A través de la Consejería Jurídica, la gobernadora Marina del Pilar Avila impugnó la ampliación del plazo para la verificación de requisitos del plebiscito contra la privatización del bulevar 2000.
Mexicali. Aunque la solicitud de plebiscito en contra de la privatización del bulevar 2000 en Tijuana fue declarada intrascendente, la gobernadora de Estado Marina del Pilar Avila Olmeda intentó frenar este proceso impugnando la ampliación del plazo otorgado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para la verificación de requisitos.
Este jueves el pleno del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) sometió a discusión el recurso de inconformidad RI-85/2025 presentado por la gobernadora del Estado con la intención de controvertir el Acuerdo IEEBC/CGE107/2025 del Consejo General aprobado el 25 de junio.
En este Acuerdo, el organismo electoral otorgó un plazo de 12 días hábiles adicionales a la fecha 26 de junio de 2025, con el objetivo de atender de manera adecuada y exhaustiva las actividades restantes de la solicitud del plebiscito.
Sin embargo, el pasado 14 de julio, Julio Cesar Díaz Meza, en su carácter de subconsejero Jurídico de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en nombre y representación de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, presentó el recurso de inconformidad ante el TJEBC.
El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Jaime Vargas Flores confirmó el Acuerdo del Consejo General del IEEBC, al considerar que los agravios presentados por la consejería jurídica son infundados.
El principal argumento del Gobierno del Estado fue que operaba la caducidad en el proceso de plebiscito, por lo tanto, no se podía otorgar una ampliación del plazo, lo que el magistrado Vargas Flores calificó como erróneo, ya que esa figura no se encuentra prevista en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California.
También se estima que la ampliación del plazo otorgada por el Consejo General fue justificada, mientras que la consejería jurídica no combatió esas razones.
Finalmente, el proyecto del magistrado Jaime Vargas Flores fue aprobado por unanimidad, aunque el pasado 8 de agosto el Consejo General del IEEBC determinó como intranscendente e improcedente la solicitud de plebiscito realizada por el ciudadano Juan José Orozco Rodríguez.
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