Desde que inicio la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora de Baja California, uno de sus principales objetivos ha sido desmarcarse por completo de la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Aunque pertenecen al mismo partido, se apoyaron durante la campaña e incluso comparten funcionarios, Ávila Olmeda ha hecho todo lo posible por diferenciarse de Bonilla Valdez.
Al asumir la gubernatura, una de sus primeras tareas fue reconciliarse con el sector empresarial, el cual fue sumamente golpeado por la pasada administración.
La mandataria ha corregido muchas de las irregularidades cometidas por Jaime Bonilla y sus funcionarios en contra de los empresarios. Incluso, en su gabinete existen personajes con mucha trayectoria en el sector privado durante gobiernos panistas.
Sin embargo, hay hechos que, por desconocimiento o desinterés, la gobernadora no ha corregido.
Uno de ellos, fue la eliminación de los empresarios de los consejos de administración de los organismos operadores del agua. La propuesta fue realizada por el gobierno de Jaime Bonilla y avalada por el Congreso del Estado en noviembre del 2020.
La reforma redujo el número de integrantes en los consejos de administración y excluyó a los organismos empresariales. Lo anterior ocasionó una serie de críticas del sector privado, al considerar que se trataba de un acto de autoritarismo, censura y opacidad.
En Mexicali, la Canacintra y la Canaco contaban con un lugar en estos consejos y su participación se reducía a emitir su opinión sobre los temas que se trataban. Es decir, tenían voz, pero no voto.
Desde entonces, los consejos de administración de los organismos operadores del agua están conformados en su mayoría por funcionarios de gobierno. En consecuencia, no existe representación de los ciudadanos y por consiguiente, poco se sabe de lo aprobado al interior.
Marina del Pilar se mantiene al margen
La llegada de Marina del Pilar Ávila Olmeda al Gobierno del Estado reavivó la esperanza de los empresarios, quienes pensaban que se daría marcha atrás a la reforma impulsada por Bonilla Valdez.
Sin embargo, a ocho meses de iniciada la administración, la gobernadora ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Incluso “ascendió” a secretario al titular de la CESPM, quien prácticamente operó, bajo las órdenes de Bonilla, los cobros irregulares a los empresarios.
Pese al cambio de administración y de discurso, José Armando Fernández Samaniego continuó realizando cobros excesivos e injustificados en la CESPM. Sin mencionar que existe poca, por no decir nula, información de las inversiones que realiza la paraestatal.
Hasta el momento, se desconoce si la gobernadora buscará modificar nuevamente la ley e incrementar la participación ciudadana en estos organismos. Mientras tanto, siguen operando en medio de la opacidad e incluso se ha dado a conocer que continúan realizando cobros irregulares.
Si Marina del Pilar en realidad busca combatir la corrupción debería iniciar con estos organismos que por años han sido las “cajas chicas” de los gobiernos, incluyendo el de Jaime Bonilla.
Uno de los primeros pasos es fortalecerlos y ciudadanizarlos, pero insisto, solo si realmente desea combatir la corrupción. De lo contrario, no tiene que hacer nada.
*El autor de esta columna es cofundador de la Agencia Informativa RadarBC
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