La gobernadora Marina del Pilar Avila recordó que el contrato firmado para la construcción de la planta fotovoltaica puso en riesgo las finanzas del Estado, por ello ya se han vinculado a proceso a otras nueve personas.
Mexicali. La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, negó que la vinculación a proceso en contra del exgobernador Jaime “N” por la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali tenga un trasfondo político, ya que existen otros nueve exfuncionarios en la misma situación.
La mañana de este martes, el exgobernador de Baja California, Jaime “N” fue vinculado a proceso por los delitos de Abuso de Autoridad, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, y Peculado, lo que según el político se debe a una persecución del Gobierno del Estado en su contra.
Cuestionada al respecto, la gobernadora del Estado negó que exista un trasfondo político, ya que solamente buscan proteger las finanzas de la Entidad.
“El podrá decir lo que él considere para su defensa, es un proceso, si hubiera tintes políticos hubiéramos actuado de otra manera, no lo hemos hecho”, expresó la mandataria estatal.
Avila Olmeda recordó que el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de la planta fotovoltaica puso en riesgo las finanzas del Estado, por ello ya se habían vinculado a proceso a otras nueve personas.
Agregó que Jaime “N” contaba con fuero y en al menos en 13 ocasiones fue diferida su audiencia, por lo que este proceso se ha extendido.
“No hay ningún tema político, simplemente es una defensa que se está haciendo de los recursos públicos del Estado, donde no es el único vinculado a proceso y el podrá llevar su proceso en libertad…. Ahora se rasgan las vestiduras y dicen que es un tema político”, indicó.
Declaraciones de Jaime «N» son ofensivas
Por su parte, Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Gobierno del Estado, explicó que la pasada administración firmó un contrato plurianual para la construcción de una planta fotovoltaica, lo que demuestra que si existía la intención de hacerlo.
“Como abogados entendemos que podemos establecer estrategias jurídicas, pero la realidad es que ese tipo de declaraciones no solo no son creíbles, son ofensivas para la inteligencia de los bajacalifornianos”, puntualizó.
Detalló que en su momento la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle García, envió un oficio al exgobernador en donde explicaba que la generación de energía era un tema de competencia federal.
Pon Méndez comentó que, de no haber combatido el contrato, el Gobierno del Estado ya hubiera pagado más de 6 mil millones de pesos.
Finalmente, mencionó que la banca con la que se firmó el fideicomiso estaba cobrando al Estado 3 mil 758 millones de pesos por dos constancias de inversión relacionadas con la construcción de la planta fotovoltaica, pese a que no existe ningún avance, lo cual pudieron combatir en un juzgado de distrito.
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