MEXICALI. – Al menos 28 pacientes terminales que son tratados con medicina cannábica, no fueron apoyados por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, pese a contar con un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que ordena a la secretaría de salud de Baja California su atención inmediata.
Este martes, durante la Comisión de Salud en el Congreso de Baja California, representantes de la Fundación Loto Rojo explicaron el litigio. Señalaron que desde junio del 2019 la SCJN ordenó al Gobierno del Estado acatar la resolución.
Emanuel Farias, consejero legal de la organización, detalló que no existe un reglamento que regule el uso medicinal de la cannabis. Por ello, presentaron un recurso con el propósito de garantizar su derecho a la salud y recibir este tipo de tratamiento.
“Durante la administración pasada no tuvimos una gran respuesta, sobre todo una actitud de un cumplimiento voluntario; incluso hubo algunas acciones dilatorias”, expresó.
Víctor Humberto Rocha, director de Investigación Fundación Loto Rojo, comentó que llevan cinco años realizando investigaciones sobre el tema. Dijo que actualmente son 28 los pacientes que forman parte del amparo, pero cuentan con más de tres mil pacientes en esta condición.
Entre los padecimientos que han tratado se encuentra la esclerosis múltiple, cáncer, parkinson e incluso menores con autismo.
“Tenemos documentado una recuperación cognitiva de más del 60 por ciento de estos menores, con el uso solamente de productos naturales”, detalló.
Mencionó que el amparo otorgado ordena a la Secretaría de Salud a comprar, distribuir y entregar este tipo de tratamiento.
Secretaría de Salud imposibilitada para otorgar tratamiento cannábico
Al respecto, el secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, explicó que la orden de la SCJN no ha sido acatada debido a que no cuentan con esa facultad. Comentó que el uso de la cannabis no esta regulado, por lo tanto no se encuentra en el cuadro básico de salud.
“Nosotros no tenemos manera directa de proporcionarles el medicamento”, expresó.
Agregó que importar la cannabis desde el extranjero también representa un problema, ya que intervienen muchas dependencias federales.
“Es todo un proceso que se debe seguir para que se pueda importar y que lo pueda regular la Cofepris”, puntualizó.
Medina Amarillas se comprometió a buscar la forma para que estas personas puedan seguir su tratamiento libremente en Baja California. Y es que al no estar regulada, la portación de la cannabis es ilegal en este país.
Ante el argumento del Secretario de Salud, Emanuel Farias aclaró que la resolución de la SCJN obliga a la dependencia a conseguir el medicamento. Dijo que, aunque han recibido atención médica, algunos médicos se niegan a proporcionar este tratamiento por el temor a consecuencias legales.
“Dejan a criterio el uso terapéutico de cannabis a los médicos responsables”, señaló.
Alejandra Arreola, madre de una menor paciente, recordó que de vio en la necesidad de presentar una denuncia en contra del exsecretario de salud Alonso Óscar Pérez Rico, por incumplir con el mandato de la corte y ocultar información.
Mencionó que cuando estaba en el cargo utilizó las mañaneras del gobernador para denostarla y minimizar la demanda.
Luego de aproximadamente una hora y media de diálogo, ambas partes acordaron estudiar los casos y buscar la forma de otorgar el tratamiento cannábico.
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