Por Eneida Sánchez Zambrano
¿Derechos humanos para qué?
Primero que nada, es
importante recordar que nos encontramos en una pandemia por COVID-19. Si bien
llevamos más de un año en emergencia sanitaria, y hoy la mayoría de los estados
desarrollan sus actividades en semáforo naranja o amarillo, que la vacunación
avanza lenta, pero eso no nos inmuniza.
Aunque los esquemas de coordinación
en materia de acciones y restricción de derechos fueron diversos, el gobierno
federal logró colocar la semaforización como un tema determinante para el
cuidado como sociedad.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud Federal: El rojo significa no salgas si no es estrictamente necesario;
naranja si puedes quédate en casa; el amarillo hay más actividades, pero con
precaución; y verde se puede salir con precaución y prevención.
Cómo podemos comprenderlo, todavía
no estamos libres del virus. Por ende, de contagios. Y debemos seguir en esta
nueva normalidad tomando las medidas necesarias para reducirlos y más aún si
vivimos un proceso electoral. En este contexto, las campanas que se encuentran
a la vuelta de la esquina.
Este 2021 se desarrollarán
las elecciones más grandes del país, y Baja California se encuentra en este
concierto, donde renovará el Congreso del Estado, elegirá ocho diputaciones,
cinco alcaldías y la Gobernatura. En pocas palabras los mexicanos elegiremos 3 mil 412 cargos de elección de los 4
mil 033 disponibles. A través del sufragio, la ciudadanía elegirá a 15
Gobernaturas, 1923 presidencias municipales, 2042 sindicaturas, 14219 regidurías,
300 diputaciones federales y 1063 diputaciones locales.
El año pasado en Coahuila e
Hidalgo se organizaron las primeras dos elecciones del país en contexto de
pandemia. Hubo todo un esquema de operación, sumo cuidado por parte de las
autoridades electoral, y en algunos pocos partidos políticos para la actuación
en sus compañas. Los eventos multitudinarios se quedaron atrás. Basaron su
actuar en el protocolo general del INE y los nueve protocolos del Instituto
Estatal Electoral de Coahuila.
En el caso del Instituto
Nacional Electoral, en su mapa de ruta y estrategia ha tenido el contexto de
pandemia. En abril suspendió las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila
haciendo una ponderación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA). En este caso el derecho a la salud, y los Derechos Civiles
y Políticos, particularmente el derecho al voto.
La lección debería haber sido
aprendida por los actores políticos, instituciones públicas, empresas, sociedad
civil y, en este, caso partidos políticos. Es importante que den el ejemplo que
su comportamiento público en contexto de pandemia y en proceso electoral habla
mucho de su responsabilidad social.
Aún cuando el Consejo
Estatal Electoral del Estado de Baja California no ha emitido lineamientos
propios, es importante que los partidos políticos se rijan por el Protocolo
General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud para el desarrollo de
las sesiones, distintas a la de cómputos, de los Consejos Distritales del
Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021,
ante la pandemia por el COVID-19 que establece como medidas preventivas el
mantener una sana distancia de un metro y media, sin aglomeraciones y el uso
obligatorio del cubrebocas.
Este fin de semana en Baja
California fue el registro de dos candidatas a la Gobernatura de la entidad,
Lupita Jones de la coalición entre PAN, PRD y PRI, y la candidata de Morena,
PT, PVEM, Marina Del Pilar además del aspirante a candidato a Gobernador del
Partido de Baja California (PBC), Carlos Atilano y este lunes el aspirante a
candidato a Gobernador del Partido Encuentro Solidario (PES)
Fue una lástima observar que,
en el equipo, sus seguidores y la propia abanderada de Morena no observaron las
reglas establecidas en materia de prevención sanitaria en pleno contexto
electoral, al igual que el abanderado del PES donde intentaron guardar la sana
distancia en su registro ante la autoridad electoral, pero no así en los
espacios para la prensa.
La pandemia obliga a tener
nuevas normas de convivencia, de comprar, saludar, estudiar, tener reuniones
familiares, trabajar, así como de la manera la forma de hacer política y campañas,
las cuales deben transformarse a acciones mucho más de impacto, pero también
responsables. Esto por dos razones: por un lado, evitar contagios, garantizar
el derecho a la salud, la participación política y, por otro lado, garantizar
el derecho al voto y la participación ciudadana.
Debe haber un compromiso y
un acuerdo de todos los partidos políticos y autoridades electorales para desarrollar
una campana cívica y socialmente responsable. Si no es así, entonces estamos
hablando que el electorado simpatizante o no, no tiene el respeto que se merece
como ciudadano.
Eneida Sánchez Zambrano es
nómada por convicción. Emprendedora en el impulso de proyectos de consumo
local. Y promotora de la ciudadanía activa para la construcción de comunidad.
Actualmente estudia la Maestría de Derechos Humanos con Perspectiva Internacional
y Comparada en la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la
Universidad Autónoma de Coahuila. Es
consultora en comunicación política, participación ciudadana, asuntos
legislativos y derechos políticos de las mujeres. Este espacio refleja una visión personal de
quién la redacta la columna.
