MEXICALI.- El gobierno de Baja California, la Auditoría
Superior del Estado (ASE) e incluso la Fiscalía General del Estado (FGE), registran
nulo avance en las investigaciones por las denuncias presentadas por organismos
de la sociedad civil en 2018 y 2019, por las presuntas irregularidades
detectadas en la licitación de las dos plantas desaladoras durante el gobierno
de Francisco Vega de Lamadrid.
En 19 de noviembre de 2019, RADARBC con el apoyo de
Border Center For Journalists and Bloggers (BCJB), publicó el reportaje denominado “Las Aguas Negras de Kiko Vega en Baja California”, en donde se documentaron una serie de
irregularidades cometidas por la administración del exgobernador panista para
justificar la instalación de la planta desaladora “Aguas de Rosarito” en el
municipio de Playas de Rosarito y la “Desaladora Kenton” en San Quintín.
La investigación que fue retomada por medios nacionales,
ocasionó que un mes después, el 19 de diciembre, la organización Iniciativa Sinaloa presentara dos denuncias por las irregularidades expuestas en el
reportaje ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y en la Secretaría de la
Honestidad y Función Pública (SHFP).
Marlene León Fontes, representante de Iniciativa Sinaloa, acude a la Auditoría Superior del Estado de Baja California a presentar la denuncia. Foto // Iniciativa Sinaloa
Según el reporte compartido con RADARBC, Iniciativa
Sinaloa solicitó a ambas instancias iniciar investigaciones por las presuntas
faltas administrativas graves de cohecho, actuación bajo conflicto de interés y
las demás que se desprendan de la investigación.
Se denunció a quienes resulten responsables de haber
cometido las faltas administrativas establecidas en los artículos 52 y 58 de la
Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Baja California y que son
evidenciadas en la investigación.
Seis meses después, el 3 de julio de 2020, la Secretaría
de la Honestidad y Función Pública notificó que la denuncia se encuentra en
etapa de investigación para determinar si se cometieron o no las faltas
administrativas graves que fueron acusadas.
Cuatro meses después, el pasado 17 de noviembre, la
dependencia estatal notificó nuevamente que la denuncia continúa en etapa de
investigación, es decir, 11 meses después de haber sido presentada por
Iniciativa Sinaloa.
En el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el
avance es mejor, pues tras casi un año de haber presentado la denuncia, esta
instancia no ha emitido ningún tipo de aviso, ni notificación.
RADARBC solicitó vía transparencia a la Secretaría de la
Honestidad el número de denuncias presentadas ante esa dependencia por la licitación
y adjudicación de las plantas desaladoras, el estatus de las mismas y el número
de personas investigadas.
En la respuesta a la solicitud identificada bajo el folio
No. 01075120, la dependencia estatal confirmó que cuenta con una denuncia por
cada una de las plantas desaladoras y debido a que ambas permanecen en la etapa
de investigación, hasta ahora no se ha determinado un número de personas a
indagar.
Para el caso de la “Desaladora Kenton” la denuncia se
encuentra identificada bajo el folio número 201912201, la cual dio origen a la
investigación No. 370/Q/2019. En lo que
respecta a la desaladora “Aguas de Rosarito” la investigación se encuentra
identificada con el número INV/75/20.
La misma solicitud de información fue realizada ante la
Auditoría Superior del Estado (ASE), identificada bajo el número de folio 01075220.
En este caso la dependencia también confirmó que cuenta
con dos denuncias, mismas que se encuentran en análisis y donde actualmente se están
investigando tres personas
Fiscalía también muestra
rezago en indagatorias
Desde el 30 de octubre de 2018, integrantes de la
agrupación Artículo 39 ProBC, presentaron ante la entonces Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) una denuncia por los presuntos delitos de abuso
de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas, en
contra de 5 exfuncionarios del gabinete de Francisco Vega de Lamadrid.
Se trató del exsecretario general de gobierno, Francisco
Rueda Gómez, el exsecretario de desarrollo económico, Carlo Bonfante Olache, la
exoficial mayor, Loreto Quintero Quintero, el exsecretario de planeación y
finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez y el exsecretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales, todos involucrados en la licitación
de las plantas desaladoras.
El argumento de la organización, es que el Comité Estatal
de proyectos de Asociación Público Privada, en el que se encontraban los 5
exfuncionarios, autorizaron el proyecto de la planta desaladora en Playas de
Rosarito con información falsa, la cual fue enviada al Congreso del Estado.
La denuncia fue ampliada el 21 de enero del 2019 y en
esta ocasión de incluyó a los diputados y diputados que apoyaron los proyectos,
como es el caso de Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango Pérez, Carlos
Torres Torres, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Andrés de la
Rosa Anaya, Victoria Bentley Duarte, Irais Vázquez Aguiar, Eva María Vázquez
Hernández, Mónica Hernández Álvarez, Alfa Peñalosa Valdez, Rocío López Gorosave
y María Trinidad Vaca Chacón.
A dos años de haberse presentado la denuncia, Armando
Salinas Bravo, integrante de la agrupación Artículo 39 ProBC, comentó que hace
un mes se comunicaron con el agente del Ministerio Público que se encuentra a
cargo de la investigación en la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía
General del Estado, quien reconoció que apenas recibió el expediente de la
denuncia.
“La denuncia ahí está, pero siento que no le han dado la
atención debida, porque si la analizaran bien ellos van a detectar que la
información que se utilizó fue totalmente falseada y lo sabían las autoridades,
ellos tenían conocimiento de esa información”, indicó.
Armando Salinas Bravo mencionó que hasta ahora no conoce
el expediente de la investigación y aunque han llamado a comparecer a algunos
diputados, éstos no se han presentado.
“Yo siento que realmente le han dado nada más puro
tiempo, como que la tienen parcialmente estancada esta investigación”, expresó.
El activista consideró que independientemente de que el
gobierno del Estado haya cancelado el proyecto de la planta desaladora en
Playas de Rosarito, se debe investigar a quienes lo aprobaron, sin embargo no
les ha interesado el tema.
“Veo una especie de simulación del gobierno del Estado,
de que no ha querido avanzar con ellos, porque fácilmente se pudiera formular
la imputación y solicitar medidas cautelares”, manifestó.
Litigio millonario
para el Estado
Mientras las denuncias no avanzan, en julio el gobernador
del Estado Jaime Bonilla Valdez, anunció la cancelación del proyecto de la
planta desaladora “Aguas de Rosarito”, debido a que no era financieramente
viable para el Estado, pues representaría un costo mensual de 170 millones de
pesos.
Sin embargo, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y
Protección del Agua (SEPROA), Salomón Faz Apodaca, reconoció que analizan un
nuevo proyecto de desalación para la ciudad de Tijuana.
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Como era de esperarse la empresa Aguas de Rosarito, quien
obtuvo la licitación del proyecto, presentó el pasado mes de octubre una
demanda en contra del gobierno del Estado en la que exige el reembolso de 56
millones de dólares, luego de la cancelación del contrato, lo cual fue
confirmado por Bonilla Valdez.
Entre sus argumentos, el mandatario estatal afirmó que el contrato celebrado entre la empresa y
la pasada administración fue leonino e irresponsable, que estaba garantizando
ganancias para los socios y pérdidas para los demás.
Aunque en agosto
el titular de la SEPROA, Salomón Faz Apodaca, reconoció que también revisarían
el contrato de la “Desaladora Kenton”, hasta ahora no ha sido cancelado e
incluso el gobernador del Estado anunció que formaría parte del proyecto del Sistema
Integral Hídrico de San Quintín dado a conocer ese mismo mes de agosto.
En resumen, las tres denuncias que actualmente existen;
ante diferentes dependencias, por la autorización, licitación y adjudicación de
las dos plantas desaladoras se encuentran prácticamente rezagadas y ninguno de
los involucrados ha sido llamado o ha tenido algún tipo de repercusión.
Reportero mexicalense.
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