre lo sagrado que es una mujer en la sociedad con frases como: «Todos nacemos de una mujer», » A la mujer hay que enamorarla, no agredirla», etcétera.
Incluso coincidimos con él en que lo que se le hizo a Paola fue horrible, inhumano y no debe pasarle a ninguna mujer jamás en la vida porque es un ser vulnerable ante la fuerza física de un hombre.
Pero lo que sí causó bastante «ruido» en la cabeza rodante de «El Descabezado» fue cuando el juzgador le dijo directamente y a la cara al imputado: «Yo sí creo que usted es el presunto responsable de éste hecho y por eso lo vinculo a proceso».
Y todavía para terminar la audiencia remató al acusado con el siguiente discurso: «Sergio, le pido que reflexione…tal vez usted está detenido, pero tiene una bendición, usted todavía respira…y Paola no».
Aquí nada más faltó saltarnos todo el debido proceso para de una vez dictar sentencia condenatoria y, hasta ¿Por qué no?, imponerle una condena en número de años al indiciado.
En fin, lo que vimos éste sábado en la sala 6 del Centro de Justicia en Río Nuevo deja mucho qué pensar sobre el Sistema de Justicia que tenemos en Baja California.
Y es que en ésta ocasión pudimos ver que la balanza no estuvo equilibrada porque al acusado lo dejaron solo contra todo un aparato judicial y gubernamental ansioso por dar un resultado positivo a toda costa.
Como si se buscara dar una palmadita en la espalda a la sociedad después de lo ocurrido, después de ver cómo nuestro entorno se pudre y el crimen continúa por encima de la autoridad. Después de ver cómo las mujeres siguen siendo violentadas en Baja California sin que se les garantice seguridad y «BIENESTAR».
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