MEXICALI.- Debido a los cobros irregulares por derechos
de agua realizados por la empresa FISAMEX y la presión ejercida por el Gobierno
del Estado, al menos 450 empresas se encuentran en la posibilidad de presentar
denuncias penales en contra de la empresa privada, lo que obligará al Ejecutivo
Estatal a devolver los recursos recaudados, así lo dio a conocer el abogado
fiscalista, Adolfo Solís.
En rueda de prensa el Comité Técnico de los Consejos
Coordinadores Empresariales (CEE) en Baja California, hicieron un
posicionamiento para manifestar su rechazó a los cobros indebidos que desde el
año pasado realiza la empresa contratada por el Ejecutivo Estatal.
Sergio Guevara, vicepresidente del CCE en Ensenada
denunció que algunos de los cobros se están haciendo por derechos que no se
prestan y lo peor es que se están inflando los costos, ya que la empresa
particular se lleva el 20 por ciento de lo recaudado.
“Con la complicidad de los organismos estatales del agua
coercionan(sic) a las empresas amenazándoles con cortar y cumpliéndoles con
cortarles los servicios de agua y de drenaje”, indicó.
Por su parte, el presidente del CCE en Mexicali, Rodrigo
Llantada Ávila, manifestó que no se encuentran en contra de cumplir con el pago
de derechos, sin embargo, no existe certeza en la forma de cobrar y se
desconocen las reglas para hacer estos cobros.
De igual forma, Gabriel Camarena, presidente del comité
técnico del CCE en Baja California, expresó que muchas empresas se han visto
afectadas debido a estos cobros, por ello, han solicitado que los cobros se
hagan apegados a la ley y que permitan la defensa de los particulares.
Al respecto, el abogado fiscalista Adolfo Solís, detalló
que los cobros de FISAMEX se están haciendo fuera de la ley, ya que los
mecanismos utilizados para realizarlos no se encuentran contemplados en la
legislación.
“En ninguna parte de la ley que reglamenta el servicio de
agua potable en Baja California establece un mecanismo como el que se ha hecho;
quitar los medidores, tapar del drenaje, amenazar, acusar, obligar, ni siquiera
la Secretaría de la Función Pública tiene esa función y eso se hará valer en
los tribunales”, expresó.
Agregó que el mecanismo de cobranza utilizado por FISAMEX
se le puede denominar concusión, y se trata de un delito que ocurre cuando un funcionario
público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución,
o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.
Adolfo Solís detalló que se han promovido pocas acciones
penales debido a que hay represalias del Gobierno Estatal en contra de las
empresas que se han quejado o han presentado amparos. Dijo que utilizan a la
COEPRIS y la Secretaría del Trabajo para inspeccionarlos y sancionarlos, a
menos que se desistan de sus amparos.
“Hay 450 empresas al menos, que han sido objeto o víctimas
de este mecanismo ilegal, que van a presentar las denuncias en los plazos
correspondientes”, manifestó.
Por último manifestó que dichas quejas y amparos en
contra de los cobros de FISAMEX seguramente serán invalidados por los
tribunales, por lo que el Estado se verá obligado a devolver todos los
recursos, incluyendo intereses, lo que hasta ahora representaría hasta 3 mil
millones de pesos.
Reportero mexicalense.
Me gusta el periodismo de datos y la investigación.
Me alimento de café, buenas pláticas y consejos.
