Mexicali. La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), para que investiguen de manera coordinada posibles violaciones a derechos humanos de menores internados en albergues y casas hogar operadas por el Sistema DIF estatal.
La legisladora señaló que la protección integral de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación ineludible del Estado mexicano, particularmente bajo el principio del interés superior de la niñez, por lo que las instituciones responsables de su resguardo deben garantizar espacios seguros, libres de violencia, abuso, negligencia y cualquier forma de vulneración a su integridad.
En el Punto de Acuerdo, señaló que recientemente se han difundido materiales audiovisuales, reportajes y testimonios relacionados con presuntas irregularidades al interior de albergues del DIF Baja California, donde se documentan posibles actos de violencia física entre menores, condiciones de hacinamiento, insalubridad y omisiones en los deberes de cuidado por parte del personal responsable.
Alejandrina Corral advirtió que la reiteración de denuncias y testimonios podría evidenciar patrones de violencia, negligencia u omisión que representarían una grave falla estructural en el sistema de protección institucional, por lo que consideró inadmisible cualquier conducta, ya sea por acción u omisión, que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado.
En ese sentido, se solicita a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, realizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales con perspectiva de niñez; a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecer las acciones de supervisión, protección y restitución de derechos de menores bajo resguardo institucional.
También plantea que la CEDH lleve a cabo una investigación integral con enfoque de derechos humanos y dé seguimiento puntual a las acciones implementadas.
Igualmente, que las autoridades involucradas informen al Congreso del Estado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre las acciones emprendidas para atender las denuncias, garantizar la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, niños y adolescentes internados en casas hogar del DIF y prevenir cualquier forma de maltrato o vulneración de derechos.
*Comunicado publicado por acuerdo publicitario
