<<La historia nos juzgará>>, dijo en tono de no estén
chingando el entonces gobernador de Baja California, Francisco «Kiko»
Vega. La pregunta que molestó al político-empresario tenía que ver con el
compromiso de pago o deuda más grande que promovía su gestión: una asociación
público-privada (APP) licitada a Aguas de Rosarito –paragüas creado por Milton
Rubio Díaz–, la sociedad anónima promotora de inversión de capitales variables
(S.A.P.I. de C.V.) que representó, nada más de 2017 a 2018 y para este
proyecto, a las multinacionales NSC Agua, Nu Water, Degremont, Consolidated
Water Co. Ltd., Suez, Greenfield SPV VII y BlackRock Inc.
Se suponía que el proyecto iba a ser la desaladora más grande de América
Latina, a construirse en Rosarito y con un costo de casi 80 mil millones de pesos
para construirla y para su gestión. A esta suma, no obstante, había que
añadirle la cantidad que generarían los intereses acumulados en los 37 años que
tardaría el gobierno de Baja California en pagar la obra.
De todas las APP que promovió la administración de Francisco
«Kiko» Vega, último gobernador panista de los 30 años que gobernó el
PAN en Baja California, la desaladora de Rosarito —como se le llegó a
conocer— era la joya de la corona. Los poderes Ejecutivo y Legislativo
estaban que se les quemaban las manos y los dedos por firmar el dictamen 95:
versión corregida del decreto 57, un documento que ya habían aprobado meses
atrás y que marcaba la decisión de los diputados (de mayoría panista) por
aprobar todo lo que mandara el gobernador Fancisco Vega por medio de Francisco
Rueda, su secretario de gobierno.
El compromiso financiero que pretendían aprobar garantizaba como
«fuente alterna de pago» el impuesto sobre nómina del estado
«y/o que se eche mano de cualquier otro ingreso —como escribió La
Jornada—, incluyendo remanentes de participaciones federales». La nueva
deuda contenida en el dictamen 95, como todas las otras deudas estatales, la
terminaríamos pagando nosotrxs, quienes pagamos impuestos.
Por otro lado, la justificación que ofrecía la clase política para la
desaladora, así como la de los empresarios, achichincles, allegados y
vendepatrias, fue la de afirmar que dicha planta produciría tanta agua para la
zona costa de Baja California que hasta producirían excedentes. Así, para que no
dejara de haber abundancia, el gobierno del estado se comprometería a comprar
toda el agua producida por la desaladora y la distribuirla enseguida con la
infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT).
Sería un negocio redondo para los cínicos que estuvieran metidos en él,
pues, en primer lugar, quienes pagarían la construcción y gestión de la
desaladora sería la ciudadanía de Baja California entera y, lo que es más
miserable por parte de nuestros supuestos representantes: todavía les venderían
a los usuarios de la CESPT, residentes de la zona costa, el agua a precio de
mercado.
Por estas y otras razones, los grupos de resistencia que surgieron en
enero de 2017 en Mexicali, enfocados principalmente a la defensa del agua y
contra la cervecera Constellation Brands, aunque no únicamente (como Mexicali
Resiste), junto con otros colectivos y organizaciones del estado, lograron
impedir sesionar a los miembros del congreso del estado una y otra vez sin
importar dónde se encontraran para que no nos despojaran de nuestro futuro y el
de nuestras familias.
Autor Txus
El autor es sociólogo y filósofo por Pitzer
College
Twitter: @el_tux
