Mexicali. El taxista de nombre Rafael Robles Robles denunció a dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM) luego de que lo detuvieran, le quitaron su vehículo de trabajo, y pertenencias, y turnaran a la Fiscalía General del Estado (FGE) por transportar a migrantes mexicanos.
Comentó que tuvo que pagar, con dinero prestado, una fianza de 5 mil pesos y que hasta el momento no se le han devuelto su cartera ni su vehículo, las cuales no le han informado de su paradero.
Rafael Robles narró que el pasado 23 de septiembre personas del sur del país lo contrataron a él y a un colega para transportarlos al ejido Mérida, en el Valle de Mexicali, sin embargo, a la altura del ejido Villa Zapata, fueron detenidos por las unidades 1068 y 1097, quienes lo esposaron y le señalaron que estaba transportando «pollos», por lo que retuvieron sus pertenencias y lo remitieron la FGE.
Señaló que los agentes les pidieron a las personas que transportaban 10 mil dólares para dejar en libertad a él y a su colega, a lo que se negaron. No obstante, mencionó que cuando fue ingresado a la FGE una de las personas a las que transportaba le comentó que los oficiales les quitaron 4 mil pesos a cada uno.
«Nosotros como servidores públicos no estamos autorizados, ni somos policías para pedirles a los ciudadanos a que se dedican, de dónde vienen, quiénes son, únicamente nosotros estamos obligados a brindarles un servicio a todos», manifestó Rafael Robles.
Expresó que luego de 40 años de servicio nunca había pasado por una situación similar, por lo que presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal y ante la Fiscalía en contra de los policías que lo detuvieron, de quienes prefirió omitir los nombres.
Aseguró que desde su detención otros colegas han sido detenidos por cuestiones similares.
En días previos a su salida, el ex titular de la Policía Municipal, Alejandro Lora Torres, comentó que ya había tenido reuniones con el gremio de taxista luego de la detención de Rafael y señaló que los taxistas están siendo coaccionados por bandas que se dedican al tráfico de personas, reiterando que el problema no es con los taxistas, sino con quienes utilizan esos servicios para fines ilícitos.
