TIJUANA. – El titular de la Secretaría Para el Manejo, Saneamiento
y Protección del Agua (SEPROA) en Baja California, Luis Salomón Faz Apodaca,
justificó el adeudo de 163 millones a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), argumentando que se trata de un cobro realizado de forma indebida por el
organismo federal.
A través de un comunicado, la CFE dio a conocer la
suspensión del servicio de energía eléctrica a la Comisión Estatal del Agua
(CEA), que opera el Acueducto Río Colorado-Tijuana, debido al incumplimiento de
pago, lo que pone en riesgo el suministro de agua potable a la zona costa del Estado.
Nota relacionada: Suspende CFE suministro de energía a la Comisión Estatal del Agua
Tras darse a conocer la noticia, el también
director de la CEA emitió un comunicado en el que reconoció que se vieron
obligados a suspender las operaciones de bombeo de agua a la zona costa
a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT), lo que afecta a los
municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Ensenada.
Detalló que si bien el adeudo asciende a 163 millones 193
mil 181 pesos, se trata de cobros indebidos derivado de un cargo por potencia,
improcedencia avalada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien emite
un dictamen donde declara infundado el cobro de 166 millones de pesos hecho por
la CFE a CEA.
“A pesar de las múltiples gestiones hechas por la
Comisión Estatal del Agua ante CFE para el reintegro de los 166 millones de
pesos indebidamente cobrados por CFE, no se ha tenido respuesta”, explica el
comunicado.
Faz Apodaca expresó su extrañamiento ante la decisión de
la CFE, ya que afecta a dos y medio millones de personas que residen en la zona
costa de Baja California.
“Es importante destacar que la Presa El Carrizo mantiene
una reserva de al menos 40 días de consumo de Agua de la Zona Costa por lo que,
aunque iniciaremos las gestiones de la reconexión del servicio, la población no
debe de preocuparse por desabastecimiento del vital líquido”, agregó.
Por último, exhortó a las autoridades de CFE para que
agoten las opciones viables para la resolución de este tema, y evitar las
decisiones drásticas, unilaterales y precipitadas que afectan la vida y los
derechos humanos básicos de los bajacalifornianos.
